La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado hoy citar como imputada a la infanta Cristina en la investigación sobre el Instituto Nóos, como había pedido el sindicato Manos Limpias en calidad de acción popular, y ha criticado a esta última organización por actuar con "demagogia".

En su día, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, rechazó también por dos veces imputar a la infanta en esta pieza judicial en la que se investiga el supuesto desvío de 5,8 millones de euros de las comunidades autónomas de Baleares y Valencia cuando Iñaki Urdangarin presidía Nóos.

En esas ocasiones, el magistrado desestimó la imputación de la esposa de Urdangarin porque en aquel momento no se había "constatado" la existencia de indicios de criminalidad contra ella, posición compartida también por la Fiscalía Anticorrupción.

Según han informado a Efe fuentes del caso, la sección segunda de la Audiencia apoya en el auto notificado hoy los argumentos esgrimidos por Castro para rechazar la imputación y considera que son exhaustivos y razonados.

En su segunda resolución al respecto, el juez del caso Nóos reiteró que no había ninguna prueba ni ningún testimonio que implicara a la infanta en las supuestas irregularidades detectadas en la entidad sin ánimo de lucro.

En el auto de hoy, la Audiencia también critica el recurso de apelación presentado por Manos Limpias para pretender la imputación de la infanta, del que dice que no está "exento de grandes dosis de grandilocuencia, cuando no de demagogia", han indicado la mismas fuentes.

La resolución de la Audiencia, de unas diez páginas, reproduce los argumentos de Castro y echa en cara a la acción popular no haber expuesto en su recurso de apelación los delitos por los que se pretende que se cite a la infanta como imputada.

Añade que en el derecho penal las imputaciones tienen que ser "en positivo", es decir, en base a delitos y hechos concretos, y no solo con el objetivo de que se investigue algún aspecto del proceso.

La hija del rey formó parte del Instituto Nóos en calidad de vocal, pero el fiscal anticorrupción alegó en su día que las decisiones las tomaba un comité de dirección en el que no figuraba la infanta, y que no consta que la junta rectora -en la que sí estaba como miembro- aprobara las líneas de actuación del organismo.

El ministerio público también argumentó que la responsabilidad penal es personal y, por ello, la infanta no debe responder penalmente de los actos supuestamente ilícitos de su marido.

Respecto a Aizoon, la empresa que comparte al 50 por ciento con su marido y que supuestamente sirvió para desviar dinero público, la Fiscalía apuntó que la infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en ella y que su vinculación es meramente a nivel societario.

La misma línea siguió la acusación particular personada en la causa, la de la Comunidad Autónoma de Baleares, que rechazó una posible imputación de la infanta al considerar que no hay indicios de que haya participado en nada ilícito relacionado con Urdangarin.

El PP balear, personado como acción popular, también se opuso a que fuera citada "como imputada, ni como testigo".

En su comparecencia ante el juez Castro durante los días 25 y 26 del pasado mes de febrero, el duque de Palma manifestó que la infanta no tenía "nada que ver" en las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos recabados por el Instituto Nóos.

La infanta Cristina y su esposo, junto con sus cuatro hijos, residen en Washington desde el año 2009, donde Iñaki Urdangarin trabaja para la multinacional Telefónica.