Las familias exigen más tiempo para el decreto de convivencia escolar

Las asociaciones de familias y colectivos vinculados a la diversidad educativa exigen a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que el proceso de participación en el nuevo decreto de convivencia y bienestar escolar sea real y no «una fórmula para callar bocas». Aunque la Consejería anunció esta mañana la ampliación del plazo de alegaciones hasta el 19 de noviembre, los colectivos consideran que 20 días son claramente insuficientes para revisar y aportar cambios a un texto de más de cuarenta páginas que regulará la convivencia en los centros educativos durante los próximos años.

Carolina Buriticá, portavoz de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, denunció que la Consejería «lleva meses trabajando en este decreto» sin dar participación a las familias. «Nos dan veinte días, pero han tenido mucho más tiempo para elaborarlo. No se puede esperar que las familias lean y aporten en ese plazo a un documento que regula todo lo que sucede en un aula», advirtió. Para ella y para el resto de organizaciones, no se trata solo de un calendario apretado, sino de un proceso que deja fuera a quienes deberían tener voz.

Plazo insuficiente

Las entidades —Down Las Palmas, Chrysallis y la Plataforma Somos Uno Más, entre otras— aseguran que esta ampliación no permite una participación real. «Ni siquiera hemos tenido tiempo de leer el documento entero. Es ambiguo y no deja claro qué va a pasar con el alumnado con necesidades específicas de apoyo», añadió Buriticá.

Recuerdan que durante meses reclamaron acceso al borrador y que, aunque Educación asegura haber dialogado con «diferentes colectivos», las familias no fueron convocadas formalmente. «Las reuniones de las que hablan no fueron sobre este decreto, ni se nos notificó nada oficialmente», señaló. Reclaman no solo más tiempo, sino un proceso transparente y con interlocución directa.

Alumnado vulnerable

Para Nisa Santana, portavoz de Chrysallis Canarias, el texto actual «pone en riesgo al alumnado más vulnerable», incluyendo a menores con TDAH, autismo o personas trans. «Plantea y modelo punitivo sin contemplar la diversidad ni las causas educativas emocionales de determinadas conductas», explicó.

Además, subrayó que la norma «rompe la coherencia con protocolos y leyes estatales que garantizan derechos de igualdad y protección frente al acoso». Las organizaciones alertan de que el nuevo texto contradice principios de la LOMLOE y de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supondría un retroceso en garantías ya adquiridas.

Falta de recursos

La falta de recursos y formación en los centros educativos fue otro de los ejes centrales de la denuncia. Tanausú Hernández, especialista de la red Voces Valientes, explicó que en los últimos cuatro meses ha atendido 179 casos de bullying en Canarias, muchos de ellos vinculados a alumnado con discapacidad. «Los profesores no tienen herramientas. Absolutamente nada. Si nos dan solo 20 días, no hay margen para mejor nada», lamentó.

Las asociaciones insisten en que no basta con un texto normativo: es necesario reforzar equipos de orientación, incorporar educadores sociales y ofrecer formación específica al profesorado y las familias. Por esta razón, recalcan la importancia de reclamar que el futuro decreto deje atrás los enfoques punitivos y apueste por medidas pedagógicas y restaurativas. «A un niño no se le puede expulsar por una conducta impulsiva propia de su trastorno», subrayó Buriticá. Defienden que la convivencia no se construye con castigos automáticos, sino con prevención, acompañamiento y escucha.

Diálogo real

La crítica unánime de las asociaciones es clara: la Consejería «ha actuado con precipitación» y el nuevo plazo no resuelve el fondo del problema. Queremos participar, no ser meros espectadores», resumió Santana.

Por ello, reclaman un calendario de participación más amplio y mecanismos reales de diálogo para que el decreto responda a las necesidades de la comunidad educativa y no se limite a una consulta formal. «Lo que se apruebe hoy afectará a nuestros hijos durante años. No se puede hacer deprisa y corriendo», concluyó Buriticá.

Suscríbete para seguir leyendo