MUNICIPALES PUERTO DEL ROSARIO

El problema del ladrillo en Puerto del Rosario

El alto precio de las casas y la subida de los alquileres es una cuestión urgente en la capital majorera | Los partidos instan al Gobierno a construir vivienda pública

Las palmas de gran canaria 20 MAY 2023 1:00 Actualizada 20 MAY 2023 1:06

Una familia gasta de media más del 30% de sus ingresos en pagar el alquiler en Puerto del Rosario, en algunos casos asciende hasta el 80%. Ante esta situación, todos los partidos están de acuerdo en que urge construir vivienda pública en el municipio, pero como eso es competencia del Gobierno regional, en sus manos queda otra serie de medidas para ‘destensar’ el mercado y generar seguridad jurídica.

La capital majorera tiene un serio problema de vivienda. Los ciudadanos que demandan un alquiler o una vivienda superan a la oferta disponible, lo que provoca que se disparen los precios. ¿Solución? Las propuestas de los partidos varían según el color y la ideología, pero todos concuerdan en la necesidad urgente de que se construya vivienda pública en el municipio.

Un joven debe destinar el 80% de su sueldo mensual para pagar a su casero en Puerto del Rosario. A nivel general, el alquiler se lleva más del 30% de los ingresos del hogar. De hecho, con la Ley de Vivienda del Gobierno central, y según el informe de Atlas Real Estate Analytics, en la localidad podrían regularse los alquileres ya que cumple los requisitos de zona tensionada.

Ante esta situación, el candidato a ser reelegido regidor, el socialista Juan Jiménez, saca pecho de su gestión. Defiende que el consistorio ha puesto en marcha ayudas al alquiler –que pueden llegar a un máximo de 125 euros durante seis meses– y que ha creado el Insituto Municipal del Suelo y la Vivienda para atajar la falta de oferta. Esta entidad funciona a través de un convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) con el objetivo de «desarrollar políticas de vivienda efectivas» a nivel local.

Mientras, el aspirante a alcalde del PP, Fernando Enseñat, es partidario de crear una oficina que ponga el foco en dar seguridad a los propietarios. Propone para la próxima legislatura una Oficina Antiokupación, que asesoraría a los arrendadores a nivel jurídico en caso de que sus viviendas sean ‘okupadas’ o de que los inquilinos incumplan en los pagos.

La cabeza de lista de Unidas Sí Podemos, Lilian Concepción, pone sobre la mesa una oficina muy diferente a la estipulada por los populares: la bolsa de vivienda. Concepción remarca que serviría a modo de seguro en caso de impago o destrozo para el propietario a cambio de que este alquile el inmueble a un «precio razonables». Además, señala, el inquilino ahorraría trámites inmobiliarios y dinero, que podría destinar a otros asuntos.

De cara a la próxima legislatura, Jiménez asegura que los socialistas quieren continuar liberando suelo o comprando parcelas «sin llegar a hipotecar» el Ayuntamiento. Durante estos cuatro años, indica el alcalde, se ha cedido suelo al Gobierno para la construcción, por ejemplo, de 88 casas de protección oficial en El Matorral y en la calle Don Quijote, pero Enseñat denuncia que no se ha movido ni un ladrillo. «Llevan dos años de anuncios», subraya el popular.

En total once partidos se presentan a las elecciones del consistorio portuense. El candidato de CC es David de Vera, que intentará recuperar uno de los bastiones nacionalistas de la Isla. El aspirante a regidor de NC es Gilberto Dees; como número uno de AMF va de nuevo Mayra Marichal; Vox presenta de candidato a Miguel Rastrero. Dentro de las nuevas fuerzas, la exedil de Cs, María de la Peña, encabeza la lista de Fuerteventura Avanza; el aspirante a alcalde de Plataforma por Fuerteventura es José Juan Herrera; el candidato de Drago Verdes Canarias es Álvaro Lorenzo; por último, el número uno de Contigo es José Manuel Quintana.

[object Object][object Object][object Object]

Después de dos décadas de regidores nacionalistas, en 2019 el pleno de Puerto del Rosario volvió a otorgar el bastón de mando a un socialista, algo que no ocurría desde 1995. Así, Juan Jiménez –con 5 ediles– alcanzó la Alcadía merced a un pacto a cinco con Podemos, Ciudadanos, Agrupación de Electores –las tres fuerzas con dos concejales cada una–, y la confluencia entre Nueva Canarias (NC) y Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), que consiguieron dos asientos –uno para cada formación–.

Al otro lado, en la oposición, quedaron cuatro concejales de Coalición Canaria (CC), tres del PP y uno de Ganemos Fuerteventura –alianza electoral del Partido Progresista Majorero y Unión del Pueblo Majorero–.

Gestionar un consistorio con cinco fuerzas no es tarea fácil. De hecho, la mayoría absoluta de 13 ediles –el pleno está compuesto por 21– comenzó a resquebrajase un año después de la investidura. El cabeza de lista de Agrupación de Electores, Manuel Travieso, renunció a su cargo en la corporación. Le siguió poco tiempo después la concejala de AMF, Mayra Marichal, que dejó el Gobierno antes de que Jiménez la cesara tras una serie de encontronazos.

En resumen, el ejecutivo que inició su andadura con apoyos de más en en el Pleno, casi en el ecuador del mandato estaba al límite de perder la absoluta con 11 concejales. En julio de 2022, con la publicación de una sentencia contra el concejal de Agrupación de Electores que continuaba en el gobierno local, José Juan Herrera –líder del nuevo partido Plataforma por Fuerteventura–, por acoso sexual a una asesora del Ayuntamiento, la corporación se vio envuelta en una nueva crisis. El alcalde cesó al edil condenado, que pasó a la oposición. El resto del mandatoJiménez ha gestionado en minoría uno de los pocos consistorios de Fuerteventura que no se ha visto envuelto en una moción de censura en estos cuatro años.