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Día Internacional contra la Corrupción

"La corrupción paraliza las energías morales de la sociedad"

La ciudadanía ya no tolera aquellas conductas "que antes pertenecían a los usos sociales", señala Transparencia Internacional

Mariano Rajoy se despide tras la moción de censura.

Mariano Rajoy se despide tras la moción de censura. REUTERS

Mientras resuenan los ecos del aluvión de sentencias relacionadas con la corrupción que han nutrido a los medios de comunicación españoles durante la última década, este domingo 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción en un año donde el Caso Gürtel ha hecho tambalear al partido instalado en la presidencia.

El escándalo de la financiación ilegal del PP motivó al PSOE -castigado también por el caso de los ERE-, a presentar una moción de censura contra el entonces presidente, Mariano Rajoy, por su responsabilidad directa como líder de esta formación. En la votación, celebrada el 1 de junio, obtuvo mayoría absoluta y obligó a Rajoy a abandonar La Moncloa, convirtiéndose en el primer presidente de España en caer a causa de un caso de corrupción.

Hemos presenciado "el funcionamiento del sistema constitucional y democrático y, desde luego, ha sido un hecho histórico, porque ha sido la primera vez que nuestro sistema institucional ha tenido que llegar tan lejos. Precisamente, cuando estamos celebrando los cuarenta años de nuestra Constitución podemos estar orgullosos de que funciona", advierte Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid y Miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional en España.

"La tasa de criminalidad forma parte de los comportamientos humanos y de los conflictos de una sociedad"

Sin embargo, la apuesta no debe ser "continuar creyendo que la solución está en elevar las penas del Código penal, pues el Derecho penal siempre llega tarde, llega cuando el daño social ya se ha producido y no se puede reparar", lamenta esta experta. En su opinión, la corrupción puede reducirse "considerablemente", pero no ser erradicada, puesto que "la tasa de criminalidad forma parte de los comportamientos humanos y por tanto de los conflictos de una sociedad". La contención ante estos delitos debe venir propiciada por un "firme" compromiso político y del sector privado de "tolerancia cero con la corrupción". Lo prioritario es "invertir en el establecimiento de medidas de prevención", sostiene.

Preocupación ciudadana

La visibilización de la corrupción por parte de la Justicia y los medios de comunicación ha contribuido a evolucionar hacia "una ciudadanía más consciente y que percibe ahora aquellas conductas que antes pertenecían a los usos sociales, como conductas que hay que modificar y que hoy no son tolerables", indica Bacigalupo.

Nos encontramos ante "una ciudadanía muy exigente, que quiere estar informada de cómo se gastan e invierten los recursos públicos y está dando claros mensajes a los políticos exigiendo una correcta rendición de cuentas", advierte. De ahí la importancia que adquiere la transparencia, no como mera "herramienta", sino como "principio de gobernanza, de lo público y lo privado, basado en la rendición de cuentas", subraya esta experta.

En 2017 había un total de 1.378 políticos imputados en España por corrupción

De hecho, un tema tan abstracto como la transparencia apenas preocupaba a los españoles en 2008, según recogen las encuestas del CIS. Únicamente el 0,8% consideraba la corrupción, el fraude y la clase política como uno de los tres principales problemas del país. Pero precisamente ese año se abría la caja de Pandora con la instrucción del caso Palma Arena, que se ha saldado con la condena al yerno del rey emérito, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres. A ellos les han seguido muchos otros, derivados de la operación Lezo, la Púnica, Bárcenas... Según la información recopilada por los medios, en 2017 había un total de 1.378 políticos imputados en España. Ahora, conocidas ya esas sentencias, el porcentaje de preocupación por la falta de transparencia se ha disparado hasta el 45,3%.

Una asignatura pendiente

La preocupación de la ciudadanía viene respaldada por la realidad, como así lo corroboran los datos del último informe de Transparencia Internacional. España ha batido los récords de niveles de corrupción, obteniendo la nota más alta registrada hasta la fecha, ya que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ha ascendido hasta los 57 puntos sobre 100 en 2017 (siendo 100 percepción de ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto).

Esta calificación sitúa a nuestro país en el puesto 42 en nivel de transparencia en un ranking realizado entre 180 países liderado por Nueva Zelanda, que se mantiene como el país menos corrupto (con un IPC de 89), y relega a Somalia al último puesto, (con un IPC de 9), como el más corrupto. Desde Transparencia Internacional dan un tirón de orejas global, puesto que destacan que el 70% de los países analizados suspenden con respecto al nivel de transparencia.

La Transparencia en la Unión Europea

Infogram

No obstante, Europa es el continente más transparente. Aun con todo, si nos comparamos con el resto de miembros de la Unión Europea, el estudio señala que España ocupa el puesto 18 de 28, empatados en nivel de transparencia con Chipre y la República Checa, por encima de Italia, Grecia y una buena parte de los países del Este, pero aún muy lejos de Dinamarca, Finlandia y Suecia.

Según el último Eurobarómetro, el porcentaje de ciudadanos que afirmaban haberse confrontado realmente en su vida cotidiana con un acto de corrupción era "ínfimo", destaca Bacigalupo. "En España no hay un escenario de corrupción en el que exista un funcionamiento paralelo del Estado. Si un policía para a un conductor por una infracción, le impone una multa. No se arregla con una 'gratificación', por decirlo de forma eufemística. No se paga por una plaza en la Universidad pública, o por una cita en la sanidad pública, y así podríamos enumerar muchos ejemplos", indica.

"En España no hay un escenario de corrupción en el que exista un funcionamiento paralelo del Estado"

Por ello, hace hincapié en que los datos de percepción hay que analizarlos en su contexto. "Es evidente que las noticias en los medios de comunicación sobre casos de corrupción en España han ocupado gran parte de las informaciones diarias en los últimos años, y ello, en efecto, incrementa la percepción. Sin embargo, si se analizan bien los casos que hemos tenido se circunscriben a un ámbito relativamente acotado", remarca.

En detrimento del PIB

Atajar la corrupción sigue siendo tarea pendiente en nuestro país. Según un reciente estudio, denominado 'Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España', erradicar esta lacra repercutiría de forma positiva en la economía nacional, pues provocaría un incremento del PIB cifrado en más de 10.000 millones anuales. Una cantidad nada desdeñable, puesto que de acuerdo con este informe, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), si cosiésemos este agujero del bolsillo veríamos incrementarse el PIB de España un 16% en los próximos 15 años.

A nivel internacional, Naciones Unidas estima que cada año la mano negra de la corrupción esquilma 2,6 billones de dólares de las arcas públicas, un agujero equivalente a más del 5% del producto interior bruto mundial. La evasión fiscal, el lavado de dinero y otros flujos ilícitos desvían recursos que son imprescindibles para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, advierte la ONU. De hecho, en los países pobres se pierde, por culpa de la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

La mano negra de la corrupción esquilma 2,6 billones de dólares de las arcas públicas en todo el mundo cada año

Los españoles no se ven tampoco libres de las consecuencias derivadas de esta lacra, aunque no se materialice en un contacto cotidiano. La corrupción en nuestro país se traduce "no sólo en la merma de los recursos públicos, en el detrimento de inversión en políticas públicas, así como en el deterioro de la credibilidad de las instituciones encargadas de desarrollarlas, sino que además, genera una incapacidad persistente para pensar estratégicamente, destruyendo la seguridad jurídica, asfixiando la innovación creativa para el bien común y paralizando las energías morales de la sociedad", concluye Bacigalupo.

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