Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial ficticio dedicado a defraudar a la Seguridad Social y han detenido a 75 personas que han podido defraudar unos 400.000 euros.

Según han informado fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil, los detenidos realizaban contratos de trabajo falsos y altas irregulares para obtener, de manera fraudulenta, subsidios por desempleo y permisos de residencia así como estafas mediante compras a crédito.

Las investigaciones pusieron de manifiesto la existencia de un entramado de ocho empresas ficticias, supuestamente dedicadas a la construcción, que no tenían actividad real y en las que no existía una relación laboral efectiva entre trabajadores y empresas.

Los agentes determinaron que los empresarios, en ocasiones a través de intermediarios, captaban principalmente a ciudadanos extranjeros en precaria situación económica y les ofertaban contratos de trabajo que no amparaban una relación laboral real, así como el alta en la Seguridad Social a cambio de diferentes cantidades de dinero.

Estos métodos eran utilizados para acceder a prestaciones o subsidios por desempleo, solicitar la renovación de sus permisos de residencia, tener acceso al sistema de Seguridad Social o cumplir con el periodo de carencia necesario para otras prestaciones, como jubilación o maternidad.

Como resultado de la investigación han sido detenidas 75 personas en Valencia y diferentes localidades de la provincia, como Alzira, Torrent, Sagunto, Ontinyent, Cullera, Aldaia, Carcaixent, Alcàsser, Sueca y Pobla de Vallbona, así como en la localidad alicantina de Villajoyosa.

Todos ellos están implicados, en diferentes grados, en diferentes delitos, como falsedad documental, estafa, defraudación a la seguridad social y pertenencia a organización criminal.

Se han imputado también a otras 80 personas relacionadas con alguno de los hechos ilícitos, por lo que son 155 las personas implicadas en esta operación.

Estas personas, mujeres y hombres entre los 24 y 55 años, son en su mayoría de origen armenio, aunque también hay letones, estonios, búlgaros, peruanos y españoles.

La investigación ha sido realizada por la Guardia Civil de Aldaia, funcionarios de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Valencia, e Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent.