La burocracia colapsa los ayuntamientos

«Los legisladores en Madrid han querido matar moscas a cañonazos y han entrado en la fase de pensar que todos los que trabajan en los ayuntamientos son unos ladrones a los que hay que controlar para que no se gasten el dinero en pipas de girasol». La queja puede parecer exagerada, pero es la sensación que tienen muchos alcaldes ante la burocracia que tienen que soportar las administraciones locales para realizar cualquier compra o adjudicar un contrato. 

Adquirir un bolígrafo, un paquete de folios o una garrafa de agua, algo que puede hacer un trabajador municipal con solo cruzar la calle hasta el bazar más cercano, puede llevar hasta 14 gestiones en las que deben intervenir una decena de funcionarios públicos y representantes políticos. La compra de una caja de lápices, por tanto, puede durar meses.  

La burocracia le resta a la economía canaria el equivalente a un 20% del PIB

El lamento sobre la diabólica maraña burocrática es de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), quien sostiene que las tareas fiscalizadores de las administraciones públicas, con el objetivo de evitar casos de corrupción, han derivado en actuaciones «absolutamente inmovilistas y contrarias a un buen servicio a los ciudadanos», pues el poco personal que tienen los ayuntamientos debe dedicarse casi en exclusiva a resolver todo ese papeleo. 

En una simulación realizada con la hipotética compra de una grapadora de cinco euros, en un municipio de tamaño medio de España, se ha llegado a la conclusión de que los materiales utilizados y el tiempo empleado por los funcionarios durante el procedimiento para adquirir ese material de oficina cuesta unos 200 euros, es decir, cuarenta veces más que el valor de la propia grapadora. 

Unas 80 calles de Santa Cruz de Tenerife se han estado asfaltando en los últimos meses y la población cree que es por la proximidad de las elecciones municipales, pero los expedientes para poder adjudicar esos trabajos se iniciaron en el año 2018. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explica que se ha necesitado todo ese tiempo para completar el procedimiento de licitación. «Para una obra que se va a ejecutar en cinco meses se requieren previamente cuatro años de burocracia», apunta.  

El regidor de Agüimes pone un ejemplo más sorprendente. Cuando su gobierno municipal tiene que comprar sardinas frescas para la fiesta de la Vará del Pescao en Arinaga también debe cumplir todos los requisitos de la Ley de Contratos Públicos del Estado, de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de España y, en Canarias, también para los siete cabildos insulares.  

Los alcaldes critican que los legisladores en Madrid piensen que los que trabajan en los ayuntamientos sean ladrones a los que hay que controlar

Con esa normativa en la mano, comprar una grapadora o unas sardinas frescas requiere los siguientes pasos: elaborar una propuesta de gasto por parte de un político o un trabajador; redactar una memoria en la que se explique el gasto con detalle; elaborar un informe que justifique la necesidad del gasto por parte del proponente; la propuesta de un responsable del contrato, que debe ser un trabajador municipal; la firma del responsable del contrato; la firma del alcalde o el concejal delegado; el expediente se envía a la Intervención municipal para proceder a la retención del crédito; el expediente es devuelto por el interventor a su inicio para la elaboración de un informe jurídico; la Secretaría del Ayuntamiento debe elaborar un informe sobre la legalidad del contrato menor y su no fraccionamiento; elaborar la resolución de aprobación del contrato menor, con la firma de la Secretaría y la Alcaldía; notificación de la resolución al proveedor y a los servicios económicos municipales; dar cuenta al Pleno del Consistorio; y subir el contrato menor a la Plataforma de Contrataciones del Estado. Si en vez de una compra se tratara de una obra, aparte de todos los pasos anteriores se necesitaría una memoria firmada por un técnico competente.    

«Desde las primeras elecciones democráticas venimos insistiendo en que la financiación es el tema fundamental de las administraciones locales, pero ahora soy partidario de que nos dediquemos exclusivamente a simplificar la capacidad de maniobra de los ayuntamientos como institución más cercana a los ciudadanos», comenta Óscar Hernández, también presidente de la Comisión de Hacienda de la Fecam. 

«En un ayuntamiento grande y con más recursos -añade Hernández- lo resuelven a duras penas y con retrasos, pero en los municipios medianos y pequeños es imposible». Es tal el papeleo y la falta de personal, asegura el edil, que en algunos casos los trámites para adjudicar un contrato se inician un año antes, pues si se deja todo para última hora «no dará tiempo de atender las necesidades del día a día». Eso afecta especialmente a las ayudas sociales, que se entregaban de forma casi inmediata y ahora están sometidas a esos largos procedimientos. 

«Antes de la modificación de esa ley, en el año 2017, se firmaba el decreto y se asignaban las subvenciones, pero ahora, con el control económico-financiero y la justificación, en Agüimes se tarda de 20 a 30 días, pero en otros sitios la entrega de una ayuda alimentaria que hace falta para el mismo día se puede retrasar varios meses», afirma Hernández, quien subraya que «por eso es imprescindible una modificación radical de las normas, que permitan la fiscalización, pero que sean más ágiles». 

El problema se complica si un gobierno municipal se tropieza con secretarios o interventores tiquismiquis a la hora de dar el visto bueno a los expedientes y las facturas, por excesivo celo en su trabajo o por estar enfrentados con los políticos de turno. Pagos a proveedores que deben realizarse en 30 días pueden retrasarse durante meses. 

Suministros

Si no existieran tantos requisitos intermedios, calculan desde la Fecam, una factura de suministros se podría pagar en una semana, pero el tiempo medio es superior a un mes y varía de unos ayuntamientos a otros, por lo que los alcaldes más rezagados en pagar o en contestar a los requerimientos de los vecinos «encima sufren el escarnio público y el reproche del Parlamento», admite con ironía Dámaso Arencibia, alcalde de Valleseco, uno de los ayuntamientos más pequeños del Archipiélago y, por tanto, más afectados por la normativa de contratos.    

Arencibia conoce bien el problema porque ha gobernando en Valleseco durante los últimos 16 años y, además, trabaja como técnico en el Consistorio de Tejeda, un municipio con aún menos población. «Los ayuntamientos pequeños lo sufren más; cuanto menos personal tenga, más complicado es llevar adelante la gestión», insiste. 

Los alcaldes de esos pueblos, frente a necesidades inaplazables como el pago de los recibos de la luz o la gasolina de los vehículos municipales, «tiran por el camino del medio y pagan las facturas», admite Arencibia. Eso tiene sus consecuencias, porque el interventor pone reparos a ese gasto y luego lo tiene que levantar el propio alcalde. Esos levantamientos de reparos deben pasar por elPleno, porque «de alguna manera se está forzando la legalidad», y luego se envían al Tribunal y la Audiencia de Cuentas. Es decir, todavía más pasos burocráticos.  

El alcalde de Valleseco dice que en la Ley de Contratos «no hay atajos», salvo que haya funcionarios temerarios. «No conozco ningún truco para hacerlo más rápido, solo depende de que se sea eficiente y del número de funcionarios para tramitar una contratación pública, pero por muy deprisa que vayas, los dos o tres meses no te los quita nadie», puntualiza. 

En relación al tiempo medio del pago a los proveedores, recuerda que ahora todas las facturas deben presentarse en la Plataforma de Contratación del Estado, lo que evita que los ayuntamientos las metan en un cajón hasta que haya fondos para pagarlas. Con ese sistema de retardo ya prohibido, algunos consistorios podían estar varios meses, incluso un año entero, sin abonar el dinero a las empresas de servicios.  

«El único atajo que se me ocurre ahora para retrasar los pagos es que los gobiernos municipales lleguen a un acuerdo de palabra con los proveedores para que presenten la factura en una determinada fecha», añade Arencibia, quien considera improductivo que, por ejemplo, para comprar un bolígrafo «se requiera un informe de necesidad del gasto, uno de fiscalización previa de los interventores para confirmar que existe ese documento de necesidad dentro del expediente, y otro informe de que se ha tramitado conforme al procedimiento de un contrato menor y que no se trata de un contrato recurrente, es decir, que no se repite en el tiempo, que no estamos comprando un bolígrafo hoy y otro mañana».  

Aparte de todo ese papeleo, este edil observa otro atasco añadido tras la modificación de la ley en 2017. En los municipios pequeños los pocos funcionarios están ocupados «en exclusividad» en redactar los informes trimestrales de fiscalización que hay que enviar de forma obligatoria al Ministerio de Hacienda.    

«Cada tres meses -detalla- hay que enviarle un informe sobre el periodo medio de pago, otro sobre la estabilidad presupuestaria y un tercero sobre el cumplimiento o no de las reglas fiscales, además de informes cuando apruebas el presupuesto y cuando lo liquidas». Arencibia dibuja un escenario «muy complicado» si a los 14 pasos para comprar la grapadora se le suman los informes que hay que subir a la Plataforma de Contratación y, además, estar al día en los requisitos de la Ley de Transparencia para el acceso a la información pública. 

«La nueva gobernanza ampara el principio de la transparencia y eso está muy bien, pero detrás de todas esas plataformas tiene que haber un funcionario dedicado casi en exclusividad en eso, resolviendo asuntos burocráticos en vez de estar agilizando los servicios a los ciudadanos; se nos imposibilita la contratación de nuevo personal, pero encima se carga con nuevas tareas a los pocos trabajadores», se queja.

Arencibia, y en eso coinciden los alcaldes y funcionarios consultados, pone en duda que todos estos controles acaben con los garbanzos negros de la administración pública. «El que quiera hacer trampas, ya buscará la forma de hacerlas; el que es corrupto lo seguirá siendo», concluye. 

La burocracia, apunta José Manuel Bermúdez, afecta por igual a ayuntamientos grandes, medianos y pequeños, pues «a más actividad municipal, más informes». En el caso de Santa Cruz de Tenerife, según su alcalde, el excesivo papeleo afecta sobre todo a los proyectos de obras y servicios. A modo de ejemplo, relata algunos de los pasos que ha tenido que dar el Consistorio desde 2018 para poder asfaltar ahora esas 80 calles de la ciudad. 

Concursos

En primer lugar, hay que convocar un concurso para la redacción de los proyectos, en el que se deben elegir a los técnicos que proyectarán las diferentes actuaciones de asfaltado. Una vez adjudicados esos concursos entre las empresas que acuden a la convocatoria, se empiezan a elaborar los proyectos, para a continuación abrir otros concursos públicos para la ejecución de las obras. Para ello, hay que valorar todas las ofertas que se presentan y elegir una.   

Todo eso, argumenta Bermúdez, lleva su tiempo, pero además es un proceso «plagado de incertidumbres», porque cualquier acto administrativo está sujeto a recursos y puede ocurrir que la elección del primer contratista propuesto por la mesa de valoración sea recurrida por el que queda en segundo lugar. Eso implica paralizar todo el procedimiento para esperar a que el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma se pronuncie.  

«La normativa es excesivamente garantista con respecto a los controles y muy poco garantista con respecto a la necesidad que tiene el ciudadano de que se den soluciones a los problemas», resume el alcalde santacrucero. A su juicio, en ninguna parte de la ley  se valora que una obra pública hay que realizarla con rapidez, pero por contra se ofrece «todo el tiempo del mundo» para presentar recursos y bloquear proyectos. 

Los funcionarios de los municipios pequeños deben dedicarse casi en exclusiva a la elaboración de informes para fiscalizar los contratos que se adjudican

Tras considerar que la actual burocracia es la «peor noticia» para un político, Bermúdez se muestra de acuerdo en los cálculos sobre el coste de la maraña administrativa, en particular el tiempo que pierden los funcionarios en el papeleo de la Ley de Contratos de Estado y que podrían dedicar a actividades más productivas para los vecinos, como agilizar las solicitudes de ayuda de la población más desfavorecida. En la pandemia, resaltó, se utilizó la vía de emergencia y se comprobó que las subvenciones se pueden entregar de forma rápida.   

Esta misma semana, las patronales canarias han dado a conocer un estudio que asegura que la burocracia y la hiperregulación le restan cada año 9.466,5 millones de euros a la economía canaria, el equivalente al 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma de 2019, el último año de normalidad antes de las crisis provocadas por el coronavirus, la invasión de Ucrania y la inflación.

Francisco Linares, alcalde de La Orotava y vicepresidente primero de la Fecam, también advierte de que la actual Ley de Contratos Públicos «tiene a la administración municipal totalmente colapsada». El regidor tinerfeño no propone que se derogue, pero sí que se flexibilice porque «no es normal que los presupuestos de los ayuntamientos no se puedan ejecutar al cien por cien porque en un año no hay tiempo efectivo para poder sacar a concurso el plan de inversiones».

Linares espera que el gobierno estatal que salga de las urnas a final de este año se dé cuenta de que la normativa actual es «muy densa y muy espesa», a lo que hay que sumar la escasez de personal público. «O se flexibiliza o la administración estará perdiendo la posibilidad de ejecutar las inversiones, con lo que eso genera en obra pública y en puestos de trabajo,  porque todavía estamos inmersos en una crisis y los ayuntamientos somos los principales impulsores de la economía local», opina. 

El regidor de La Orotava también incide en que los funcionarios municipales han dejado de ser un brazo ejecutor de inversiones para ser el brazo administrativo de la maraña burocrática, al dedicarse casi en exclusiva al papeleo. «Y es la ciudadanía quien lo sufre», avisa.  

Funcionarios

Casi todo lo que ocurre en los ayuntamientos se puede extrapolar a los cabildos, confirma el consejero de Hacienda de la corporación grancanaria, Pedro Justo, quien sostiene que la excesiva burocracia y la imposibilidad de aumentar la plantilla de funcionarios son las causas de que se retrasen muchas de las actuaciones.    

¿Y qué piensan los trabajadores? Los funcionarios y laborales consultados coinciden, en general, en que existe más burocracia de la necesaria, pero aportan matices respecto a las manifestaciones de los representantes políticos. 

Uno de estos profesionales de la administración recalca que «todo es relativo, porque con la misma ley unos ayuntamientos adjudican un contrato en tres meses y otros tardan un año». También señala que con iguales normativas de subvenciones, en 2015 se pagaban en dos meses y ahora se tardan cinco, seis y hasta siete meses, lo que atribuye a «la falta de liderazgo y de ganas de hacer las cosas rápidas».

No toda la burocracia es achacable a la normativa estatal, sino a la propia inercia de los ayuntamientos y cabildos. Ponen un caso clarificador. Desde 2009 se dictó un decreto para que no se pida el DNI en los procedimientos, pero a día de hoy se sigue pidiendo una fotocopia para cualquier trámite. Alguien que acude de forma reiterada a un ayuntamiento o un cabildo para solicitar una subvención, por ejemplo un representante de un club deportivo, tiene que entregar el DNI, por más que esa administración tenga decenas de copias de las anteriores peticiones. 

Las leyes de las Haciendas Locales, argumentan, reproducen el modelo de las normas del Estado, pero en muchos casos la diferencia está en cómo las aplican los funcionarios de turno. «Ahora mismo los interventores y otros órganos de control no tienen ningún incentivo para que el trámite sea lo más rápido posible, pero sí para poner problemas», afirman.

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