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Tensión Madrid-Rabat

El intento de esconder a Brahim Gali enciende la mecha

El líder del Polisario está declarado enemigo número uno de Marruecos. La Audiencia Nacional le cita a declarar el 1 de junio

Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.

Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.

El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, es el enemigo número uno del régimen marroquí. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez ocultó todo lo que pudo su entrada en España por «razones humanitarias» y el mismo Frente Polisario lo negó hasta que no le quedó más remedio que reconocerlo. Una vez abierta la espita han sido unas semanas frenéticas para intentar contener el enfado evidente de Rabat, un vecino incómodo para la política diplomática española por muchos motivos, pero con un asunto de fondo desde hace 46 años como es la cuestión del Sahara Occidental y la soberanía que reivindica Marruecos sobre este territorio.

La entrada de Gali en España es digna de un guión de película. Entró en un avión medicalizado por Zaragoza y fue trasladado de incógnito al hospital San Pedro de Logroño. Ingresó directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos aquejado de una neumonía agravada por el coronavirus. Fue registrado con otro nombre y como ciudadano argelino. El secretismo en torno a este paciente especial duró escasamente cuatro días. Las informaciones que circularon en ese momento, 22 de abril, fue que Alemania se había negado a recibir al líder del Polisario para tratar su enfermedad y los contactos entre Argel y Madrid fructificaron para que viniera a España a un hospital que no fuera en una gran ciudad para evitar mayores problemas.

La trayectoria de Brahim Gali, de 72 años, es larga y salpicada de episodios que le convierten en un enemigo para Marruecos pero también un personaje rodeado de capítulos oscuros que han desembocado en querellas, denuncias y en una citación judicial que tiene pendiente en la Audiencia Nacional. Este rocambolesco episodio ha provocado que se haya echado más leña al fuego en las siempre complicadas relaciones entre España y Marruecos pero también entre las asociaciones de víctimas y en muchos saharauis que tienen cuentas pendientes con Gali.

Las acusaciones que pesan sobre el líder del Frente Polisario son graves: genocidio, torturas, asesinato y desapariciones. Desde que las asociaciones y colectivos que están damnificados por su trayectoria se enteraron que está en España han activado las denuncias interpuestas contra él, del tal forma que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado al reapertura del proceso judicial y mediante un auto le cita para declarar en calidad de investigado el próximo 1 de junio a las 10.30 horas, notificación que le fue trasladada a Gali en Logroño. Que vaya o no vaya a declarar forma parte de una de las muchas incógnitas que rodean este caso porque el juez también ha decidido no proceder por el momento a la adopción de medidas cautelares como solicitaba la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos.

La tormenta diplomática que ha provocado la presencia de Gali en España ha llegado al punto de provocar una crisis migratoria sin parangón hasta ahora. El sur de la Península y Canarias sufren desde hace años el impacto de los flujos migratorios procedentes de Marruecos, con mayor o menor intensidad en función no solo de la climatología o de los flujos migratorios en otras zonas, sino también de cómo estén en cada momento las relaciones entre España o la UE con el país magrebí. Lo único que ha provocado la política de poca transparencia del Gobierno español es encender aún más los ánimos del régimen marroquí, con críticas destempladas de su ministro de Asuntos Exteriores y ayer de la propia embajadora de Rabat en Madrid, Karima Benyaich: «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir».

Dilatada trayectoria

Cuando en 2016 Brahim Gali fue designado de nuevo líder del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para sustituir al fallecido Mohamed Abdelaziz, muchos analistas y especialistas en el problema del Sahara lo interpretaron como el regreso a la «línea dura» del Frente Polisario, la línea belicosa y bronca, llegando incluso a vaticinar que esta elección era una «pre declaración» de guerra a Marruecos. Con el paso de los años parte de estos análisis se han hecho realidad con el incremento de la tensión entre Rabat y el Polisario y los escarceos bélicos que han tenido lugar en la zona.

La dilatada trayectoria de Gali le convirtió primero en enemigo de España cuanto era la potencia colonial ocupante del Sahara Occidental y después de Marruecos, a raíz de la Marcha Verde y la salida de Madrid del territorio cuando Franco aún estaba vivo pero en sus últimos meses de agonía. A finales de los años sesenta formó parte de la Organización para la Liberación de Saguia El Hamra Río de Oro, siendo detenido y encarcelado por la policía española de la época en varias ocasiones. Entre mayo de 1973 y 1974 fue elegido como el primer secretario general de la historia del Frente Polisario, convirtiéndose en uno de los principales guerrilleros en su lucha contra España. Tras la ocupación marroquí del territorio saharaui, Gali se convirtió en ministro de Defensa de la recién creada RASD y por ello dirigió el frente de batalla contra el ejército marroquí hasta el alto el fuego de 1991, en el que se acordó, con la mediación de la ONU, la celebración de un referéndum que, a día de hoy, aún no se ha celebrado.

Gali ha cosechado durante su larga trayectoria numerosos enemigos también dentro del pueblo saharaui. Nada más conocerse oficialmente la noticia de su ingreso en el hospital San Pedro de Logroño, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Canarias (Acavite) reclamó su detención inmediata, acusándole de ser el instigador de «los ametrallamientos, asesinatos, secuestros masivos y desapariciones de tripulaciones en alta mar de marineros canarios desde 1973 hasta 1986». Gali, en esa época ministro de Defensa de la RASD, fue el promotor de los ataques contra los pesqueros Junquito y Andes que causaron la muerte del contramaestre Guillermo Batista Figueroa y el marinero José López, además del secuestro de marineros de las embarcaciones Saa, Las Palomas o Garmo Mar.

Por otro lado, Gali fue imputado en 2016 por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, tras acusarle de la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia). El juez admitió una denuncia a trámite en noviembre de 2012 y que fue interpuesta por la asociación Asadedh y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del Gobierno argelino.

Ante tal imputación Gali, que tenía previsto viajar a España por esa época, suspendió el viaje y no se presentó a la Audiencia Nacional. Ahora, cinco años después, la reclamación judicial se vuelve a activar, aunque está por ver si Gali se presenta o no ante el juez.

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