El Gobierno ha repartido hoy entre las Comunidades Autónomas 47 millones para cubrir los servicios sociales de atención básica que prestan las corporaciones locales, una partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado y que se ha reducido un 45,4 por ciento respecto al año anterior.

Este es uno de los asuntos que se han abordado hoy en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, a la que ha asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros del ramo, que volverán a reunirse esta tarde para debatir la reforma de la ley de Dependencia.

En concreto, la cantidad que se ha distribuido entre las Comunidades ha sido de 47,3 millones de euros, un 45,4 % menos que el año anterior, como consecuencia del ajuste y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a los objetivos de déficit comprometidos.

Pero esta partida que llegará a las corporaciones locales, aunque ha disminuido, permitirá, según el Ministerio, que se mantengan y sigan con sus actividades centros como comedores sociales, de estancia diurna, minirresidencias o pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia.

A esta cantidad total, según fuentes del Ministerio, hay que sumar 200.000 euros, como consecuencia de la ampliación del crédito a Ceuta y Melilla en 100.000 euros cada una, según acordó el Consejo de Ministros.

Esta partida a las Comunidades permitirá, según el Ministerio, dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas, dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales y consolidar la red de servicios sociales municipales con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

El Ministerio, además, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), cofinanciará el programa de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Ceuta (979.480 euros) y Melilla (733.484).

En la Conferencia Sectorial de esta mañana, también se ha acordado que las comunidades reciban 550.000 euros para desarrollar sus respectivos programas contra la marginación del colectivo gitano, unos proyectos que tendrán que realizarse en relación a la educación, empleo, salud y vivienda para su integración social.

Junto a estas medidas, también se ha abordado un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales para fijar unos criterios mínimos de calidad para todo el Estado. Una cuestión en la que, según fuentes del Ministerio, ha habido consenso para que se tramite con celeridad.

En el borrador se determinan los servicios básicos y los complementarios y se distingue también entre prestaciones de servicios (de información, valoración, de atención telefónica, protección de menores y atención psicosocial, entre otros) y las económicas (como las rentas mínimas, ayudas de emergencia, a víctimas de violencia de género y a personas en situación de dependencia).

Esta tarde, la ministra y los consejeros volverán a reunirse para debatir la reforma de la Ley de Dependencia, que plantea el Gobierno; hasta ahora las personas dependientes tenían que contribuir a los servicios que recibían en función de sus ingresos, y con la modificación el cálculo también se prevé realizar con el patrimonio.

Un 15% menos para Atención a la Dependencia

La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recoge igualmente un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, unas prestaciones que según la norma debían ser excepcionales y que se han generalizado.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, que ha atendido a los medios de comunicación tras abandonar el Consejo Territorial de Dependencia que reúne esta tarde en Madrid a la ministra Ana Mato y los responsables autonómicos del ramo para analizar la reforma que, según las previsiones del Gobierno, debiera aprobarse este viernes en Consejo de Ministros.

Rojas ha explicado que, además del citado recorte, pensado "para desincentivar los cuidados familiares", se primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90 por ciento de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas atendidas y, el diez por ciento restante, será para las que más servicios (plazas residenciales, por ejemplo) mantengan.

Asimismo, ha apuntado otras medidas previstas en la reforma, como la eliminación de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.

En cuanto al Real Decreto que revisará el copago, asunto que también se ha visto en la reunión, Rojas ha apuntado que "se ha mejorado" el texto inicial incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y ha concretado que se ha aumentado finalmente el tramo fijado del IPREM como referencia de la capacidad económica del usuario "para que las personas con menos renta no paguen tanto".