La canciller Angela Merkel ha anunciado a los alemanes una rebaja fiscal de 8.000 millones de euros para los próximos años. Aun a medio gas, la locomotora alemana será capaz de crear 250.000 empleos en 2012 sólo en el sector privado pese a un entorno de economías mediocres de cuyas importaciones depende pero que ahora mismo batallan por contener el acoso de los mercados de deuda, la desconfianza general de sus ciudadanos y acreedores y la crecida del desempleo.
Alemania, además, prevé un incremento de sus ingresos fiscales -sin subir impuestos, claro- de 42.000 millones de euros en un ejercicio en el que la Comisión Europea y los organismos multilaterales mantienen a media Eurozona al borde de la recesión o con crecimientos imposibles de tal nombre.
La España que vota el 20-N se mira en este espejo. También lo hacen Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, por encima de la condición cristianodemócrata de la canciller. No hay diferencias entre el PP y el PSOE a la hora de fijar el objetivo supremo al que se supeditan los demás: cuentas públicas saneadas, déficit y deuda contenidas, estabilidad presupuestaria.
A partir de ahí las políticas fiscales de socialistas y populares difieren notablemente, pero para ambos partidos toda su acción económica declarada se dirige también a un mismo propósito enunciado con matices. Para el PP se trata de salvaguardar y consolidar "los servicios del bienestar y la protección social". El PSOE habla de "garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar". En realidad, será sólo con la práctica política cómo sabremos los ciudadanos cuál de los dos bienestares es más avanzado en términos sociales, siempre que sean sostenibles, es decir, que podamos pagarlo.
Los compromisos europeos
Incluso cuando Rajoy y Rubalcaba anuncian sus propuestas fiscales, advierten que su desarrollo y aplicación están condicionados al cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria alcanzados en el Consejo Europeo y en el G-20. Ambos líderes políticos realizan pronunciamientos explícitos en esa línea en sus programas, de tal modo que, sea quien sea el que gane, ya sabemos cuáles son las prioridades de nuestro futuro presidente del Gobierno: primero, estabilizar al enfermo con el dinero que hay en caja; la recuperación económica y bajar o subir los impuestos quedan para después.
Sentadas estas bases, el programa fiscal del PP recoge un catálogo amplio de deducciones dirigido sobre todo a las clases medias españoles, un ancho espectro de votos que suele surtir al centro-derecha o al centro-izquierda según vengan dadas. La política fiscal del PP se dirige a ciudadanos con capacidad de ahorro e inversión, trabajadores autónomos y pymes. En este contexto el PP reformula la cuenta vivienda que permitió a tantos españoles financiar su casa. El objetivo en este punto es fomentar el ahorro a largo plazo con una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del depósito, siempre para la compra de vivienda habitual. Los populares tienen otra propuesta que hacer: IVA superreducido (de forma transitoria) en la compraventa de vivienda y reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales sobre la usada.
Rajoy también quiere bajar los impuestos (vía Sociedades o IRPF, sin especificar) a aquellos empresarios, "sobre todo pymes y autónomos", que reinviertan en planes de crecimiento de sus negocios. Se compromete además a no cobrar los impuestos a pymes y autónomos hasta que se les hayan abonado las facturas de servicios correspondientes. Para los planes de pensiones el PP anuncia una mejora de la tributación de las prestaciones.
Es, sin duda, una política fiscal que alentaría la recuperación económica, pero impracticable en tiempos de crisis y ajustes añadidos como los que ha pedido Bruselas.
Frente a los populares, el mensaje y la propuesta fiscal del PSOE es más esquemática y ya advierte de entrada que "una reducción generalizada de impuestos como la que propone irresponsablemente la derecha no es compatible con el proceso de consolidación fiscal, y pondría en riesgo la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar y nuestra capacidad de invertir en la recuperación".
Los socialistas proponen crear un nuevo tributo para las grandes fortunas en sustitución del Impuesto de Patrimonio, "que permitirá alcanzar los objetivos de progresividad e incluirá una fiscalidad de las Sicav", las sociedades de inversión de capital variable en las que los grandes patrimonios españoles encontraron refugio en los últimos años para gestionar sus fortunas y diferir, cuando no sustraer, los pagos al fisco. Se trata de su propuesta estrella junto con la que afecta a los bancos.
La progresividad fiscal está en el ADN de la izquierda, forma parte de su desiderátum ideológico y programático y es un valor incuestionado en las sociedades de mercado. Por eso la derecha lo tiene igualmente asumido aunque lo llame equidad. Esas son las filosofías de las dos principales políticas fiscales que concurren al 20-N.
Los socialistas defienden también un impuesto "sobre los beneficios" de la banca, una figura fiscal de moda en algunos países de la Eurozona (Alemania, sin ir más lejos) que tiene indignados, no se sabe por qué, a los banqueros españoles, sobre todo a aquellos que en 2004 no ocultaron sus simpatías por una victoria de Zapatero, caso de Emilio Botín. Este impuesto, como otras aplicaciones fiscales, tanto en el programa socialista como en el del PP, queda a su vez pospuesto al momento en que culmine el proceso de reestructuración financiera y fiscal en nuestro país.
El coste fiscal
Otra propuesta socialista es la subida de la fiscalidad sobre el tabaco y el alcohol (excepto el vino, las cervezas y otras bebidas de baja graduación), cuyos rendimientos irían a financiar la sanidad pública (en algunas autonomías ya se hace), y expresa además su intención, sin concretar, de crear una denominada "fiscalidad verde". Nada nuevo bajo el cielo socialdemócrata.
¿Cuál es el coste fiscal de una y otra propuesta electoral? Es imposible conocerlo ahora mismo por la calculada ambigüedad de los programas fiscales. ¿Cuál es entonces, de las dos propuestas, la que tendría un mayor coste para el Estado? Aquí se puede aventurar que la política fiscal del PP es de más amplia base que la socialista desde el momento en que se dirige a las clases medias mientras el PSOE opta sobre todo por rebañar ingresos públicos a las grandes fortunas, incluyendo a los banqueros, más la fiscalidad indirecta verde y subir los gravámenes sobre el alcohol y el tabaco.
Sí tiene, en consecuencia, más amplia base, es seguro que ese ahorro fiscal (gasto para el que recauda) costará más al Estado y comprometería, ahora mismo, los objetivos de déficit, salvo que Rajoy crea que esa política permitiera reanimar la economía casi automáticamente y suplir la caída de ingresos con más actividad económica y más recaudación. El candidato del PP sabe que esto es ahora imposible.
Así que no hay que alarmarse. Ya avisan los populares en su programa que "el ritmo de aplicación de esta reforma se acompasará al cumplimiento de los compromisos europeos de reducción del déficit y a los objetivos de reducción del gasto público". Ni en Bruselas ni en el FMI quieren oír ahora mismo hablar de reducción de impuestos, menos cuando España debe hacer un nuevo esfuerzo de 41.000 millones de ajuste del gasto. En consecuencia, es una política fiscal para tiempos de crecimiento económico. También lo es la socialista.
Afortunadamente, tanto Rubalcaba como Rajoy, y sus partidos, aunque vengan éstos y aquéllos obligados por una sociedad madura y capaz como la española, han alcanzado un consenso básico que ha tenido que abrirse paso a trompicones institucionales en otros países de la Eurozona golpeados por la crisis de la deuda. La coincidencia es la de sanear las cuentas públicas, y sólo después hacer política. De momento sigue siendo verdad que España no es Grecia, pero tampoco Italia. En ambos países, la cobardía de sus políticos, gobernantes o no, ha obligado a poner en manos de tecnócratas los Gobiernos representativos del pueblo para salvar a sus naciones de la quiebra. Algo que no ocurrirá en España, gracias en gran parte a la responsabilidad demostrada en el último año por Zapatero y a Rajoy.
