El Tribunal Supremo cambia las normas de la Agencia Tributaria: la Inspección de Hacienda tendrá que informar desde el primer momento de todos los pasos cuando inicie un procedimiento

La Agencia Tributaria tendrá que adaptarse a las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, que establecen nuevas obligaciones para las actuaciones de la Inspección de Hacienda. A partir de ahora, la Administración deberá modificar la forma en la que se comunica con los contribuyentes que tienen procedimientos abiertos, ajustándose a los criterios fijados por la Justicia.

Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo han reforzado las garantías de los contribuyentes. El objetivo que persiguen estas resoluciones es garantizar que cualquier actuación se desarrolle respetando los principios de defensa, seguridad jurídica y transparencia reconocidos tanto en la Constitución como en la Ley General Tributaria.

Pese a esto, no se limitará la capacidad de la Administración para investigar posibles irregularidades fiscales.

Los contribuyentes ganan derechos y estarán más informados

La normativa ya reconoce el derecho de los contribuyentes a conocer la naturaleza y el alcance de una inspección cuando comienza un procedimiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo insiste en que esa información debe ser completa y suficiente para que la persona inspeccionada pueda ejercer correctamente su derecho de defensa.

Esto significa que el contribuyente debe conocer desde el inicio aspectos esenciales como qué impuestos están siendo revisados, qué ejercicios fiscales forman parte de la inspección o si las actuaciones tienen carácter parcial o general.

Tener esta información permite preparar la documentación necesaria, solicitar asesoramiento especializado y presentar alegaciones con conocimiento de causa.

Este cambio también afecta a las inspecciones presenciales en locales, oficinas o establecimientos. La Agencia Tributaria podrá solicitar la autorización para acceder a un inmueble mediante el consentimiento del titular, este consentimiento solo será válido si el afectado ha sido informado previamente de que tiene derecho a negarse.

Si esa advertencia no existe o no queda debidamente reflejada, las pruebas obtenidas durante el registro podrían perder su validez jurídica.

Más control sobre los procedimientos

La duración de las inspecciones también se verá afectada. El Supremo también obliga a la Administración a comunicar cuando un procedimiento haya caducado antes de iniciar otro sobre los mismos hechos. Con ello se evita que se encadenen inspecciones sin informar correctamente al contribuyente y se refuerza el control sobre los plazos legales que debe respetar Hacienda.

Estas decisiones judiciales buscan equilibrar la relación entre la Administración y el contribuyente, reforzando el derecho a conocer cómo se desarrolla una inspección y garantizando que cualquier actuación tributaria respete plenamente las garantías legales previstas en el ordenamiento jurídico español.