El Gobierno del PP convalidó ayer con el rechazo de Coalición Canaria y con el único apoyo de CiU su primer paquete de medidas económicas de esta legislatura, que incluye una subida de impuestos sobre la renta y el capital, la congelación del salario de los funcionarios y la reducción del gasto en 8.900 millones de euros. El pleno del Congreso aprobó por 197 votos a favor, 138 en contra y 4 abstenciones el Decreto Ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público y que el Ejecutivo ha calificado de "ponderado y equilibrado".

El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, reiteró que la subida del IRPF y del IBI durante dos años es "temporal y excepcional" y pidió sacrificios a los ciudadanos para superar urgentemente la crisis y empezar a crear empleo. Montoro aseveró que se trata del mayor ajuste presupuestario de la historia de la democracia y recalcó que no recae "ni un ápice" sobre los más débiles.

Recriminó al anterior gobierno socialista haber engañado y ocultado a los ciudadanos la desviación del déficit público en 2 puntos porcentuales del PIB en 2011 y afirmó que conocieron los datos unos días después de llegar al Gobierno, y por medio de los servicios técnicos del Ministerio. No obstante, insistió en que el Ejecutivo adoptará medidas correctoras en todas las administraciones públicas.

Impuestos

Montoro dijo que el Ejecutivo no quiso elevar los impuestos que recaen sobre el consumo ni sobre las capas sociales que más han sufrido la crisis, como empresarios y autónomos.

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, aseguró que el PP conocía y tenía todos los datos acerca de la "senda del ajuste fiscal" antes de las elecciones y le recriminó haber "consumado un engaño objetivo" y haber ocultado las medidas que sabía que iba a adoptar. Acusó al Gobierno de hacer una reforma fiscal "injusta, regresiva e ineficiente" y ha dicho que ahondará en la recesión y el paro y en el castigo a los asalariados.

También criticó que se incentive de nuevo la burbuja inmobiliaria con el restablecimiento de la desgravación en el IRPF por compra de vivienda habitual.

Por su parte CiU dio su apoyo al texto argumentado "coherencia y rigor económico" ante la profunda crisis económica que sufre España. El portavoz adjunto de este grupo, Josep Sánchez Llibre, precisó que el voto favorable es consecuencia de una decisión de "coraje político", pese a que no comparten la subida del IRPF aprobada por el Gobierno y confía sea transitoria. Pedro Azpiazu, portavoz del PNV advirtió de que el ajuste hará superar los cinco millones de parados y no cubrirá la desviación del déficit público. El coordinador de IU, Cayo Lara, criticó que los recortes carguen contra el empleo y ataquen a los servicios públicos.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo reprochó al Gobierno que no haya tomado medidas para reducir el gasto de las comunidades autónomas.