La exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera andaluza de Economía y Hacienda durante diez años, ha sido imputada junto a una veintena de altos cargos de la Junta por el caso de los ERE irregulares, en lo que la juez Mercedes Alaya considera "un paso cualitativo" en la investigación.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez argumenta que la exministra fue la persona que dictó en el 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado".

Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio del 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2004 y el 2009, y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y el 2004.

Los nuevos imputados empezarán a declarar ante la juez el 25 de julio, el primero de ellos será el ex interventor general Manuel Gómez Martínez.

Después de conocer el auto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha pedido respeto a la presunción de inocencia de los cargos imputados y ha valorado su "buena gestión" y que "han defendido Andalucía y hasta el último céntimo de dinero público".

Vázquez ha optado por ser prudente hasta conocer las razones que han llevado a la jueza a tomar esta decisión.

Desde el PSOE-A, su vicesecretario general, Mario Jiménez, ha acusado a la juez de abrir una "causa general por motivaciones políticas" contra los gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía.

Jiménez ha señalado que es "absolutamente chocante la coincidencia reiterada entre la agenda política del PSOE y los pasos más significativos de la instrucción de este caso", y ha añadido que es "muy sospechoso y llamativo" que el auto de coincida con el comienzo del proceso de primarias de los socialistas andaluces.

Chaves defiende la inocencia de Álvarez

El expresidente Chaves, que dirigía la Junta cuando la exministra era consejera de Economía y Hacienda, cargo en el que la sustituyó Griñán en el 2004, ha defendido la inocencia de Álvarez y ha dudado de que la juez cite también al actual jefe del Ejecutivo regional.

Chaves ha subrayado que la imputación "no significa absolutamente nada" ni tiene "ninguna implicación", y se ha mostrado convencido de que cuando Álvarez fue consejera "no tuvo absolutamente nada que ver".

Alaya considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, por sus competencias, "habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación" y el "dispendio continuado de fondos públicos".

Entre los imputados destacan también el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, porque como director general de Presupuestos entre el 2002 y el 2009 tuvo "una importante intervención" en las modificaciones presupuestarias y en los presupuestos, que recogían transferencias de financiación como crédito presupuestario para las subvenciones sociolaborales del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles".

Entre el resto de altos cargos, Alaya ha imputado a José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta el 2004, y al sucesor de Lozano, Buenaventura Aguilera Díaz.

También ha sido imputado Antonio Estepa, que estuvo al frente de la Secretaría General de Hacienda (creada durante la época de Álvarez), así como los secretarios generales técnicos de Empleo entre el 2000 y el 2012: Juan Francisco Sánchez García, que comenzó el uso de las transferencias para pagar subvenciones; Javier Aguado Hinojal (2004-2008) y Lourdes Medina Varo (2008-2012).

Además, se imputa al exviceconsejero de Empleo entre el 2010 y el 2012, Justo Mañas; al interventor delegado en Empleo desde el 2008, Juan Luque; a los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román; a los directores generales de IFA o IDEA (organismo que sustituye al anterior) Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los directores de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela.

En el auto, también cita como imputado al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís y es el último de los imputados en la operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había comparecido.