La judicialización del territorio en Canarias

El territorio es el recurso más limitado de Canarias. Como casi todo el mundo sabe no es renovable, no se expande y condiciona cualquier modelo económico y social. Sin embargo, pocas áreas reflejan históricamente mejor las fallas de la administración canaria que la gestión urbanística y territorial, marcada durante décadas por la improvisación, la inseguridad jurídica y el cortoplacismo político pese a su extensísima regulación.

En Canarias no falta nunca una planificación: sobran planes que no se ejecutan o que nacen ya obsoletos. El urbanismo se ha convertido en un proceso lento, frágil y altamente judicializado, donde cualquier decisión puede quedar bloqueada durante años.

Lo común es encontrarse con planes que nunca llegan y sentencias que lo paralizan todo. La elaboración de planes generales y planes territoriales se ha convertido en una carrera de obstáculos. Procedimientos interminables, evaluaciones ambientales duplicadas, cambios legislativos constantes y una falta crónica de medios técnicos han provocado que muchos municipios operen durante años y años con planeamientos desfasados o directamente anulados en los tribunales.

Canarias registra desarrollos cuestionables, mientras bloquea actuaciones necesarias con el argumento ambiental"

El efecto es devastador: inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones. Construir vivienda, renovar infraestructuras o rehabilitar espacios urbanos se convierte entonces en una apuesta incierta, dependiente de interpretaciones cambiantes y recursos judiciales.

La protección ambiental se convierte en un discurso impecable con una ejecución deficiente.

Canarias se presenta como una referencia en protección del medio natural. Sobre el papel, la normativa es tan extensa como ambiciosa. En la práctica, la gestión es errática. La falta de planificación ha permitido durante años desarrollos cuestionables, mientras se bloquean actuaciones necesarias con el argumento ambiental. El problema por tanto no consiste en proteger el territorio, sino no decidir qué se protege, cómo y con qué criterios. La ausencia de una visión clara abre la puerta a arbitrariedades y también a conflictos permanentes.

No extraña que entre los canarios se extienda la perniciosa sensación de que el turismo es primero y los residentes vienen después. El urbanismo canario ha estado orientado a facilitar el necesario desarrollo turístico, muchas veces sin integrar adecuadamente las necesidades residenciales que ese mismo crecimiento genera. El resultado es visible: municipios con infraestructuras pensadas para visitantes y falta de vivienda, servicios colapsados y espacios públicos degradados.

Los escándalos urbanísticos del pasado han dejado una huella profunda en la administración y extendido el miedo a decidir"

Esta lógica ha generado una profunda contradicción: el territorio se explota económicamente, pero no se ordena socialmente. Las administraciones han permitido crecer sin prever las consecuencias y ahora gestionan la escasez con parches que propician la degradación de una actividad que es necesaria para mantener el bienestar social.

La corrupción, la sospecha y el miedo a decidir planea sobre el territorio. Los escándalos urbanísticos del pasado han dejado una huella profunda en la administración. En lugar de reforzar la transparencia y la profesionalización, la respuesta ha sido muchas veces el miedo a decidir. No pocos técnicos y cargos públicos prefieren retrasar o no resolver antes que asumir el riesgo de tomar decisiones. Este clima de sospecha permanente ha contribuido a la parálisis. El urbanismo se termina por gestionar más desde el temor a la acción judicial que desde el interés general.

Si la administración no planifica, el territorio se ordena solo. Y lo hace mal. Aparecen asentamientos irregulares, infraestructuras improvisadas, degradación ambiental y desigualdad territorial. Luego llegan las regularizaciones de urgencia, los conflictos y los sobrecostes. Canarias no ha fallado por falta de normas urbanísticas, sino por incapacidad para aplicarlas con coherencia, continuidad y valentía política. Ordenar el territorio implica decidir, y decidir implica asumir responsabilidades.