La fianza civil de 29,5 millones de euros impuesta por la juez de los ERE, Mercedes Alaya, a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, pone un punto y seguido al periplo judicial que comenzó el pasado 2 de julio de 2013 cuando la imputó como una de las artífices del sistema ilegal de ayudas.

En el auto de imputación de Álvarez y de una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE irregulares, la magistrada consideró entonces que se trataba de "un paso cualitativo" en la investigación, y argumentó los motivos por los que responsabilizaba a la exministra en este caso.

Según Alaya, Magdalena Álvarez fue la persona que dictó en el 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo que calificó como "absolutamente inadecuado".

Su imputación generó un mar de críticas por parte de dirigentes socialistas, entre ellos el expresidente del Gobierno Felipe González, quien se mostró "verdaderamente asombrado" porque se realizara una imputación "sin señalar ni un sólo indicio de delito en algunos casos", e incluso fue recurrida por la Junta de Andalucía, una de las partes personadas en el caso.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a dicho recurso de la Junta de Andalucía y el 22 de julio un nuevo auto de la juez llegó a decir que el recurso de administración andaluza "parece más propio de una defensa que de una acusación particular", lo que "llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía".

Una vez agotado el recurso, Magdalena Álvarez tuvo que declarar ante la juez tres meses después -el 8 de octubre- y entonces aseguró que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz "nunca" planteó dotar al sistema de más agilidad.

No obstante, la decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar parcialmente esta toma de declaración a la exministra y pedir que explicara mejor la acusación puesto que podría haber alcanzado el "límite máximo" antes de inhibirse, propició que Alaya tuviese que dictar un nuevo auto.

Alaya citó por segunda vez a Álvarez en un auto dictado el pasado 31 de octubre, una semana después de que la Audiencia de Sevilla revocara parcialmente la imputación de la exministra y exconsejera de Economía y le ordenara que explicara mejor su acusación pues podría haber alcanzado el "límite máximo" antes de inhibirse.

En el auto de respuesta a la Audiencia, Alaya pidió "calma" para poder culminar con "dignidad" el caso, que empezaron a instruir en enero de 2011 "unos pocos incansables" y rechazaba elevar el caso al Supremo pese a los siete aforados en la causa por su "convicción de que al menos la mayor parte de la causa es inescindible".

Por tanto, la magistrada volvió a citarla el 7 de noviembre acusada de delitos de malversación y prevaricación por promover el procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales cuando fue consejera de la Junta, ante lo que la exministra defendió su actuación desde la Consejería andaluza de Economía.

Magdalena Álvarez aseguró ante la juez que "la propuesta de utilización de la partida 31L", conocida como fondo de reptiles, y el uso de las transferencias de financiación la incluye la Consejería de Empleo en su anteproyecto de presupuesto y sobre el cual su departamento no tenía "la menor competencia".

La exministra tuvo un pequeño rifirrafe con la magistrada porque en su primera declaración dijo que no sabía si cuando fue consejera, entre 1994 y 2004, el IFA tenía capacidad de conceder subvenciones, y hoy ha aclarado que la tenía desde su creación, en 1987, y cuando citaba textos legales al respecto ha sido cuando se ha producido una divergencia de opiniones entre la juez y ella.

Tras declarar ante la juez, Álvarez dijo a los periodistas que seguiría trabajado en su cargo en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y no tenía "ningún motivo de preocupación", y que se sentía inocente porque solo estaba imputada y no declarada culpable.

Desde hoy, Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011, y le impone una millonaria fianza civil al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.