La Audiencia Nacional ha suspendido la ejecución de la pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación que impuso en octubre de 2013 al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros por dar el chivatazo a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) mientras se tramita su indulto.

En un auto dictado este jueves, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal adopta esta medida al considerar que, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal, la suspensión de la ejecución de la condena aparece como "plenamente justificada" al no tener que afrontar los condenados "responsabilidad civil ni tener otros procedimientos pendientes".

Los magistrados, que dan traslado de esta resolución a la Dirección General de la Policía para que la tenga en cuenta a efectos de su inhabilitación, han acordado la suspensión después de que la Fiscalía no se opusiera a la misma, a la vista de la "celeridad" con que se estaba tramitando la medida de gracia y la posibilidad de que haya una "pronta" resolución.

Los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado señalan en su resolución que, "dada la duración de la pena privativa de libertad", la ejecución de la pena podría hacer "ilusorio" el resultado del indulto solicitado en el caso de que se concediera.

Los compañeros de Pamies y Ballesteros, ya jubilado, entregaron en septiembre medio millar de firmas en el Ministerio de Justicia de ciudadanos que apoyaba el indulto de los agentes, entre los que se encontraban víctimas del terrorismo, policías, empresarios vascos, abogados y profesores universitarios.

Los impulsores de esta campaña mostraban su apoyo a dos agentes que "han dedicado 30 años de su vida a la lucha antiterrorista y al servicio de la sociedad, participando en numerosas operaciones de especial peligrosidad y habiendo recibido a lo largo de su trayectoria profesional hasta 54 felicitaciones".

En su petición de indulto, el comisario Enrique Pamies recordó que ha "consagrado" toda su vida a "erradicar" el terrorismo, habiendo participado en la desarticulación de más de medio centenar de comandos etarras, grupos de kale borroka y marcas sucesoras de Batasuna. De hecho, tuvo un papel preponderante en la desencriptación de los 'papeles de Susper', que llevaron a la detención de más de 150 personas en diferentes operaciones.

Tanto él como Ballesteros pusieron de relieve que han dedicado toda su vida a la lucha antiterrorista y han sacrificado su vida familiar y personal al bien común y a la desaparición del terrorismo.

Su condena, confirmada por el Tribunal Supremo, a un año y medio de cárcel y a cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, conlleva la expulsión de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Ambos fueron considerados culpables del chivatazo a la red de extorsión de ETA, que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún el 4 de mayo de 2006.