El arquitecto valenciano Santiago Calatrava estaba citado este martes para declarar como imputado en la investigación abierta por presuntas irregularidades en los contratos relacionados con el centro de convenciones que se proyectó en Castellón pero que finalmente no se construyó.

La declaración está programada para las 11.00 horas en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón, pero, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se han recibido como negativas tanto la citación al arquitecto como al representante del grupo en España, Nicolás Figueres.

Es decir, no se ha podido notificar el señalamiento para que comparezcan. Por tanto, aunque formalmente el juez no suspende el señalamiento, dado podrían presentarse por haber tenido conocimiento por otra vía, no existe constancia de que vayan a acudir. Aún, así, segú el TSJ, pero todo está preparado por si lo hacen.

En caso de que finalmente, como se prevé, no acudan, el juzgado activará otros mecanimos para averiguar domicilios y hacer efectiva la entrega de la citación para su comparecencia.

El proyecto del centro de convenciones fue anunciado en 2008, cuando el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, era alcalde de Castellón, y el arquitecto cobró 2,7 millones de euros por el diseño del edificio, que debía levantarse en el PAI Mestrets.

Finalmente, no llegó a materializarse porque la Generalitat suspendió temporalmente su construcción a finales de 2012 debido a la coyuntura económica.

Alberto Fabra aseguró que la gestión de la Generalitat valenciana en la contratación del arquitecto para ejecutar este proyecto fue correcta y que el Ejecutivo que dirige facilitará al juez toda la información requerida "para que se pueda demostrar que fue así".

En la investigación sobre el centro de convenciones ya fue citado a declarar como imputado el que fuera director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Eusebio Monzó, por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el proyecto, aunque se pospuso al no haber recibido la notificación de su citación.

La imputación de Monzó llevó al Gobierno valenciano a destituirlo de su cargo como secretario autonómico el pasado 18 de julio.

Tampoco pudieron realizarse en su día las declaraciones del ex responsable de la oficina de Calatrava y actual subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo, ni la del ex director de la Sociedad Proyectos Temáticos Javier de Diego, debido a un error en la dirección de los domicilios a los que se enviaron las citaciones.