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La trama urbanística cobró comisiones de empresas "estatales y locales"

La operación suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita y se salda con 46 registros

Uno de los detenidos, el empresario Federico Ferrando (izquierda), al quedar en libertad con cargos tras declarar ante la juez, junto a su abogado

Uno de los detenidos, el empresario Federico Ferrando (izquierda), al quedar en libertad con cargos tras declarar ante la juez, junto a su abogado

Los miembros de la trama del caso Azud, que investiga una presunta red orquestada para el pago y cobro de mordidas relacionadas con el urbanismo, también cobraron presuntamente comisiones de "empresas locales dependientes del Ayuntamiento de Valencia y estatales", según consta en uno de los autos de entrada y registro en las viviendas y empresas de los investigados dictados por el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

La causa abierta en 2017, tras una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía contra el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, suma ya medio centenar de investigados. Casi la mitad (21) lo son desde el pasado jueves cuando la Unidad Central Operativa (UCO) del grupo de delitos contra la administración de la Guardia Civil desplegó la operación Azud II, por orden del juzgado de Instrucción 13 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción.

Años de las pesquisas

El grueso de las pesquisas abarca el periodo comprendido entre los años 2004 a 2011. Un periodo en el que el Ayuntamiento de Valencia estaba gobernado por el Partido Popular de Rita Barberá por mayoría absolutísima. En el Gobierno central estaba en este mismo periodo el dirigente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Al estar la causa secreta, incluso para las partes, no ha trascendido aún qué empresas estatales y locales se vieron implicadas en esta trama de pago y cobro de mordidas.

Los investigadores del caso Azud sí han comunicado a los imputados que "las diligencias abiertas se siguen por existir indicios de la comisión» de media docena de delitos «en grado de continuidad delictiva". Y tanto la magistrada del juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción acusan a "todos los investigados de obtener beneficios de las arcas públicas del Ayuntamiento de Valencia, de otros consistorios de la Comunidad Valenciana y de entes públicos, tanto estatales como dependientes del Ayuntamiento de Valencia, en el periodo que se investiga" de 2004 a 2011.

El catálogo de delitos que se imputa al medio centenar de investigados incluye los de «asociación ilícita» (que persigue las entidades creadas para cometer algún delito o una vez constituidas que promueven su comisión); el de organización criminal y el de "tráfico de influencias" en las dos direcciones. Tanto respecto a «los funcionarios implicados o autoridades" por haber "influido en otros funcionarios públicos o autoridades" para "conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero", como respecto a particulares por "influir en funcionarios o autoridades para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o un tercero".

Los investigadores también imputan a los investigados los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho (a funcionarios y autoridades como particulares) y falsedad documental.

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