La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía que fije un "calendario razonable" para las declaraciones de los 20 cargos y ex altos cargos que fueron imputados en su último auto, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

En un escrito elevado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que "la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan".

Además de a Magdalena Álvarez, la juez ha imputado en la causa al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

La Fiscalía recuerda que esta petición para que la juez fije ya un calendario de declaraciones la ha realizado en "reiteradas" ocasiones, no obstante lo cual reconoce "la complejidad y extensión" de la presente causa, por lo que también reitera su petición para que el Juzgado requiera ante los órganos competentes "la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias" que ya han sido acordadadas y también a las que se solicitan.

De igual modo, reitera su petición para que, "atendiendo a la complejidad de la causa en sí", se cuente en la misma con el auxilio jurisdiccional de expertos en materia de gestión económica , financiera y contable del sector público, una función que "pudiese ser desempeñada de forma idónea por auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía si su régimen de incompatibilidades lo permitiese" o bien por interventores de la Administración General del Estado.

El objeto de esta pericial, según Anticorrupción, "viene dado por la necesidad de contar con un informe relativo a la gestión financiera, económica y contable de los fondos públicos aplicados" en los convenios suscritos entre el IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía desde el ejercicio 2001, fecha del convenio marco.

En concreto, considera que la pericial debe determinar el "quebranto producido en fondos públicos de la Junta de Andalucía con determinación de las personas o entidades que habrían de proceder al reintegro de las cantidades recibidas".

La Fiscalía recuerda que, mediante un auto dictado el 7 de junio de 2011, la juez Alaya rechazó la práctica de dicha pericial por entender que, "aún estimando pertinente y necesaria la práctica de la misma, el hacerlo en aquel momento resultaba precipitado", siendo posteriormente designados como peritos técnicos de la Intervención General del Estado.

El Ministerio Público entiende que, a raíz de las imputaciones de los 20 cargos o ex altos cargos de la Junta, las diligencias ya interesadas "adquieren si cabe una mayor relevancia para este Ministerio Público", que por ello se reitera su petición en los términos ya recogidos.