Lo que no fue posible en más de cinco meses se consiguió en unas pocas horas, entre la tarde del lunes pasado y la mañana de ayer. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pusieron fin al distanciamiento que llevó a la repetición electoral para suscribir un preacuerdo con el que intentan desbloquear la política que ambos obturaron con su ruptura de julio y el fracaso de la investidura del socialista.

El pacto, sin embargo, plantea muchas incógnitas. El retroceso de Unidas Podemos en la vuelta a las urnas (siete diputados menos) y el del PSOE (perdió tres escaños) complica los números para la investidura de Sánchez más que en el anterior intento. La viabilidad parlamentaria de esa alianza dependería -garantizado un núcleo fragmentario de formaciones, entre las que de mayor tamaño sería el PNV- de un posible acuerdo con Ciudadanos, que, de entrada, rechaza dar su apoyo, o con ERC, que está en la misma posición. Este último respaldo resulta ahora lejano: Sánchez anuncia su propósito de ser presidente de nuevo sin recurrir a los independentistas y los de Esquerra condicionan cualquier cambio de posición en su negativa a que lo sea a que haya un diálogo previo sobre la situación catalana. Al margen de esos condicionantes externos, la voluntad de quienes esta vez está dispuestos a convertirse en socios de Gobierno está todavía pendiente de una negociación que ahora comienza.

Sánchez e Iglesias escenificaron ayer en el Congreso la firma de un preacuerdo en el que se trazan las líneas generales de la política del futuro Ejecutivo. Son 10 puntos genéricos que marcan las pautas a seguir en lo político, lo económico y lo social.

Tras el protocolo de la firma, dejaron constancia del nuevo clima entre ambos con un abrazo y declaraciones de buenas intenciones. Es un cambio sustancial respecto al tiempo todavía cercano en que Sánchez justificaba su resistencia a que Unidas Podemos entrara en el Ejecutivo por su inexperiencia y por falta de confianza. El presidente en funciones llegó a afirmar que con la formación de Iglesias sentada en el Consejo de Ministros "no dormiría tranquilo". El líder de Unidas Podemos, por su parte, mostraba que la desconfianza era mutua al justificar su exigencia de entrar en el Gobierno por la necesidad de controlar a Sánchez desde adentro.

Con el abrazo de ayer entre los dos todo eso parece quedar atrás. Ahora se enfrentan a elaborar un programa para un Gobierno del que lo único que se sabe es que Sánchez será presidente e Iglesias su vicepresidente. El socialista levanta así el veto al líder de Unidas Podemos que en julio fue la antesala de la ruptura. Más allá de eso está, por definir la estructura del Ejecutivo y el reparto de competencias entre ambas formaciones, aspecto este último que provocó la investidura fallida del aspirante socialista al rechazar Unidas Podemos la vicepresidencia y los tres ministerios que les ofrecía el PSOE.

Respecto a quiénes serán los ministros, el presidente en funciones sólo anticipó que existe "voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos".

Con el preacuerdo de ayer, ambas partes quieren mostrar "la urgencia de que haya un nuevo gobierno cuantos antes", afirmó Sánchez tras la firma. La intención es que el futuro Ejecutivo asuma su cometido antes de final de año, para lo que la sesión investidura tendría que ser en la segunda semana de diciembre. El de Unidas Podemos y el PSOE sería un pacto que iría más allá de esa investidura y que pretende agotar la legislatura que el 3 de diciembre se abre, según el propósito que manifestaba ayer Pedro Sánchez.

Bajada bursátil

El anuncio del preacuerdo fue acogido con recelo en el ámbito económico, como muestra la ligera caída de la Bolsa, que cerró la sesión de ayer con una caída del 0,87% y fue la única de las grandes europeas en negativo.

Los analistas consultados por Efe coinciden en que los programas políticos de los partidos de la coalición podrían castigar a las empresas por la vía de subidas de impuestos, muy especialmente a la banca, pero también a sectores como el eléctrico, el inmobiliario, las telecomunicaciones o el juego.Bankia, del que el Estado controla con el 61,78 % del capital, fue el valor más castigado del día, con un descenso del 4,55 %.