La madre de las dos niñas asesinadasen el municipio asturiano de Soto del Barco pidió en 2013 una orden de alejamiento en el juzgado de Pravia tras una discusión "subida de tono" con el padre de las pequeñas, comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La mujer aseveró a la Guardia Civil entonces que no había sufrido agresión física alguna, si bien manifestó que desde hacía algún tiempo las discusiones se habían repetido. Su representante legal, siempre según la misma versión, pidió una orden de alejamiento para la mujer.

"La denunciante hizo constar expresamente que no quería que sus hijas cortaran la relación con su padre. Tras la declaración y la valoración de las circunstancias, el Juzgado de Pravia, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, acordó el sobreseimiento de las diligencias denegando la orden de alejamiento", aclaró el TSJA. En el juzgado de Pravia no consta denuncia alguna por cualquier reacción violenta o amenazas del progenitor hacia las menores, añade el alto tribunal.

La mujer presentó en junio de 2013 una demanda civil de medidas paterno-filiales. Dicha demanda se resolvió en noviembre de ese año, "aceptándose la petición de la denunciante de que el padre pudiera ver a sus hijas los martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde, y que aportase a cada hija 75 euros mensuales para su manutención", según fuentes judiciales. En el mismo juzgado consta una denuncia reciente por impago por parte del progenitor de dichas cantidades.

El juzgado, de acuerdo con la Fiscalía, sobreseyó el caso y denegó la orden de alejamiento sin que tuviera constancia de ninguna otra denuncia por alguna reacción violenta o amenazante del padre hacia las niñas ni antes ni después de que se tramitase la denuncia.

Meses después el juzgado fijó, a petición de la madre, un régimen de visitas los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde y estableció que, dada su situación económica, el padre aportase 150 euros mensuales a la manutención de sus hijas, cantidad que dejó de pagar en ocasiones, lo que había dado lugar a una nueva denuncia.

La autopsia de los cadáveres de las pequeñas ha confirmado que murieron de forma violenta en el domicilio del padre, donde la Guardia Civil localizó una barra metálica ensangrentada con la que presumiblemente las golpeó.

José Ignacio B.A., de 55 años y natural de Basauri (Vizcaya), se habría suicidado poco después arrojándose desde un puente de la autovía A-8, según la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil.

Los cadáveres fueron localizadas a última hora de la tarde de ayer en la vivienda que su padre tenía alquilada en San Juan de la Arena tras haberse separado hace algunos mese de su esposa, que residía junto a las niñas en la cercana localidad de Soto del Barco.

Tras hallar a media tarde el cuerpo del padre bajo el puente de la autovía, la Guardia Civil acudió al domicilio del fallecido ante la preocupación de los familiares de las niñas, a las que debía devolver a su madre tras haber pasado la tarde con ellas.

El suceso ha causado consternación en el municipio costero de Soto del Barco, que mañana acogerá una concentración de repulsa, y en toda Asturias, cuyo Parlamento ha guardado un minuto de silencio.

Además, en Basauri (Bizkaia) más de un centenar de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento junto a representantes de todos los grupos de la corporación -formada por PNV, PSE-EE, EH Bildu y PP- para condenar el "brutal asesinato" de Amets y Sara.

Durante la concentración, el alcalde de Basauri, Andoni Busquet, del PNV, ha explicado que el padre de las niñas era natural de esta localidad, pero que en las últimas décadas no había residido en la misma ni, al parecer, mantenía con este pueblo vínculo alguno.

Con la muertes de Amets y Sarat tres niños han perdido la vida en lo que va de año a manos de sus padres o de las parejas de sus madres, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que contabiliza los menores víctimas mortales por violencia de género desde 2013, año en el que fueron asesinados seis niños.

El Gobierno ya ha anunciado que modificará el artículo 1 de la Ley de Medidas de protección Integral contra la violencia de género, de 2004, para incluir a los menores como víctimas, por lo que tendrán acceso a todos los instrumentos y servicios que se aplican a sus madres.