Ahora más que nunca, es el momento de la educación

Cada inicio de curso nos enfrentamos en Canarias a sentimientos encontrados: por un lado, la ilusión por un nuevo comienzo cargado de expectativas; por otro, la sensación de que los grandes desafíos de la Educación continúan esperando una respuesta decidida. En esta ocasión, para este 2025/2026, arrancamos con algunas novedades positivas, pero también con retos que no podemos seguir postergando.

En el lado positivo de la balanza, sería injusto ignorar los progresos alcanzados y los que están en marcha. La reducción del número máximo de estudiantes por aula acordada el pasado mes de abril con la Consejería de Educación para ser aplicada progresivamente a lo largo de este curso y los dos siguientes, así como el refuerzo de la presencia de especialistas de Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa, son pasos en la dirección correcta. En septiembre de 2027, cuando haya concluido su implementación, Canarias estará previsiblemente entre las comunidades autónomas con menores ratios alumnado/docente en las etapas de Infantil (16 alumnos en los grupos de tres años, 18 en los de cuatro y 20 en los de cinco), Primaria (22) y ESO (25).

Tampoco sería objetivo obviar que por fin se está prestando atención a la creciente burocratización del trabajo docente, problema que nos aparta del verdadero núcleo de nuestra profesión, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Somos conscientes de que es una cuestión que excede el ámbito de Canarias, pues responde en gran medida a las exigencias que han ido incorporando las sucesivas leyes orgánicas de Educación, pero existe margen para paliarla con las herramientas que ofrecen las competencias autonómicas. La nueva plataforma digital de gestión educativa Doramas, basada en el reconocido sistema Séneca implantado en Andalucía, puede resultar de gran ayuda en este sentido. Sin embargo, el instrumento llamado a ser clave es el plan de simplificación administrativa y de mejora de la gestión publicado recientemente por la Consejería. De la concreción práctica de sus medidas dependerá en buena parte el éxito de una misión en la que no sólo el profesorado, sino también el alumnado, se juega mucho.

En cualquier caso, los avances en estos frentes no nos deben hacer olvidar el resto de retos que tenemos por delante y que deben empezar a experimentar progresos significativos a lo largo de este curso. Uno de los que más debería preocuparnos es la capacidad del sistema para atender a una diversidad cada vez mayor. En apenas cuatro años, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ha aumentado un 30% y ya supone más del 12% del total. El esfuerzo de los docentes y los recursos destinados hasta ahora no logran compensar el desfase entre las necesidades reales y las medidas aplicadas. La actualización de la normativa que regula la atención a la diversidad, actualmente en marcha, es muy necesaria, pero no basta con ella ni con refuerzos puntuales; se necesita un plan de incremento de profesionales especializados en las aulas entre ellos, de Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa, pero también de Audición y Lenguaje, auxiliares educativos y técnicos de Educación Infantil, entre otros, así como aplicar descensos específicos de ratios por grupo en función del número de estudiantes con NEAE, revalorizar el trabajo individualizado con el alumnado de este perfil, habilitar aulas de desahogo para la autorregulación emocional, crear la figura de la persona coordinadora de inclusión en los centros e impulsar la formación continua del profesorado en materia de inclusión, neurodiversidad, diseño universal para el aprendizaje (DUA) y otras metodologías inclusivas.

Mención aparte merece la atención al alumnado migrante, especialmente al que llega sin conocer el idioma y sin familia ni redes que faciliten su integración. La inclusión de todo el alumnado es una prioridad del sistema educativo, pero, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, los recursos que se destinan a ello son claramente insuficientes. Existen estudios sobre el fracaso escolar del alumnado de este perfil en otros territorios y no son nada positivos. Resulta evidente que en nuestro archipiélago la realidad no es muy diferente. La Administración educativa canaria debe hacer más; para empezar, incrementar las horas de apoyo idiomático, que son muy escasas. No obstante, es inevitable experimentar una cierta sensación de abandono a las Islas en este aspecto. Por más que la llegada de estos menores se concentre en Canarias por su condición de frontera sur de la Unión Europa, en el mes de mayo, un 35% de los menores extranjeros no acompañados acogidos en España se encontraba en el Archipiélago. Es obvio que se trata de un asunto de Estado, por lo que el Gobierno central debe implicarse a fondo y garantizar más recursos. Es fundamental, además, que las diferentes administraciones autonómicas se corresponsabilicen.

No podemos olvidar tampoco que Canarias sigue rezagada en la extensión de la Educación Infantil pública de 0 a 3 años. El número de plazas ofertadas está aún por debajo de lo previsto a estas alturas, y esa carencia impacta en dos elementos fundamentales: el derecho de los niños a una educación temprana que favorezca la igualdad de oportunidades y la conciliación de las familias. Según los últimos datos, en el Archipiélago solo el 30% de menores de esta franja de edad está escolarizado, frente al 48% de media estatal. Hay que acelerar la habilitación de aulas para recuperar el terreno perdido.

Por último -la exposición de necesidades podría continuar pero estas líneas son limitadas-, es imprescindible cuidar al profesorado. Somos el pilar sobre el que se asienta la calidad del sistema educativo. Sin embargo, llevamos tres lustros acumulando pérdidas de poder adquisitivo (10 puntos porcentuales desde 2020) y varios años con complementos congelados, y sufrimos una tasa de temporalidad en el empleo que, pese a los procesos de estabilización, ronda el 30%. Miles de interinos siguen pendientes de sus nombramientos, con la consiguiente incertidumbre vital. Los sexenios (complemento por formación permanente) continúan sin cobrarse hasta el mes de enero del año siguiente al de su cumplimiento. En este contexto, reclamar mejoras retributivas y estabilidad no es pedir privilegios, es reclamar lo justo para enseñar en condiciones adecuadas.

Lo señalado en este artículo puede sonar a catálogo de quejas, pero realmente es una llamada a pensar la educación desde una perspectiva global y a apostar por ella de manera firme y sostenida. Para ello, es imprescindible un mayor esfuerzo inversor. Tres años después del vencimiento del plazo establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria para que la financiación del sistema educativo alcance al menos el 5% del PIB de las Islas, continuamos lejos de ese objetivo. Los datos macroeconómicos de Canarias son buenos, el límite de gasto de la Administración autonómica aumenta, y esto debe reflejarse en nuestra enseñanza pública.

Siempre es el momento de la Educación, pero ahora más que nunca. Es hora de convertirla, de verdad, en una prioridad.