El estallido económico como consecuencia de la pandemia del coronavirus todavía no se percibe en su real dimensión. Pero ante este panorama, ha vuelto a la escena pública la necesidad de facilitar las cosas para que no se pierdan inversiones pendientes por causa de eso que se ha dado en llamar "la maraña burocrática". La iniciativa del Gobierno de Canarias para la simplificación administrativa busca ayudar a la reactivación económica mediante la facilitación de la movilización de inversión privada y pública, y eso incluye a las renovables, para las que se adopta una serie de medidas.Por ejemplo, se potencia el autoconsumo al permitirse la ocupación del 100% de la superficie de las cubiertas, se permite una declaración "de urgencia" de todos los procedimientos de autorizaciones y la reducción a la mitad de todos los plazos. El informe favorable del ayuntamiento o positivo por silencio, eximirá de la necesidad de licencia municipal, por otra parte. Ante la expansión del fenómeno que se prevé por la legislación nacional reciente, se propone crear un " Registro de autoconsumo de energía eléctrica de Canarias" y la regularización de instalaciones eléctricas de baja tensión en explotación de los que no se disponga de documentación administrativa. Para agilizar las inversiones en este sector, además, se modifica la ley canaria del sector eléctrico (1997), para permitir que la consulta al cabildo y ayuntamiento competente se produzca al mismo tiempo que el trámite de consulta del procedimiento de autorización sustantiva. Además, los informes de estas dos administraciones solo podrán versar "sobre la compatibilidad con el planeamiento territorial y urbanístico" y, si no se produjera este, se entenderá como favorable. Si hubiere necesidad de segundas consultas, su plazo se reduciría a partir de ahora a quince días.
