Todos los grupos parlamentarios del Congreso han expresado este martes en el Pleno de la Cámara Baja su respaldo a tramitar una propuesta de CiU de modificar la ley de 1998 de prohibición total de minas antipersona con el fin de incluir las municiones en racimo y la posibilidad de imponer sanciones de entre 5.000 y un millón de euros, dependiendo de la gravedad de los hechos, a las personas o entidades que incumplan alguna de las actividades vetadas por la ley.

En su iniciativa, CiU defiende la necesidad de ampliar la legislación a las municiones de racimo, para recoger así los últimos acuerdos internacionales que luchan por que estas armas que causan "sufrimientos inaceptables" a las personas "no vuelvan jamás a emplearse" y para que "se destruyan decenas de millones de submuniciones en racimo".

En concreto, quieren que se incorpore a la ley la Convención de Oslo, que entró en vigor el 1 de agosto de 2010, como en el "colofón" a los instrumentos jurídicos internacionales contra los efectos de "las armas que 'siguen matando'".

Los civiles, recuerda CiU, han pagado "un alto precio por la índole no fiable e imprecisa de estas armas", que "lanzadas en ingentes cantidades sobre extensas zonas, han causado la muerte y heridas a decena de miles de civiles en países asolados por la guerra, principalmente en Asia, Europa y Oriente Medio".

UNIFICAR EL TRATAMIENTO

El acuerdo que surgió del Proceso de Oslo --firmado por 107 países-- se suma al Protocolo V sobre restos explosivos de guerra y la Convención de Otawa sobre la prohibición de minas antipersona, creándose así "un conjunto de herramientas que permiten prevenir o poner remedio a las consecuencias, a menudo trágicas, que todas las municiones explosivas empleadas en conflictos armados tienen en los civiles".

Según ha explicado el ponente nacionalsta, Jordi Xuclà, la reforma de la ley es necesaria para conseguir la aplicación adecuada de la Convención sobre municiones de racimo e unificar el tratamiento contra estas armas con el recibido por las minas antipersona.

Además, en la iniciativa se introducen sanciones para "prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados parte" de las convenciones "que haya sido cometida por personas o entidades en territorio bajo su jurisdicción o control".

En concreto, cifra en entre 5.000 y un millón de euros la cuantía de las sanciones para "cualquier persona o entidad, pública o privada" que lleve a cabo alguna de las actividades prohibidas por la ley. Estas sanciones serán aplicables sin perjuicio a las previstas en la legislación para el personal militar.

PROHIBIDA LA FINANCIACIÓN

Entre las modificaciones propuestas, además de incluir la definición de "munición en racimo", se introduce entre las actividades prohibidas la de la financiación que "de forma directa o indirecta", contribuya a proyectos que tengan como finalidad el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación de minas antipersona, municiones en racimo y armas de efecto similar.

También precisa que el Estado español, su personal militar o sus nacionales "podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con otros Estados que pudieran desarrollar actividades prohibidas en esta ley", aunque no se les autoriza a desarrollar o adquirir estas armas, almacenarlas, utilizarlas o solicitar su uso.

En el caso de que esta proposición de ley saliera de las Cortes en sus términos actuales, las empresas productoras de municiones en racimo, así como cualquiera que pudiera poseerlas con cualquier propósito, deberían informar al Ministerio de Defensa de aquellas que les pertenecieran o estuvieran bajo su control.

Eso sí, los grupos parlamentarios sólo han avalado la toma en consideración de la iniciativa, que podrá ser objeto de enmiendas en el trámite parlamentaria. Algunos grupos, como el PSOE y el PP, ya han anunciado que propondrán modificaciones a la redacción de CiU.