La Audiencia Nacional ha acordado juzgar al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros como presuntos responsables del chivatazo a ETA, por el que se frustró una operación contra su red de extorsión en 2006.

La sección tercera de lo Penal -compuesta por Alfonso Guevara (presidente), María Ángeles Barreiro y Clara Bayarri-, ha dado el último paso para sentar en el banquillo a ambos responsables policiales por el llamado caso Faisán -el nombre del bar de Irún en el que se produjo el soplo-, al decretar la apertura de juicio oral.

Falta ahora fijar la fecha del juicio, pero antes la Sala da al fiscal un plazo de cinco días para que presente su escrito de calificación "sin que haya lugar al sobreseimiento de las actuaciones" ni quepa tampoco revocar el auto de conclusión del sumario, acordado por el juez instructor Pablo Ruz el pasado 16 de noviembre.

Esto último lo menciona el tribunal con respecto a lo alegado por la defensa de Ballesteros, que pidió la práctica de nuevas diligencias, lo que deberá solicitar "bien en su escrito de conclusiones, bien en el juicio oral".

El juez Pablo Ruz procesó a ambos por colaboración con banda armada y revelación de secretos, aunque la Audiencia Nacional ya indicó que los delitos quedan por concretar hasta que califiquen las acusaciones: Fiscalía, el PP, Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.

Colaboración terrorista y revelación de secretos

El juez, al dictar el procesamiento de ambos ex altos cargos policiales, consideró que en el procedimiento "aparecen motivos bastantes" para imputarles colaboración terrorista y revelación de secretos, y concluyó, por contra, que no había indicios suficientes para procesar a García Hidalgo.

Según la hipótesis de Ruz, "los detalles del operativo policial que estaba preparándose en torno a la red de extorsión" de la banda "llegaron al conocimiento" de Pamies, a lo largo de la tarde y noche del 3 de mayo de 2006.

A raíz de conocer "todos los detalles" por parte de otros responsables policiales, Pamies contacta con Ballesteros para que al día siguiente se desplace a Irún "al objeto, presuntamente, de permitir el contacto con Joseba Elosua (dueño del bar Faisán) y poder trasladarle la información" sobre el operativo "con la intención de frustrar el mismo", indicaba el juez.

Sin embargo, las defensas insisten en que los informes de la Guardia Civil ignoran elementos tan importantes como la situación física del equipo investigador o el hecho de que Elosúa negara que fuera Ballesteros la persona que le dio el teléfono móvil desde el que se le dio el chivatazo.

Indican asimismo que no se ha acreditado ningún "móvil" de la filtración y mucho menos colaboración con la organización terrorista por parte de los procesados.

Esta decisión se produce un año y siete meses después de que el pleno de la Sala de lo Penal revocara, el 21 de septiembre de 2011, el procesamiento de estos dos mandos policiales y del exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, el único que en esta nueva instrucción ha evitado sentarse en el banquillo.