La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado.

Abogados personados en el procedimiento han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Zoilo Ruiz Mateos dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa ya que él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas por los litigios contra el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa.

Zoilo Ruiz Mateos ha asegurado no conocer al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas así como que se realizaran pagos en 'b' al mismo, mientras que también ha negado conocer la inclusión de 'intrusos'.

José María Ruiz Mateos también estaba citado este miércoles para declarar como imputado, pero finalmente no ha comparecido ante la juez Alaya.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que acuerda indagar en torno a "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

En un auto notificado este miércoles a las partes personadas, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya da traslado a los peritos de la Intervención General del estado de una serie de documentos aportados a la causa por el abogado de un exalto cargo "a fin de que informen" sobre "qué pudo hacer" dicha Comisión "para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación a IFA/IDEA para el pago de subvenciones sociolaborales".

En este sentido, la magistrada reclama a la Junta que aporte, en un plazo no superior a cinco días, los diarios de sesiones del Parlamento de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales entre 2001 y 2010, y los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda en este mismo marco temporal.

Asimismo, reclama la "acreditación" de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública "haya remitido al Parlamento, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad".