El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha zanjado hoy la polémica suscitada en su propio departamento sobre los escraches y no se establecerá como norma un perímetro de 300 metros entre las protestas y los domicilios de políticos, sino que será la Policía la que fije esa "distancia prudencial" en cada caso.

De esta forma, el titular de Interior ha puesto punto final a la controversia generada este mediodía cuando su número dos, Francisco Martínez, ha asegurado que su departamento daría instrucciones a la Policía en "la misma línea" de la medida aplicada por el departamento vasco de Seguridad.

Aunque Martínez no ha citado explícitamente la cifra de 300 metros de distancia, ese es el perímetro que establece la orden de la Ertzaintza.

A esta primera instrucción también se ha referido el director de la Policía, Ignacio Cosidó, quien ya esta mañana ha incidido en que no existía "un plan específico" de actuación policial para los escraches, pero sí "instrucciones claras" a los agentes en función de "las circunstancias" de cada acto de protesta con distancias de seguridad "orientativas".

Apenas tres horas después, Fernández Díaz ha matizado en el Congreso: "No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento".

"En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo (...) En algunos casos serán 300 metros y en otros 30", ha añadido.

Por la tarde, la Secretaría de Estado de Seguridad ha plasmado en papel las instrucciones que debe seguir la Policía en los escraches sin citar esa distancia.

Según esta orden, los agentes "adoptarán las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio".

Paralelamente, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha difundido una orden remitida a las comisarías que dice: "Siguiendo instrucciones del director adjunto operativo, no se permitirán concentraciones (escraches) a menos de trescientos metros de los domicilios de autoridades y personalidades políticas".

Una orden que fue recibida en las comisarías anoche o esta mañana y que, según fuentes de Interior, es únicamente "orientativa" y "referencial".

Así lo ha vuelto a recalcar el propio ministro esta tarde en la clausura de la convención de mandos policiales, donde Fernández Díaz ha insistido en que serán los responsables de los operativos de la Policía los que decidan en cada caso el perímetro de seguridad entre la protesta y el domicilio.

"¿Qué sentido tiene que se fije una distancia de referencia de seguridad? Eso depende de las circunstancias, de las calles, de la vivienda", ha subrayado el ministro para quien este criterio tendrá como "denominador común" garantizar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos.

Pese a que en apenas siete horas Interior ha cerrado la polémica, esta ha suscitado la reacción de los partidos políticos al conocer que la Policía podría impedir a los manifestantes acercarse a menos de 300 metros de la vivienda del político.

Críticas de la oposición

Por parte del PSOE, su portavoz, Soraya Rodríguez, ha advertido de que esta medida era "ilegal", ya que una orden iría en contra de los derechos fundamentales como los de manifestación, reunión y libre circulación.

CiU ya ha avisado tras conocer esta instrucción que debía ser la Policía la que decidiera las medidas para prevenir incidentes, mientras que UPyD ha respaldado la decisión al entender que el domicilio es "inviolable".

También la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha opinado en el Congreso que la aplicación las medidas policiales para proteger a los políticos de los escraches debe también incluir a todos los ciudadanos "que tienen derecho a tener una intimidad familiar y a tener una vivienda donde desarrollar su vida".

Han cuestionado la prohibición de estos actos de protesta a menos de 300 metros la Asociaciones de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales ante la dificultad de llevar a la práctica esta norma.