El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha defendido que Herri Batasuna constituye el "frente institucional" de la banda terrorista ETA, que ha seguido su estrategia "político-militar" para eludir la acción de la Justicia y dar una imagen de independencia. Los acusados en el juicio de las 'herriko tabernas' han defendido su absolución y han destacado que son "activos políticos en el desarrollo de un camino definitivo hacia la paz y la convivencia democrática".

Así se ha pronunciado el representante del Ministerio Público y los acusados en la recta final del juicio que ha sentado en el banquillo a una treintena de acusados de financiar a ETA a través de 'herriko tabernas' y de subordinar las estructuras de la ilegalizada Batasuna a la banda terrorista.

La vista se ha celebrado durante más de 20 sesiones desde que arrancara el pasado 17 de julio, doce años después de que el juez Baltasar Garzón abriera el sumario 35/02 para desentrañar los medios de financiación de Batasuna.

El juicio, que proseguirá este viernes con el análisis del fiscal sobre el papel de las 'herrikos' y la conducta de cada acusado, ha finalizado este jueves con las palabras ante los medios de comunicación del ex dirigente de Batasuna Karmelo Landa, en representación de todos los acusados.

A su salida de la sede de la Audiencia Nacional ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, Landa ha criticado el "sorprendente salto malabar" del fiscal, que ha culminado con sus acusaciones por ser miembros de HB y que ha puesto punto y final a "un disparate y un proceso estrambótico" abierto hace doce años.

Ha apuntado que HB era legal y ha exigido una absolución al considerar "absolutamente inaceptable" la rebaja de penas de la Fiscalía. "Hoy estamos en otros tiempos, las organizaciones políticas de referencia son legales y las personas que estamos aquí juzgadas de forma anacrónica somos activos políticos en el desarrollo de un camino definitivo hacia la paz y la convivencia democrática", ha zanjado.

Así se ha expresado después de que el fiscal Vicente González Mota pidiera en su informe final castigar a los miembros de Herri Batasuna por integrar el "frente institucional" de ETA y llevar a cabo "una estrategia de complementación de la violencia terrorista". Ha requerido así una respuesta penal contra quienes utilizan el ejercicio de sus derechos políticos para colaborar con una organización criminal.

Para el fiscal, es la primera vez que la acción se dirige contra quienes han integrado el frente institucional de ETA, siguiendo su estrategia "político-militar" con el fin de "eludir la acción de la Justicia y dar una imagen de independencia". Sin embargo, zutabes y actas del entramado etarra han revelado la comunión y el "desdoblamiento" de los miembros de estos grupos.

En su opinión, los acusados contaban con la confianza de ETA y de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) para desarrollar su estrategia a través de Herri Batasuna y la respuesta penal está legitimada para quien colabora en las actividades de una organización terrorista amparado por sus derechos políticos.

Poco antes, el fiscal González Mota ha modificado su escrito de conclusiones provisionales para solicitar la exclusión de la causa de nueve procesados y una rebaja de penas para el resto al concurrrir la atenuante de dilaciones indebidas. En un principio, los 34 miembros de Batasuna sentados en el banquillo se enfrentaban a penas de entre 12 y 8 años de cárcel.

El representante del Ministerio Público ha atribuido finalmente a doce acusados de sendos delitos de integración en organización terrorista y a los trece restantes de colaboración. En concreto, ha pedido cuatro años y medio de cárcel para los históricos dirigentes Joseba Permach, Rufi Etxeberria, José Federico Alvarez Forcada, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro.

González Mota ha disminuido de 10 a dos años y medio de prisión su petición para los acusados de pertenencia y de 8 a dos años y dos meses para los procesados por colaboración con organización terrorista.