Pocas cosas hay, sobre todo en los tiempos que corren, que tengan tanto valor como la tranquilidad y garantía que supone un asesoramiento cualificado en materia jurídica, en asuntos tan variados como el derecho mercantil, derecho bancario, Ley de Arrendamientos Urbanos, derecho penal, asesoramiento fiscal y tributario. Algo que no solo se traduce en salud mental, sino que también afecta a la salud financiera, a la salud del bolsillo, a la salud de su empresa, a la salud fiscal, y que se convierte en seguridad ante los imprevistos de cualquier índole que puedan surgir.
El despacho de abogados Guerra García de Celis-Domínguez-Lorenzo se ha especializado en un servicio integral para sus clientes que abarca prácticamente todos los ámbitos del Derecho y para ello cuenta con un grupo de cualificados profesionales curtidos ya en los distintos aspectos jurídicos y que cuentan en su haber con un gran número de resoluciones judiciales de gran repercusión, por ejemplo la primera Sentencia de Canarias sobre el DIESEL GATE de Volkswagen-Audi, o las primeras Sentencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre nulidad de Hipotecas Multidivisa.
Javier Guerra Padilla, socio del despacho, explica la filosofía que impera en el gabinete, donde prima la calidad del servicio y la profesionalidad de sus componentes, avalados por los éxitos acumulados durante dos décadas de ejercicio, entendiendo que "para cada cliente su pleito, ya sea un concurso de acreedores, un desahucio o una reclamación de cantidad, es lo más importante, y así demanda ser tratado."
Otro de sus socios, José Manuel Lorenzo, director del Área Civil, destaca que "una de las claves es la permanente actualización y formación continuada de los abogados del despacho, por ejemplo en temas tan importantes como la reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues nuestro Derecho camina hacia nuevas fórmulas y las nuevas tecnologías permiten, entre otros, que el ciudadano de a pie que antes tenían miedo a litigar frente a gigantes tenga un mayor conocimiento de los derechos que le asisten, tal y como sucedió en su momento con las "cláusulas suelo" y posiblemente vuelva a acontecer una vez vea la luz la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a aquellos clientes que en sus hipotecas tienen referenciado el índice IRPH."
Por su parte, Luis Miguel Domínguez, director del Área Mercantil y Administrador Concursal, pone en valor "la especialización de los miembros del despacho, para poder afrontar cada asunto mediante un experto en la materia o a través de la colaboración de varios especialistas, como pueden ser el mercantilista y el tributario."
Hugo Perdomo Benítez - Director del Área Tributaria
"Anulamos la mayoría de las sanciones tributarias"
En recientes fechas el despacho ha incorporado a Hugo Perdomo Benítez, abogado especializado en Derecho Tributario, con el aval de su trayectoria en despachos como Murli y Deloitte.
¿En qué consiste su asesoramiento tributario?
Mi especialidad es la de asesorar tanto a particulares como empresas en su defensa ante procedimientos comprobatorios iniciados por la Administración, ya sean de inspección como de gestión.La ecuación es bastante sencilla, la Administración necesita recaudar para sostener las cuentas públicas y una de las maneras más efectivas para incrementar los ingresos es a través de actuaciones de comprobación. En ese contexto, mi función es la de asesorar al interesado en el procedimiento y asumir, en su caso, su defensa jurídica en todas sus instancias.
Esto se traduce en acudir a la Administración en representación de nuestro cliente para defenderle durante la tramitación del procedimiento comprobatorio y luego, a su finalización, nos encargamos de elaborar todos los recursos necesarios, tanto en vía administrativa como judicial,para lograr anular la liquidación y sanción resultantes del procedimiento.
¿Cómo calificaría la situación actual de la litigiosidad tributaria?
En primer lugar, creo que resulta innegable la realidad de un problema de seguridad jurídica, que tiene su razón de ser, primero, en la existencia de un bosque normativo compuesto por infinidad de normas, que cambian constantemente; y por otro, que la complejidad de la normativa tributaria produce en muchas ocasiones que su aplicación dependa de criterios interpretativos de los órganos de aplicación de los tributos. El ejemplo más evidente lo tenemos en la RIC, que nació con una finalidad muy loable, como era la de dinamizar la economía en la Islas y al final, por la falta de claridad normativa en un caso, y la interpretación sumamente restrictiva de la administración en otro,frustró en la práctica su acogimiento al pequeño y mediano empresario.
En cualquier caso, y a pesar que el criterio en la aplicación de la norma de los contribuyentes suele divergir con el de la Administración, las estadísticas que anualmente publican tanto los tribunales económico-administrativos como los órganos judiciales ponen de manifiesto que de las liquidaciones y sanciones impugnadas más de la mitad son finalmente anuladas tras el peregrinaje por la vía revisora.
¿Cuáles son los procedimientos de mayor demanda con los que se encuentran litigando a día de hoy?
Aparte de los asuntos bancarios (Swaps, Clips, Multidivisas, Suelo,Revolving, Acciones Banco Popular, etc.), tenemos también la impugnación de las Plusvalías Municipales, y estamos comenzando ahora con uno muy interesante que se refiere a los empleados de banca que actualmente están jubilados y que en su momento (antes del 01/01/1979) hicieron aportaciones a la Mutualidad de la Banca. Este colectivo tiene derecho a obtener una devolución de parte de la cuota de su IRPF de los ejercicios no prescritos y, además, detraer de futuras declaraciones de la renta
aquella parte de la pensión que ha hubiera tributado por las aportaciones antes comentadas.
