El protocolo acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas para el transporte escolar incluye asientos fijos en las rutas, mascarilla obligatoria a partir de los 6 años y recomendable de 3 a 5. El reto de la seguridad frente a la COVID-19 empieza en la guagua y los padres exigen vigilar el cumplimiento de las medidas.

"Si se pueden llevar a cabo son suficientes, pero tenemos dudas", reconoce a Efe la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal.

"En general, no solo en el transporte, tenemos mucha incertidumbre todavía. No sabemos cómo se pueden garantizar esas medidas sanitarias necesarias, sabiendo que el riesgo cero no existe. En el papel todo se sustenta muy bien", advierte el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero.

Las reglas generales para las guaguas ocupan un breve apartado del acuerdo suscrito por las administraciones educativas y sanitarias el pasado jueves ante el inicio del nuevo curso escolar, y, en principio, no establecen la necesidad de guardar las distancias de seguridad que luego se exigen en los colegios, destacan desde las asociaciones de padres y madres.

El protocolo de limpieza y desinfección para el transporte público por carretera fijado por el Ministerio de Transportes obliga a la limpieza y desinfección de los autocares como mínimo cada 24 horas.

"¿Qué pasa con las guaguas que comparten ruta? Hay autocares que dejan a los alumnos en un centro y van a buscar a otros para llevarlos a un colegio diferente", se pregunta Calderón.

Cada medida que se adopte exige una contrapartida económica para ser viable, y ahí es donde a los padres les surgen las dudas, añade Caballero, que insiste en la necesidad de vigilancia para que las reglas se cumplan y recuerda que los recortes hicieron desaparecer en muchos puntos la figura del "acompañante" en los guaguas escolares.

En el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades se apostó también por el denominado "transporte activo", ir al colegio andando o en bicicletas en rutas seguras como alternativa a compartir espacios cerrados.

La Ceapa está preparando una campaña para este mes de septiembre sobre los "caminos escolares seguros", un proyecto que, recuerda su presidenta, no sólo es necesario para hacer frente a la COVID-19, sino para evitar muchos de los problemas de tráfico que se generan ante los colegios. Pero de nuevo, apunta su presidenta, garantizar esos caminos sin riesgo de atropellos exige inversiones por parte de los ayuntamientos.

Más crítica es la Concapa con esta recomendación, impracticable en muchas regiones en los meses de invierno y en las zonas rurales, donde los alumnos deben desplazarse de un pueblo a otro para asistir a clase. "No se pueden anunciar cosas irreales y que no se pueden cumplir", denuncia Caballero.

El sector del transporte, por su parte, no oculta su deseo de que el curso escolar comience y continúe con normalidad tras meses de parón.

Según explica a Efe el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, el transporte escolar supone el 13 por ciento de la facturación del sector y mueve a 17.500 guaguas, la mayoría agrupados en pymes con un fuerte componente familiar.

"Desde el 14 de marzo están prácticamente paralizados y el panorama es desolador; como esto no cambie estimamos que un tercio del sector va a desaparecer", advierte.

Para paliar esta situación, y ante las dudas que suscita el nuevo curso con el coronavirus todavía activo, Confebus reclama que se prorroguen los contratos de las distintas administraciones con las compañías de guaguas y propone también que se amplíe en un año la edad máxima de los guaguas escolares, que es de 16 años, teniendo en cuenta que los vehículos están parados desde marzo.

En Andalucía, el conflicto está abierto, apuntan desde el sector. La Junta ha puesto en marcha el proceso para la contratación de las rutas escolares al considerar que no puede prorrogar más los contratos y la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha advertido de que está en riesgo la movilidad de 75.000 alumnos en la comunidad.