Madrid deja manca la tramitación de ayudas para descarbonizar las Islas
El operativo puesto en marcha en Canarias para distribuir las subvenciones europeas se ha desmantelado antes de pagar a los promotores y cerrar los expedientes

Punto de recarga de vehículos eléctrico.s / ANDRÉS CRUZ

La distribución de los fondos Next Generation (NGEU) europeos para la descarbonización de las Islas amenaza con entrar en los libros de Historia como el más claro ejemplo de atropello protagonizado por la máquina burocrática. El esfuerzo realizado por decenas de trabajadores para lograr tramitar contra reloj más de 20.000 expedientes puede irse ahora por el sumidero. Muchos de ellos están ya en sus casas tras desmantelarse buena parte del operativo mientras Canarias continúa mirando al Madrid en busca del oxígeno que la UE sí da al Gobierno de España.
La tramitación administrativa de las ayudas está finalizada, pero no ocurre lo mismo con las justificaciones de los proyectos. Menos aún con el pago de las subvenciones a los beneficiarios. No hay manos suficientes para llevar a cabo esa labor. El 31 de agosto expira el plazo que tiene la Administración canaria para remitir a la estatal toda la documentación.
Desmantelamiento
Parte del personal contratado para lograr llegar a tiempo ya no está en esas funciones. Las Oficinas de Energía de Canarias puestas en marcha por la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias han cerrado, porque se financiaban con los fondos que llegaron a través de la Estrategia de Energía Sostenible, la misma que ahora se acaba.
De tal modo, que solo queda la empresa pública Gestur –entidad colaboradora– abordando el reto. Con toda la maquinaria trabajando al máximo de su capacidad no llegará a tiempo. Y, llegado el último día de este mes, también se extinguirá el convenio que la mantiene en esta labor.
Pocos y en agosto
En ese momento quedarán disponibles solamente los recursos habituales de la Administración autonómica, insuficientes no ya para conseguir un resultado relevante en las próximas tres semana, sino incluso, ironizan fuentes del Ejecutivo canario, para concluir el trabajo «en agosto del año que viene». Y todo ello sin apartar la vista de que en el octavo mes del año, el sector público –tampoco el privado– no tiene a todos sus efectivos al pie del cañón.
Para entender la pérdida que supone el cierre de las Oficinas de Energía, basta recordar uno de sus logros: 8.035 vehículos y 3.055 puntos de recarga eléctricos prejustificados dentro del Plan Moves III, según datos de la consejería. A estos expedientes se suman otros miles para el autoconsumo energético en hogares y empresas de todo el Archipiélago.
Hitos cumplidos
La Estrategia de Energía Sostenible para Baleares y Canarias –incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR)– obligaba a instalar 128 megavatios renovables entre los dos archipiélagos y se han sumado 143; a las Islas les tocaba aportar un mínimo de 85 megavatios. Además, había que promover al menos 430 actuaciones y se han alcanzado 486; las 287 marcadas para el Archipiélago se han superado con amplitud hasta llegar a las 313.
Esos hitos –el 119 y el 120– incluidos en el PRTR se han cumplido y recientemente, tras una reunión en Bruselas con las autoridades europeas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró haber recibido la felicitación por la gestión de estos fondos que la UE destinó a los países cuyas economías sufrieron con mayor intensidad el impacto de la pandemia. y añadió que España no tenía que devolver ni un solo euro, así se lo dijeron a él, por haber cumplido los hitos marcados.
Unos sí, otros no
El país cumple los compromisos exigidos y se queda todos los fondos, pero pone fecha a las comunidades autónomas; si no llegan a tiempo, tienen que retornar a las arcas del Estado todo el dinero que no esté justificado, es decir, el otorgado a actuaciones que no están terminadas. Y con la obligación –UE mediante– de reasignar ese dinero a iniciativas similares.
¿Dónde irán a parar las decenas de millones que se han quedado pendientes en Canarias? Esa es la pregunta que hacían las dos patronales canarias en pasadas semanas. ¿Se quedarán en las Islas para incrementar su tasa de descarbonización o podrá destinarlos Madrid a la comunidad autónoma que prefiera? Para no tener que devolver ninguna cantidad, Canarias solicita sin éxito desde hace meses al Gobierno central una prórroga.
A la calle antes de tiempo
Pero más allá de eso, es que la no existencia de un plazo mayor se lleva por delante hasta lo que ya está concluido, al acabar con los puestos de trabajo y el esfuerzo realizado por aquellos a quienes se contrató para precisamente poder sacar adelante una gestión milmillonaria en tiempo récord.
Y aquí llega un nuevo capítulo en dos entregas. La primera se escribe con susurros, los que en los pasillos recibe el Gobierno de Canarias en torno a una ampliación de plazo que llevaría más allá del 31 de agosto la fecha de entrega de toda la documentación, pagos incluidos, a Madrid. «Te lo dicen pero no está escrito en ningún sitio», afirman fuentes del Ejecutivo.
Adenda oculta
La segunda es la aprobación en el Consejo de Ministros del 28 de julio de «la Adenda de Cierre al Plan de Recuperación para culminar su ejecución con máximas garantías y afianzar su legado transformador». Una adaptación del PRTR para sacar del embrollo a las comunidades autónomas, porque el problema no es solo de Canarias; Cataluña está aún más afectada.
Esa adenda tiene entre sus objetivos «reducir cargas administrativas» para aportar «mayor seguridad jurídica». Pero nadie conoce el contenido exacto. «La falta de transparencia es total», lamenta el responsable del proyecto de comunidad energética de El Goro, Lorenzo Muñoz. Mientras, el escaso tiempo se consume. n
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