ELECCIONES LA OLIVA

La Oliva: Contratistas ‘a dedo’

Contratos menores, la fórmula legal más utilizada en La Oliva | CC y PP se acusan mutuamente de perpetuar esta práctica

Elecciones La Oliva.

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El contrato menor es una fórmula legal que el consistorio de La Oliva utiliza en demasía. No hace falta concurso público, por lo que la adjudicación se realiza ‘a dedo’. De cara al 28-M, los nacionalistas han focalizado sus críticas a la alcaldesa Pilar González (PP) en esta práctica, de la que ella asegura que CC es «el rey». 

El contrato menor es la fórmula legal habitual en el Ayuntamiento de La Oliva. Esta figura jurídica no necesita de concurso público, por lo que la elección del contratista es más rapida, pero tiene un inconveniente: se escoge la empresa ‘a dedo’. De cara al 28-M, el aspirante a regidor de Coalición (CC), Isaí Blanco, está centrando sus críticas a la alcaldesa y candidata del PP, Pilar González, en el uso recurrente de esta práctica, de la que la popular asegura que el nacionalsita es «el rey».

Según la actualización de la Ley de Contratación del Sector Público del año 2022, la Administración puede poner sobre la mesa contratos menores por motivo de obras siempre que estas no impliquen un importe mayor de 40.000 euros. En el caso de servicios y suministros, el valor debe ser inferior a 15.000. En ambas situaciones dichos contratos no pueden superar el año ni ser prorrogados.

Los nacionalistas denuncian que la corporación encabezada por González se gastó, solo en las obras de rehabilitación del Parque Botánico de Corralejo, más de 1,2 millones de euros en contratos menores. Blanco subraya que ese dinero se ha repartido en contratos de obras cercanos al máximo de 40.000 euros, que la primera edil ha adjudicado «a dedo» en algunos casos «para ganarse a empresarios y ciudadanos concretos». «Han traído una retroescavadora y una empresa para colocar el césped de la península cuando se podría haber gastado menos dinero contratando con firmas de la Isla», explica.

Blanco insiste en que con un concurso público, donde hay una mayor competencia, se podría haber «ahorrado muchos recursos públicos». «Esto demuestra la poca credibilida política y la falta de honradez del Grupo de Gobierno», apunta el candidato.

Además, remarca que este tipo de figura jurídica impide que se acometan obras de embergadura –ya que no pueden superar el año de duración–, contrucciones «necesarias» que no se han dado en La Oliva en estos cuatro años. El nacionalista señalan que si consiguen la Alcaldía pondrá en marcha todas esas «obras importantes» que no se han acometido: reformar los paseos de Corralejo y El Cotillo; rehabilitar la Plaza de Tamaragua; construir más instalaciones deportivas; y planificar más zonas de aparcamiento en Corralejo.

Por su parte, González escuda su gestión en la legalidad de esta figura jurídica y asegura que ha sido usada por todos los alcades que han pasado por el consistorio norteño. «Se piden varios presupuestos y se adjudica el contrato a dedo, es una figura perfectamente establecida y reglada», declara. La regidora no entiende los ataques de los nacionalistas, más cuando, afirma González, el «rey» de los contratos menores en La Oliva es el propio Blanco, que en 2018 adjudico desde la Alcaldía «1.540 contratos a dedo». Una cifra record, enfatiza, que no ha superado nadie aún.

De cara al próximo mandato, la popular pretente aplicar una política continuista «de esta fantástica gestión». Entre sus propuestas: mejorar la calidad de las vías de la localidad, más planes de asfaltado y seguir rehabilitando el patrimonio histórico.

El Partido Progresista Majorero (Ppmajo) fue fundado en 2009 por el padre de al actual alcaldesa y exconcejal popular en el consistorio, Domingo González. Despues de 13 años, el Ppmajo se ha integrado recientemente en el PP, por lo que la primera edil –antes candidata del Ppmajo– ahora es cabeza de lista popular.

En el resto de formaciones con representación en el pleno: el aspirante a alcalde por el PSOE es Julio Manuel Santana; en las filas de En Marcha, el primero vuelve a ser Manuel Amador; por Nueva Canarias, Óliver González; y como cabeza de lista de AMF va Ismael Elvira.

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Tras la moción de censura en 2017 contra Pedro Amador –cabeza de lista de En Marcha–, el nacionalista Isaí Blanco, tercero en la plancha de Coalición Canaria, tomó el bastón de mando en La Oliva. Viendo el tirón del regidor, de tercero pasó a primero en la lista para los comicios de 2019, en los que Coalición consiguió ser la fuerza más votada. CC, con siete concejales, se alió con los tres ediles de Ganemos Fuerteventura –unión de Partido Progresista Majorero (Ppmajo) y Unión del Pueblo Majorero (Upmajo)– y con la representante de la coalición electoral Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) para reeditar los mandos de la corporación.

La estabilidad duró un año. En 2020, y con la justificación de que Blanco había gastado en festejos sin tener en cuenta a la Junta de Gobierno, Ganemos Fuerteventura sacó adelante una moción de censura con el apoyo de los cuatro ediles socialitas, los otros cuatro de En Marcha, la representante del PP y la única edil de Podemos, María del Carmen Cabrera, a la que la jugada le costó la expulsión del partido. Así, la número uno del Ppmajo, Pilar González, tomó las riendas del municipio.

Sin embargo, las crisis no tardaron en asolar de nuevo a la corporación. Tres de los cuatro ediles de En Marcha abandonaron el ejecutivo local a principios de 2022 ¿El motivo? La destitución de una de las concejalas de la formación –Idaira Rodríguez– por parte de González. Permaneció en el Gobierno uno de los intragrantes de la formación localista, Jero Lozano, al que sus compañeros de partido tildaron de transfuga.

Este giro obligó a la alcaldesa a reestructurar las áreas y a incorporar a un nuevo rostro para apuntalar la mayoría . Esta nueva cara fue la del representante de NC-AMF. Una corporación bajo el paraguas de cinco formaciones políticas de diferente color e ideología que ha perdurado hasta la actualidad.