Con la mirada puesta en la protesta ante el Congreso prevista para el día 25, el Gobierno y las fuerzas de seguridad afrontan con preocupación una "primavera caliente" en la calle, alentada por el creciente descontento social y la irrupción de una nueva modalidad de reivindicación: los escraches.

El Gobierno se enfrenta el día 25 a la primera gran cita ciudadana de protesta de la primavera. La plataforma "25S rodea el Congreso" se estrenó en septiembre pasado con una movilización que se desarrolló de forma pacífica, aunque finalmente derivó en incidentes con una treintena de detenidos y más de sesenta heridos. También ahora la coordinadora pretende "asediar" la Cámara baja hasta conseguir que se disuelvan las Cortes Generales y se realice un nuevo proyecto constituyente.

Una convocatoria que preocupa especialmente al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, cuyos servicios de información trabajan a destajo para rastrear en las redes sociales cualquier elemento distorsionador de una movilización que, a priori, también se antoja pacífica.

De hecho, la Policía ya ha detectado en otras protestas la presencia de grupos radicales que se suman a estas movilizaciones con el ánimo de reventarlas para que acaben en graves altercados con los agentes de las unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.

No es ajeno el Gobierno al descontento social que está provocando la crisis y a que la única vía que tienen los ciudadanos de canalizarlo es salir a la calle.

Sin embargo, le ha sorprendido un fenómeno que se popularizó en los años noventa en Argentina, los escraches o manifestaciones organizadas frente a los domicilios de procesados por delitos cometidos durante la dictadura de ese país que luego habían sido puestos en libertad.

Pese a que la PAH defiende que sus escraches se desarrollen con respeto a la intimidad del político y en el marco legal, las fuentes consultadas vaticinan que estas protestas puedan ir a más e incluso verse enturbiadas con la presencia de grupos violentos.

Máxime cuando Interior ha dado el primer paso para limitar los escraches estableciendo una distancia "prudencial" de seguridad entre los participantes y las viviendas de los políticos, unas instrucciones no exentas de polémica tras la confusión generada en el seno del propio ministerio.

¿Quién impondrá los límites? Según la instrucción definitiva, será el mando policial al frente del operativo quien establezca el perímetro, aunque en la práctica no se podrá determinar de forma previa toda vez que los escraches son actos improvisados, por lo que los concentrados ya se habrán colocado antes de que lleguen los agentes.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, subraya que tanto el Gobierno como los diputados del PP saben "abiertamente" que "están mintiendo" cuando dicen que los escraches son violentos y acusa a ese partido de intentar "criminalizar" a las víctimas de los desalojos.

En una entrevista con Efe, Colau defiende los escraches por ser "pacíficos" y sostiene que el PP pretende crear "una cortina de humo" en un momento muy concreto en el que la PAH tiene "más apoyo popular que nunca" y cuando hay una "indignación generalizada" porque se ha rescatado a los bancos en lugar de a las personas.

Reitera que el objetivo de acudir a los domicilios de los políticos es dialogar con ellos y presentarles sus propuestas y adelanta que seguirán haciéndolo hasta que no se aprueben las reivindicaciones mínimas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP): dación en pago, moratoria para frenar los desahucios y alquileres sociales para los afectados.

En ningún caso se ha ejercido la violencia, apunta Colau, y emplaza a aquellos que mantienen que este tipo de protesta es violenta a demostrarlo: "no se puede acusar sin pruebas" asevera, y añade que la PAH sí puede constatar que los escraches han sido pacíficos.

Colau mantiene que los populares quieren "criminalizar" a las víctimas pero su estrategia "se les ha girado en contra" porque la causa que defiende la PAH la apoya todo el mundo: "ya no sé quién más falta por posicionarse en la demanda de mínimos de la Plataforma", agrega.