La vivienda, el gran desafío

Hay problemas que no necesitan ser reinventados, sino resueltos. Y el acceso a la vivienda es uno de ellos. En este sentido, llevamos un tiempo confundiendo el debate sobre la vivienda con el debate sobre la propiedad. Es cierto que son aspectos relacionados, pero no son la misma cuestión, porque que una vivienda sea de propiedad privada no explica por sí mismo que resulte inaccesible para una parte de la población. Pero dividir las viviendas existentes, fragmentarlas o intervenir permanentemente sobre su titularidad tampoco crea una sola vivienda nueva, siendo la cuestión fundamental mucho más sencilla. Aquí es donde aparece la tozudez de reinventar el fuego. En lugar de afrontar el problema de raíz, buscamos soluciones cada vez más sofisticadas para repartir un recurso que ya es escaso.

Se plantean fórmulas de intervención sobre el mercado, nuevas regulaciones, límites, incentivos, cambios en los usos o mecanismos de redistribución. Algunas pueden ser útiles y necesarias en determinadas circunstancias, pero ninguna de ellas sustituye a la necesidad básica de disponer de más oferta, porque una vivienda que cambia de propiedad sigue siendo una vivienda. Una vivienda cuyo precio se regula continúa siendo una vivienda. Y una vivienda que pasa de un mercado a otro tampoco aumenta. Y, mientras, la demanda sigue aumentando. Construir, en cambio, sí aumenta el parque residencial. La afirmación puede parecer demasiado elemental. Precisamente por eso conviene repetirla. Si una sociedad necesita más viviendas, tiene que construir más viviendas, y en Canarias esta cuestión adquiere una dimensión que va mucho más allá del mercado inmobiliario. Se ha convertido en un desafío social y generacional.

Detrás de cada vivienda que falta hay también un proyecto de vida que se retrasa. Una generación puede formarse, encontrar empleo, desarrollar una carrera profesional y, sin embargo, no puede permitirse asumir el coste de independizarse. Es ahí donde la emancipación deja entonces de ser una decisión personal para convertirse en una cuestión condicionada por el mercado residencial. Por eso, el problema de la vivienda termina convirtiéndose así en un problema demográfico, económico y social.

Canarias no puede permitirse que el acceso a una vivienda dependa cada vez más de haber heredado una o de disponer de ayuda familiar. Tampoco puede plantearse el problema exclusivamente desde la protección de quienes ya tienen una vivienda. Hay que pensar también en quienes todavía no la tienen. Y ahí vuelve a aparecer la necesidad de aumentar la oferta. Esto no significa que construir sea suficiente para resolver todos los problemas relacionados con la vivienda. El precio del suelo, los costes de construcción, la financiación, la disponibilidad de suelo urbanizable, la planificación territorial, la fiscalidad, los tiempos administrativos y los distintos usos del parque residencial forman parte de una ecuación compleja, pero la complejidad no debería servir como excusa para ignorar lo evidente.

Vivienda pública, sí. Vivienda protegida, sí. Rehabilitación, sí. Movilización de viviendas vacías cuando sea viable, también. Medidas para facilitar el alquiler y proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, igualmente. Pero junto a todo ello debe existir una política decidida de incremento de la oferta residencial, porque si la demanda sigue creciendo y el número de viviendas disponibles no lo hace al mismo ritmo, cualquier acción basada exclusivamente en redistribuir las viviendas existentes estará intentando resolver una escasez sin atacar su causa, pudiendo generar el resultado contrario al deseado.

Ahora bien, la urgencia no debe hacer desaparecer el criterio. Canarias necesita encontrar un equilibrio entre crecimiento residencial, protección territorial, sostenibilidad, movilidad y calidad urbana. Necesita aprovechar mejor los espacios ya transformados, favorecer la regeneración de los núcleos existentes y evitar que la respuesta consista simplemente en consumir nuevo territorio.

Construir más vivienda debe ir acompañado de planificación, infraestructuras y servicios públicos, sabiendo que no construir tiene también un coste territorial y social que pocas veces aparece en el debate. Cuando una persona no puede vivir cerca de su lugar de trabajo, porque no puede pagar una vivienda, se ve obligada a desplazarse más lejos. Cuando no puede emanciparse, permanece más tiempo en el hogar familiar. Cuando una pareja no puede asumir el coste de un alquiler, retrasa decisiones vitales. Cuando las plantillas no encuentran vivienda asequible en las zonas donde existe empleo, aumenta la movilidad obligada, y es ahí donde la escasez residencial también genera desigualdad. Por eso, defender una mayor construcción de viviendas no debería interpretarse como una defensa ciega del mercado inmobiliario.

Es, fundamentalmente, una defensa de la capacidad de una sociedad para generar oportunidades de vida. Por eso, el debate debería abandonar algunos falsos dilemas.

No hay que elegir entre propiedad privada y derecho a la vivienda. No hay que enfrentar necesariamente a propietarios e inquilinos. No hay que escoger entre vivienda pública y vivienda privada. No hay que contraponer regulación y construcción.

Hay que utilizar todas las herramientas disponibles, pero sin olvidar cuál de ellas tiene la capacidad de aumentar el número de viviendas. Y quizá esa sea la parte más incómoda del debate, dado que la solución fundamental no es especialmente sofisticada. Si faltan viviendas, hay que construir viviendas.

La metáfora del fuego sirve precisamente para recordarlo. Podemos pasar años discutiendo cómo repartir mejor el fuego, quién debe custodiarlo, cuánto debería costar o quién tiene derecho a utilizarlo. Pero si lo que ocurre es que no hay suficiente fuego, quizá lo razonable sea volver a lo esencial. No hace falta reinventarlo. Hay que encender más. Y para eso, hace falta más leña. En todos los sentidos.

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