El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este miércoles que no está "claro jurídicamente" que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España a liberar a la etarra Inés del Río Prada "sea ejecutiva".

"Hay doctrina muy diversa en cuanto al alcance ejecutivo que tienen esas sentencias, hasta qué punto anulan o no, afectan o no, a las sentencias de los tribunales españoles", ha afirmado el ministro antes de clausurar la primera conferencia Euromed.

Tras reiterar que España recurrirá la sentencia, ha manifestado que es posible que el Tribunal de Estrasburgo la mantenga y ha recordado que el fallo "lo que ha hecho ha sido declarar que se había vulnerado el artículo 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

"El Gobierno va a recurrir. Vamos a intentar jurídicamente la suspensión de los efectos derivados de esa sentencia por considerar que el planteamiento del recurso así lo hace necesario en la medida en que las consecuencias que se derivarían de que eso fuera aceptado serían irreparables porque esta etarra, con toda seguridad, se fugaría", ha insistido.

A su juicio, es "un escarnio para la sociedad" y una "ofensa" que el tribunal de Estrasburgo le diga "al conjunto de los españoles que tienen que indemnizar con 30.000 euros por daños morales a una persona que ha matado a 24 personas".

España no va a pagar "ni un duro"

En este sentido, ha mantenido que España no va a pagar "ni un duro" porque hay que ver las responsabilidades civiles accesorias que tiene Del Río como consecuencia de las acciones terroristas en las que participó de forma activa o fue cooperadora necesaria.

Fernández Díaz opina que España tiene "argumentos jurídicos más que suficientes" para mantener en prisión a la etarra, condenada a 3.828 años de cárcel. Por ello, ha avanzado que la Abogacía general del Estado ya está trabajando en ello.

Desde su punto de vista, en este caso ha habido "una manera distinta de interpretar la misma Ley a efectos de computar lo que esa Ley significa en cuanto a la condena que debía cumplir".

El titular de Interior también ha dicho que es "llamativo" que habiendo un magistrado español "que ha ocupado altas responsabilidades en la Administración judicial española" y en la constitucional, además de haber sido diputado autonómico y secretario de Estado de Justicia con el PSOE, no haya informado "bien" al Tribunal de Derechos Humanos de que el Tribunal Supremo y el Constitucional "no habían violado ningún artículo del Convenio Europeo de derechos Humanos".

Finalmente, ha resaltado que el Gobierno es "respetuoso" con las declaraciones y las sentencias de los tribunales, pero ha advertido de que hay que tener "muy claro el alcance de las mismas y hasta qué punto son vinculantes o no".

"Aquí sí que vamos a aplicar un principio clarísimo: 'in dubio' de los españoles. Eso significa garantizar su seguridad y el Estado de Derecho, que cumplan la sentencia que han dispuesto los tribunales españoles: la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo", ha concluido.