Los trabajadores ausentes cuestan 3.000 millones a las empresas de Canarias

El número de personas que se ausenta de su puesto de trabajo se ha incrementado de forma notable en Canarias desde la pandemia. Cada día, alrededor de 70.000 trabajadores no acuden a realizar su labor profesional en el Archipiélago –ya sea por causas justificadas o injustificadas–, lo que eleva la tasa hasta el 9% en el caso de las Islas. No solo la región se sitúa por encima de la media estatal –en 2,1 puntos–, sino que se posiciona como una de las tres autonomías en las que los valores son más altos. Una situación que las patronales no paran de poner sobre la mesa, marcándola como uno de los problemas que está lastrando la actividad de las empresas canarias y que supone un peso extra para el despegue de la economía de la región.

Pero, ¿cuáles son las causas de que el absentismo laboral se haya elevado tanto en los últimos años en las Islas? ¿Es, realmente, un problema tan grave para el mercado laboral del Archipiélago? Sobre esto, –como en casi todo– las asociaciones empresariales y los sindicatos tienen posiciones contrapuestas que dificultan el entendimiento y la puesta en marcha de medidas para tratar de mitigar una situación que cada año genera 3.000 millones de gasto para los empleadores de las Islas.

Primero, se debe concretar el término. ¿Son absentismo todas las ausencias al trabajo? En realidad, existen varias razones por las que un trabajador no acude a su puesto de trabajo y estas pueden ser justificadas (a través de una baja médica, por ejemplo) o injustificadas, cuando se falta sin ninguna razón aparente. De ese 9% de trabajadores que no acude cada día a su puesto de trabajo en Canarias, apenas el 1% lo hace sin una causa justificada. El otro 8% no desempeña su labor profesional por encontrarse en una situación de incapacidad temporal (IT), ya sea por una enfermedad común –en la mayoría de las ocasiones– o por verse afectado por una patología profesional. En los últimos años, se ha extendido la utilización del término absentismo para englobar todas estas situaciones, ya que las patronales empresariales insisten en que cualquier tipo de ausencia tiene efectos similares y sobrecostes en la actividad.

Jornadas perdidas

Para dimensionar el problema basta con analizar el número de horas trabajadas que se pierden solo por las ausencias de aquellos trabajadores en situación de incapacidad temporal. En Canarias, a lo largo de todo el 2025 se perdieron 22,8 millones de jornadas. Y las empresas insisten en que el coste del absentismo va mucho más allá que de los costes directos, a través del complemento salarial que muchas de ellas pagan a los trabajadores que están de baja o por lo que tienen que sufragar durante la primera parte de las incapacidades temporales. La pérdida de productividad, la reorganización de la actividad y el deterioro de la calidad de los servicios que prestan representan la mayor parte del impacto económico que tienen que asumir cuando parte de sus plantillas no acude a trabajar.

¿Cuál es la radiografía del absentismo por situaciones de incapacidad temporal en Canarias? De acuerdo con el último informe elaborado por Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), las cifras se han visto incrementadas en 0,8 puntos desde el año pasado. El 94% de todos los procesos están vinculados a enfermedades comunes –que se han incrementado un 115% desde 2021–, mientras el 6% restante se corresponde con patologías o accidentes profesionales, que se reducen un 27%. Las razones que motivan más bajas por contingencias comunes son las patologías muscoesqueléticas, las lesiones y en tercer lugar los trastornos psicosociales, que se han convertido en el principal motor del avance de estos procesos. De media, cada trabajador permanece de baja entre 45 y 46 días y son más propensos a faltar al trabajo aquellos que tienen entre 45 y 54 años. El informe indica que si no se toman medidas el porcentaje de bajas seguirá aumentado en Canarias, que continuará por encima de la media nacional.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, detalla que se trata de un problema acuciante para el que se tiene que actuar a la mayor brevedad posible. «Necesitamos que la concertación social deje de ser un escenario de buenas intenciones para convertirse en un espacio real de soluciones compartidas. Con compromiso de todas las partes, con medidas concretas y con la urgencia que la situación exige», aseguró.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, detalla que se ha producido un cambio «brutal» después de la pandemia y las causas «no hay que buscarlas en las condiciones de trabajo, porque son otras». Bajo su punto de vista, el sistema para acceder a las bajas «se ha ido relajando», ya no se tiene que comunicar el motivo a las empresas y la gestión del tratamiento se ha vuelto todavía más ineficaz. «Faltan inspectores médicos porque no se dan de alta a las personas que ya están bien», recalca y apunta que un 35% de las propuestas de alta que emiten las mutuas ni siquiera recibe una respuesta por parte del servicio público de salud.

Factores

Respecto a las causan que pueden estar detrás de que el absentismo se haya incrementado más en Canarias respecto al conjunto del país, el dedo acusador de las patronales, por un lado, y el de los sindicatos, por el otro, apunta a sitios diferentes. «El empleo ha crecido en Canarias y, solo por eso, numéricamente hay mayor índice de IT», valora la secretaria general de Comisiones Obreras (CC OO) en Canarias, Vanesa Frahija. «Si a esto le añadimos un sistema de producción prácticamente sin automatización y una sobrecarga brutal para desempeñar las funciones, nos da una idea de la realidad», añade. Por eso, aboga por que se invierta en salud laboral y se desplieguen medidas para evaluar las condiciones de trabajo.

«Lo que se está haciendo es criminalizar al trabajador por cogerse una baja y nosotros creemos que, en ningún caso, es por voluntad del trabajador», sostiene el secretario de Organización y Comunicación de UGT en Canarias, Héctor Fajardo. Para él, la deficitaria financiación del sistema sanitario público a nivel autonómico y la mayor sensibilización y concienciación respecto, por ejemplo, de las enfermedades de salud mental, hacen que los trabajadores «estén priorizando su salud a ir a trabajar enfermos». Y añade que la campaña iniciada por las patronales para poner el absentismo en el foco de la opinión pública –con el objetivo de ejercer presión para limitar las subidas salariales y las cláusulas de compensación de la IT al 100% que existen en los convenios colectivos– lo que genera «es que la gente tenga miedo y acuda a trabajar enferma». Algo que, asegura, a la larga redunda en procesos más largos y, por ende, en una caída de la productividad.

Por eso, las recetas que proponen unos y otros para abordar la situación del absentismo en Canarias son también diferentes. «Nosotros apostamos por hacer un estudio de las causas, que ya se está haciendo, y fijar líneas de actuación de forma conjunta», detalla Fajardo. «Lo que nos preocupa y se debería hacer es evaluar las condiciones de trabajo, invertir en salud laboral y reconocer enfermedades profesionales que no están reconocidas en Canarias», valora Frahija, quien añade que «me gustaría saber cuanto dinero invierte cada empresa en salud laboral, nos llevaríamos una sorpresa porque invierten lo mínimo exigible».

Diagnóstico vs acción

Pero para las patronales el tiempo del diagnóstico ya ha pasado y la situación es tan preocupante que se deben tomar ya medidas que la mitiguen. «Llevamos demasiado tiempo diagnosticando y demasiado poco actuando», apunta el presidente de CEOE-Tenerife. El reto que tiene por delante Canarias en su mercado laboral «no se resuelve solo ni se resuelve rápido. Pero tampoco se resuelve mirándose unos a otros esperando que alguien dé el primer paso».

En el sector de la construcción, cuyas patronales sectoriales también han denunciado la alta incidencia destás bajas y cómo estas afectan a la actividad, asegura haber realizado en los últimos años un esfuerzo importante para mejorar la seguridad laboral y reducir la siniestralidad. «Ahora, el reto pasa por abordar de forma conjunta, con todos los agentes sociales y públicos, el impacto de las contingencias comunes, reforzando la prevención, la ergonomía y la coordinación entre empresas, mutuas y sistema sanitario», señala el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo.

Entre las medidas que desde las patronales y las mutuas se querrían poner en marcha se encuentran una mejora de la gestión de las propuestas de altas médicas y la actuación sobre los procesos reincidentes, así como un refuerzo de la coordinación del Servicio Canario de Salud (SCS), la Seguridad Social y las mutuas, con el objetivo de ampliar el papel que estas últimas cumplen en la tramitación de los procesos de incapacidad temporal. Las mutuas quieren, y lo llevan reivindicando muchos años, una mayor participación en los procesos por enfermedades comunes, pudiendo no solo realizar pruebas diagnósticas, sino también dar el alta a los trabajadores que se encuentren ya capacitados para volver al trabajo. Una situación que se ha encontrado siempre frente a la oposición de los sindicatos. «Nosotros creemos que la tramitación de las altas y las bajas tiene que seguir estando al 100% en manos públicas», resalta Fajardo y asegura que cuestionar el sistema actual –aunque pueda ser lento e ineficaz en muchos procesos por la falta de financiación– «es un ataque directo a los médicos, que son quienes dan las bajas, no es que el trabajador no vaya a trabajar porque no quiere».

Cooperación

Sin embargo, las mutuas insisten en que si se potenciara su papel en la gestión de los procesos de incapacidad temporal podrían reducirse el tiempo medio de los procesos de baja, al acelerarse muchos de los tratamientos necesarios para reponer la salud de los trabajadores. No se trata, insisten, de mandar a trabajar a personas que se encuentren enfermas, sino en reponerlas de una manera más rápida para que puedan incorporase antes.

Pero, ¿qué dice la administración pública sobre este tema? El Gobierno de Canarias ha creado una mesa de trabajo para abordar, conjuntamente con patronales y sindicatos, la situación y tratar de proponer soluciones que ayuden a mitigar su incidencia. No obstante, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, sostiene que la administración, primero, tendría que abordar las ausencias al trabajo que existen entre sus propios empleados públicos. «Si no interiorizan su propio problema, ¿cómo van emitir leyes que ayuden a mitigarlo en el sector privado?», se preguntó. Una ausencias que, según Mañaricua, duplican a las del sector privado y que suponen un grave perjuicio para los ciudadanos, que dejan de recibir servicios públicos necesarios, en un momento en el que, además, deberían ser mejores que nunca, ya que la recaudación tributaria se encuentra en máximos históricos.

Lo que está claro es que el Archipiélago lidera el absentismo en España, mientras se disparan las bajas por enfermedad común y salud mental. Una situación que tensiona a las empresas y que, si no se toman medidas, no se ven señales claras de que la tendencia vaya a disminuir.

Y conviene abordarlo porque se trata de la salud de los ciudadanos y se requiere de un sistema que sea más eficaz en aportarles el tratamiento necesario, ya no solo para que puedan volver a ejercer su labor profesional, sino para que puedan recuperar la salud y su vida no esté condicionada por su patología. Además, el pago de las prestaciones de incapacidad temporal supone un gasto público que va en aumento año tras año. Solo en 2024, la Seguridad Social invirtió casi 450 millones de euros en pagar las prestaciones por incapacidad temporal de los trabajadores que las requirieron en Canarias. Un año antes la cantidad fue de 370 millones, de acuerdo con el informe anual de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat).

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