La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha planteado en el Parlamento que se realicen las reformas necesarias para "restaurar la confianza en las instituciones" y ha apelado a los partidos a recuperar y a no malgastar los "esfuerzos" que se hicieron durante la transición democrática.

La Defensora ha entregado en el Congreso y en el Senado la Memoria Anual de la institución, que gestionó 280.592 expedientes en 2012, una cifra que se ha disparado respecto al año anterior por el gran número de escritos presentados en relación con los recortes aplicados en política sanitaria y en la paga extra de los funcionarios.

Tras entrevistarse con el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, Becerril ha expresado su deseo de que los grupos parlamentarios "alcancen trascendentales acuerdos" y que se apliquen "las reformas necesarias para restaurar la confianza en las instituciones, que son pilares fundamentales del estado social y democrático de derecho".

"En grandes momentos hay que llegar a grandes acuerdos, y algunos de ellos son imprescindibles para restaurar esa confianza en todas las instituciones del Estado" ha dicho la defensora, quien ha recordado que "detrás de una queja hay un ciudadano", con una inquietud y un problema.

El número de quejas recibidas por el Defensor fueron 33.478 (19.142 individuales y 14.335 agrupadas) -21.420 en el año 2011- y la institución realizó 371 investigaciones de oficio -506 en el año anterior-.

Las cifras se elevan en el registro de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo -246.743 en 2012, en 2011 hubo 2.455-, en el que se incluyen firmas de personas afectadas por la reforma sanitaria, la modificación de las retribuciones del personal al servicio del sector público, los cambios en la ley de dependencia y beneficiarios de la Renta Activa de Inserción.

El Defensor no interpuso en ese ejercicio ningún recurso ante el Tribunal Constitucional, pero formuló 548 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a la administración, "que han servido para corregir más del 70 por ciento" de las actuaciones puestas en entredicho por los ciudadanos ante esta institución.

Respecto a las instituciones y organismos que "no responden en un tiempo prudencial", advierte de que se comunica esta situación a la Fiscalía.

"En los difíciles momentos actuales por las circunstancias económicas, por los altos índices de desempleo, por las necesidades en materia de prestaciones sociales, por los esfuerzos que se piden a los ciudadanos para superar las dificultades y volver a momentos de crecimiento y bienestar, se requiere la confianza en las instituciones públicas, y estas deben ser capaces de merecerla", explica en la Memoria.

Por ello, defiende que "se espera conductas ejemplares" de todos los que ostentan cargos públicos.

La institución se ha dirigido al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para solicitar que las entidades financieras informen con toda claridad del riesgo de los diversos productos financieros; también que se proceda a analizar, uno por uno, los casos de las personas que han reclamado, de manera justificada, sus inversiones en entidades intervenidas.

Becerril ha destacado las numerosas recomendaciones remitidas en relación con los desahucios y ha asegurado que van a seguir presentando más en los próximos días.

Las comunidades autónomas que presentaron un mayor número de quejas y de solicitudes de recursos ante el TC fueron Madrid (8.813 quejas y 48.765 peticiones), Andalucía (4.273 y 42.603), Cataluña (3.945 y 31.833) y Comunidad Valenciana (3.258 y 23.321).

Junto a Ceuta (con 40 quejas y 307 peticiones de recursos ante el TC) y Melilla (con 50 y 407), las comunidades que remitieron menos demandas al Defensor fueron La Rioja (168 y 1.731), Cantabria (363 y 2.523) y Navarra (380 y 4.724).