Una universidad en la encrucijada

La universidad como institución académica y social atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. El que un día fue un robusto modelo para configurar la educación superior pública en España lleva años mostrando unos claros signos de agotamiento. En las universidades públicas de Canarias, según datos del Ministerio de Educación, los alumnos matriculados han descendido un 5% en un lustro, 16 de cada 100 plazas quedan desiertas cada año (la cifra más alta de España), las plantillas docentes son las más envejecida de España (53,3 años) y ambas arrastran una larga trayectoria sumida en la endogamia (89% de los profesores leyeron la tesis en su misma universidad, la segunda más alta del país).

Si bien parte de estos indicadores han revertido tímidamente su tendencia al deterioro durante el pasado año –se incrementaron en un 2,3% alumnos matriculados y se redujo en un punto porcentual la endogamia–; rectores y otros miembros de la comunidad universitaria están de acuerdo en que es hora de «hacer las cosas de forma diferente» para poder salvar a la universidad de sí misma. No obstante, los expertos insisten en que, para adaptarse rápidamente a las necesidades sociales es necesario incidir en dos aspectos básicos. Por un lado, un aumento de la financiación y, por otro, un mejor balance entre la autonomía de la institución y la rendición de cuentas con la sociedad.

En este clima de eterna crisis que arrastra una institución infrafinanciada, con una ingente burocracia y que soporta el peso de la pérdida de reputación, las universidades se enfrentan a la gran reforma que llegará con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la tercera norma universitaria de la democracia que entrará en vigor este semestre y que vendrá a sustituir la LOU, aprobada hace 20 años. Una ley que destaca por su compromiso de mantener un gasto público en las universidades del 1% del PIB (en Canarias es de entre el 0,5 y el 0,6%), la reducción de la precariedad y la temporalidad del profesorado, el impulso de la formación a lo largo de la vida, referencias a la paridad y la sostenibilidad, la dotación de mayor autonomía a las universidades y el fomento de la internacionalización.

Pero que también nace con una fuerte oposición porque rebaja el control de los Consejos Sociales – encargados de aprobar presupuestos, de votar al gerente de la Universidad o de obligar a los rectores a rendir cuentas con la sociedad. –, lo que podría fomentar la desconexión de la Academia con la sociedad; elimina figuras contractuales para estudiantes predoctorales y cede mayor poder al rector. En definitiva, «fomenta el desgobierno» y «resta democracia» a la institución, tal y como consideran parte de los miembros de la comunidad universitaria.

El modelo da síntomas de agotamiento: endogamia, infrafinanciación, abandono docente, desconexión con el mercado laboral y burocracia

La rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, lleva (casi) cuatro años tratando de frenar el declive de un centro en el que la pérdida de «materia gris» estaba a la vuelta de la esquina debido a las jubilaciones masivas de sus docentes, y cuyas tasas de abandono escolar en el primer año alcanzan el 22,5%. Varios puntos por encima de la media de las universidades presenciales en España (16,9%).

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, trata de hacer lo propio desde hace dos años aunque su prioridad también ha sido hacer más transparentes los procesos administrativos para que atiendan a la «legalidad vigente», así como reducir su alta tasa de endogamia, que supera el 90% –una de las más altas de España–. El rector asegura que a su entrada al puesto, en 2021, encontró la universidad en una situación «algo crítica», especialmente en aspectos de gestión. Y asegura que «aún hay gente que se resiste a los cambios», pero no por ello duda en reestructurar la universidad para mejorar su situación.

Uno de los aspectos que ambas universidades están abordando con mayor premura son las jubilaciones masivas. Canarias tiene la plantilla de PDI más envejecida de España, con 53,4 años de media. Desde 2015 y hasta 2021 se produjeron 181 jubilaciones en la ULL y 83 en la ULPGC. El volumen de profesorado retirado supone el 5% del total PDI de la ULPGC y hasta el 10% del de La Laguna. Bajas que en Tenerife han sido restituidas prácticamente por completo, aunque el tortuoso proceso se haya demorado lo suficiente como para alentar el descontento del profesorado; y que en Gran Canaria ha derivado a una pequeña pérdida de la plantilla.

«Sabemos que lo estamos haciendo a un ritmo menor del ideal», admite Aguilar. Porque lo que realmente desearía el equipo rectoral es poder contratar a nuevo personal antes de que se jubilen los investigadores senior, de modo que «todo ese conocimiento acumulado se transmita». La realidad es que la falta de fondos no les permite contratar a nadie antes de que el docente anterior se jubila. La ULL solicitó al Gobierno de Canarias este año una partida adicional para este menester, que no ha sido aceptada.

Pese a la reiterada negativa del Ejectuivo, la universidad no se ha quedado de brazos cruzados y ha abogado por crear un sistema de información que revele qué personal está a punto de jubilarse para poder agilizar los trámites de contratación posterior. «Ahora mismo somos una de las únicas universidades en las que un investigador se acredita y promociona de manera inmediata», revela la rectora.

Esa acreditación, que lleva a cabo en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), necesaria para que los docentes escalen de categoría laboral, ha sido uno de los problemas que ha lastrado la renovación de plantillas universitarias a lo largo de los años. Sus altos requisitos han creado un embudo de contratación porque «hay mucha gente no los cumple hasta llegar a los 50», revela Serra. Una circunstancia que no solo ha ido en contra de la propia universidad, sino también de la estabilidad profesional de los investigadores, que han preferido seguir otros caminos laborales antes de precarizar la mayor parte de su vida.

La nueva Ley promete reducir estos requisitos, pero elude el periodo de transición entre ser estudiante y convertirse en doctor. Así lo denuncia Sergio Siverio, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte) que critica la «visión cortoplacista» de la ley, Como insiste, la norma no tiene en cuenta que la crisis se seguirá perpetuando mientras el acceso a la carrera universitaria siga suponiendo una pérdida de dinero, energía y salud mental para los nuevos científicos. «Es una carrera de obstáculos sin fin», lamenta Siverio.

Pérdida de interés

La pérdida de interés de los alumnos por la universidad es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la Institución. Si bien en los dos últimos cursos ha revertido la tendencia de descenso de matrículas – e incluso ha conseguido aumentarla –, lo cierto es que en comparación con 2015, la universidad pública ha perdido un 5% de alumnos de manera progresiva. Unos datos que contrastan con los de la universidad privada que no solo ha aumentado su oferta formativa, sino que además ha aumentado sus matriculaciones en un 700%.

«Seguimos siendo la opción principal de los canarios y de los mejores estudiantes», afirma Serra. Y ciertamente lo es. Frente a los 33.995 alumnos de la pública, hay 3.225 privados (el 7% del total). Sin embargo, hace un lustro la pública acumulaba 35.829 matrículas y la privada solo 385 (1%). Esta tendencia preocupa a Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC, pues considera que tiene relación con la «falta de visión» y la «incompetencia en la gestión» de las universidades públicas. «Se lo han puesto fácil», asegura Tristán.

El periodista recuerda vívidamente un pasaje con el que ejemplifica esta situación. «El Gobierno de Canarias venía pidiendo que se aumentaran unas 70 plazas en Medicina para cubrir las necesidades que surgirían en 15 años; la universidad puso todos los inconvenientes para no hacerlo, y el resultado fue que la Fernando Pessoa habilitó 50 plazas y se llevó a todos esos alumnos», relata.

«La universidad privada y la pública son productos diferentes», defiende Aguilar. Y lo sostiene en el hecho de que «las privadas no cuentan con investigadores». «Nuestros profesores tienen una capacidad de abstracción enorme para afrontar nuevos retos», asegura la rectora. Sin embargo, Aguilar no ha dejado pasar el problema. Menos aún cuando la tasa de abandono de la universidad pública se encuentra en un 22% frente al 14% de la privada.

El abandono escolar tiene múltiples orígenes. «Puede ser debido a la dificultad de las materias, el no poder afrontar los gastos, el no verle una salida profesional rápida, la falta de plazas en carreras más demandadas o en la propia insularidad», explica Serra. El presidente del Consejo Social pone sobre la mesa una posibilidad más: la reputación de las universidadses. «Todos los años 2.700 alumnos que hacen la EBAU en Canarias se marchan a la Península, y gran parte es porque prefieren estudiar en una universidad o un título que tenga buena reputación», resalta.

Para revertir esta tendencia negativa, Aguilar considera que es vital sentar las bases de un cambio de cultura docente. «Sabemos que no será inmediato, pero creará una mancha de aceite que se irá expandiendo por la comunidad», asevera. La idea es que la formación se focalice en el estudiante, para que se adapte a sus necesidades, pero que sea el alumno quien se haga cargo de su educación superior. Esto conlleva, además, una reforma de las aulas para conseguir que el aprendizaje pase a estar basado en la cooperación y se adapte a los requerimientos sociales, con proyectos o servicios de transferencia a la sociedad.

También se han creado tutorías destinadas a alumnos de primer curso donde se les explica el funcionamiento de la universidad y se les imparten cursos de refuerzo en materias básicas. Una iniciativa similar se inició el año pasado en la ULPGC, donde se ha creado la figura del mentor. Con las mentorías son los alumnos de último curso los que muestran y enseñan a los de nuevo ingreso el funcionamiento de la universidad. «Es uno de los mecanismos que establece la LOSU, pero nosotros lo pusimos en marcha antes», explica Serra, que insiste en que el método está en fase de evaluación.

En los últimos cinco años las universidades públicas canarias han perdido un 5% de alumnos frente a la privada que ha ganado un 700% de estudiantes en el lustro

Si se pudiera establecer un ránking de preocupaciones más acuciantes de la universidad pública, probablemente la burocracia estaría en el podio. Los miembros de la comunidad consideran que el nivel de justificación que se solicita a la institución académica llega a puntos absurdos, en los que se crean problemas de manera innecesaria. «No es normal que un alumno deba esperar tres meses en otro país para recibir su beca Erasmus», argumenta Serra.

Pero más allá de los trámites estudiantiles, el verdadero cuello de botella ha estado siempre en la investigación. «Entiendo que tenga que justificar el dinero público, pero no deberían ser los mismos criterios para cuando los fondos provienen de capital privado», sostiene el rector de la ULPGC, que insiste: «rendir cuentas es fundamental, pero me parece excesivo».

La burocracia, de hecho, es uno de los mayores obstáculos de la investigación. La investigación en las universidades canarias no es mala. De hecho, es de las mejores. Pero los científicos critican haberse convertido en administrativos de sus proyectos, con la pérdida de tiempo y el esfuerzo que supone. Tanto la ULL como la ULPGC están tratando de resolverlo a través de mejoras tecnológicas, que permitan agilizar los trámites. El Ministerio de Ciencia también ha puesto de su parte para mitigar este impacto en la Ley de la Ciencia. «Ahora tenemos una plantilla robot que durante 24 horas al día realiza las gestiones que antes hacía una persona, de modo que las personas se centren en dar valor añadido», reseña Aguilar.

Pero la falta de personal de Administración (PAS) sigue pesando, especialmente en la ULL. La universidad está esperando a culminar su oferta de empleo para poder aumentar la plantilla, pero hay lugares en los que la escasez de profesionales está ocasionando serios problemas a la comunidad. Una de ellas es la Escuela de Doctorado que, como afirma Siverio, «mantiene una gestión lamentable». «Hay un descontento generalizado. N te contestan el correo, no hay quien te de una cita previa y hay más de 3.000 estudiantes afectados», insiste.

Según el Ministerio de Educación, el 89% de los investigadores que imparten docencia en las universidades canarias leyeron la tesis en esa misma universidad. Este indicador es el que se suele utilizar para describir la endogamia en un centro o una comunidad autónoma, pero su definición suele tener más matices. La endogamia propiamente dicha consiste en que la mayoría de los aspirantes locales gane las plazas de profesor-investigador porque estas se crean a imagen y semejanza del candidato.

La elevada cifra de Canarias puede estar justificada en la propia insularidad –que dificulta la movilidad con otras universidades– o en la necesidad de retener el talento local. No obstante, ha habido ocasiones en los que los procesos de selección han sido tan opacos que han conseguido perpetrar ese «mantra» que pesa sobre la universidad. Moisés González Arencibia, biólogo e investigador, fue testigo directo de estas «trinquiñuelas» que le costaron el acceso a varias candidaturas. Ocurrió en 2016 cuando González se presentó a una plaza de ayudante doctor siendo postdoctoral en la ULPGC.

Cambio de baremos

«Me cambiaron las licenciaturas de sitio para tener menos puntos», explica. Fue a juicio y lo ganó en primera instancia, pero la ULPGC recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias «para defender al siguiente candidato». «Volví a ganar y esta vez hicieron una triquiñuela para bajarme la nota, la recurrí y perdí», lamenta. Años más tarde, cuando pungó por una plaza de contratado-doctor, se dio cuenta del claro beneficio que tenía uno de los candidatos, ya que una de las personas que conformaba el tribunal era su jefa. «Básicamente estaba juzgando su propio trabajo», lamenta.

«Se le ha dado demasiado poder a las comisiones, pero se debe corregir porque parece que la gente trabaja más para sí que para su institución». Así de contundente se muestra Lluís Serra cuando se le menciona la endogamia y no esconde que haya ocurrido en alguna ocasión. «Aquí se ha llegado a modificar los baremos de una convocatoria en función del candidato», explica el rector, que asegura estar tratando de revertir esta situación. «Haré todo lo que tenga que hacer».

Rosa Aguilar, por su parte, asume la endogamia como una forma de actuar del pasado, que ya está superada en la ULL. «Nuestra investigación es internacional y mucha gente se va fuera y termina regresando», explica la rectora. «La Laguna sola es incapaz de hacer nada, por eso somos multidisciplinares e internacionales», explica. Considera que la endogamia de Canarias tiene origen en el «mundo aislado» que fue el Archipiélago durante los comienzos de la actividad académica. Pero insiste en que ahora el indicador no tiene las mismas connotaciones porque las Islas están más abiertas que nunca al resto del mundo.

Las universidades de toda España se enfrentan este año a la gran reforma que llegará con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario

Los miembros de Jinte se muestran «preocupados» desde hace tiempo por este motivo y la LOSU no parece que vaya a resolverlo. «Se suponía que la Ley iba a imponer una comisión de selección externa pero en el proceso de enmiendas este artículo se ha descafeinado y ahora establece que los miembros de la comisión externa serán elegidos a través de un sorteo que elabora el personal interno», explica Siverio. «Es cambiar todo para que nada cambie».

La endogamia puede ser buena y mala. Como insiste Tristán, «si es lo que permite contar con los mejores, es buena». Pero las connotaciones cambian si se escoge a alguien a dedo para apañarle un puesto». El periodista cree que una de las razones por las que se mantienen estas prácticas es por el escaso control que se ejerce sobre ella y por el modelo de gobernanza. Por eso, como resume el presidente del Consejo Social, «todos los problemas de la universidad nacen de cómo se elige al rector».

Elecciones al rectorado

Tristán alega que el actual modelo de elección –basado en el voto ponderado del PDI, el PAS y el alumnado– promueve «que el rector sea cautivo de las pretensiones de la comunidad universitaria». España es el único país que mantiene este tipo de elecciones cada cuatro años – y serán seis cuando entre en vigor la LOSU–. A su juicio los rectores deberían ser elegidos a través de una asamblea o patronato formado al 60% por miembros de la Academia y en un 40% por representantes de la sociedad. «Así es como se lleva a cabo en el resto de Europa, y no se entiende que España mantenga este modelo», reseña Tristán.

El modo de elección actual tampoco es bien visto por el alumnado, que no entiende por qué está ponderado y «valga más el voto de unos que de otros», como insiste Siverio. «Eso no es democracia y la votación pierde el sentido», remarca.

La preocupación por la gobernanza se ha disparado aún más al conocer que la ley no solo le va a dar más poder al rector (tendrá un tercio del voto en el claustro) sino también porque limita la acción de los Consejos Sociales.

«Esta ley hará que las universidades sean ingobernables», asegura el periodista Ángel Tristán. «Los Consejos Sociales son lo único que une a la Academia con la sociedad», asegura. También lo afirma el ex investigador de la ULPGC, Moisés González Arencibia, que insiste que el «Consejo Social es un buen sistema de control y es de los pocos que hay».

El Gobierno de Canarias puede contribuir y ayudar a atravesar esta crisis que requiere cambios profundos. Por un lado, puede aliviar la implantación de la LOSU en las universidades isleñas, modificando la ley en los aspectos que considere, y por otro, puede dotar de recursos económicos a la institución. De no ser así, las universidades seguirán remando solas tratando de respirar frente a la permanente crisis institucional.

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