Garantizarse la construcción de más camas motivó que las empresas acepten la rebaja cienmillonaria por la moratoria

Mantener activa la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos hoteleros convenció a los empresarios del sector a admitir una quita superior al 50% de la deuda que, vía sentencias judiciales, mantenía con ellos la Administración autonómica por la moratoria turística. No haber llegado a un acuerdo habría supuesto que el TSJC instara el cumplimiento de sus decisiones, que incluye convertir en rústicas las parcelas con las que las compañías pretenden ampliar su presencia en el mercado alojativo.

Con la prudencia que otorga la obligación de pagar cerca de 500 millones de euros en indemnizaciones al sector privado, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, da por «positiva» una negociación que se ha desarrollado durante más de dos años. Admite el calificativo partiendo de los «cerca de 1.000 millones de euros más intereses» que sumaban las resoluciones condenatorias del TSJC.

La negociación

Lo que no es sencillo de entender a simple vista es por qué las empresas –Lopesan, sobre todo, Seaside Hotels (familia Gerlach) o Satocan, entre otras– admitieron dejar de percibir una parte tan importante de las sumas que les correspondían. La clave está en que, a cambio, han logrado sortear la parte de las decisiones judiciales que trunca sus planes de inversión.

Las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2001 –bajo la presidencia de Román Rodríguez– echaron el freno a la ampliación de la planta hotelera del Archipiélago. Las empresas turísticas cuyos derechos de construcción decayeron con aquella decisión acudieron hasta en 36 ocasiones a la Justicia, que siempre les ha dado la razón en forma de sentencias favorables para sus intereses.

36 expedientes

En 2009, el primer Gobierno de Paulino Rivero dio un paso que a la postre resultó fallido. La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial de Canarias daba seis meses desde su entrada en vigor (artículo 17.1) a «los titulares de suelos urbanos de uso turístico» para optar «por su reclasificación a rústico (...) mediante la modificación del planeamiento general, reconociéndoles a cambio la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios». Los 36 expedientes entraron por esa vía que resultó muerta, porque las recalificaciones no se produjeron ni se sustanció pago alguno a las hoteleras.

Todos los casos terminaron en el TSJC y se produjeron una serie de fallos en cascada hasta amontonarse un debe de en torno a 1.000 millones en las cuentas públicas del Archipiélago. En las dos legislaturas pasadas, se optó por dilatar en el tiempo el momento de desembolsar una cantidad mareante. Más aún con el estallido de la pandemia, cuando todos los recursos fueron pocos. También los empresarios aflojaron la presión en esos años.

La pandemia frenó

Superado el trance sanitario, volvieron a la carga y el actual Ejecutivo entendió como inaplazable el momento del pago. «La sala [del TSJC] llamaba ya prácticamente todas las semanas», señaló ayer Onán Cruz. El máximo órgano de la Justicia autonómica se interesaba por saber si se estaba cumpliendo con lo recogido en sus sentencias. Eso aceleró las conversaciones entre el Ejecutivo y las empresas afectadas.

Además de a las indemnizaciones, dichos fallos judiciales obligaban a recalificar como rústicos los terrenos, tal y como señalaba la ley 6/2009. Esa era la parte que menos podía apetecer a los empresarios. Han pasado 25 años desde la primera moratoria y los planes que tenían entonces sobre la mesa han quedado soslayados por la evolución del mercado, pero la posibilidad cierta de plantear unos nuevos se iba al traste en caso de cumplirse las decisiones judiciales.

Por cuatro años

Ese es el espíritu con el que ha negociado el Gobierno canario para conseguir abaratar la cuantía de la deuda. «La ley [6/2009] planteaba pasarlos a rústicos durante cuatro años y quizá en aquel tiempo podría tener sentido, pero hoy ya no», explicó el director general canario de Ordenación del Territorio. Sin embargo, el TSJC no entraba en esas valoraciones, se encontró con denuncias por inacción en torno a esas recalificaciones y sobre eso falló.

Las negociaciones avanzaron en varias fases. Hace menos de un año –octubre de 2025– la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, cifró en el Parlamento en «656 millones de euros más 337 millones en concepto de intereses» el total de la deuda. A renglón seguido anunció que de esa suma se abonarían solo 750 millones de euros. Cruz aseguró ayer que más tarde se logró cerrar el acuerdo en 650 millones, aunque todavía quedó margen para rebajar la cantidad y dejarla finalmente por debajo de los 500 millones de euros.

Se estableció un plan de pagos y ya se ha abonado la parte más importante, cercana a los 300 millones de euros

«No tendría sentido recalificar como rústica una parcela que está en medio de Meloneras», señaló el director general. Lo que ocurra con los terrenos que están más alejados de lo que en la actualidad está construido, «ya es cuestión de los propietarios y el ayuntamiento». Los convenios que se firmaron –todos con el mismo porcentaje de quita– se remitieron al TSJC, que dio el visto bueno. En la negociación se incluyó un plan de pagos para evitar más tensiones de las necesarias a la tesorería del aparato autonómico. Ya se ha abonado la parte más importante, cercana a los 300 millones de euros.

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