El Tribunal Supremo (TS) ha reducido de 4 años y 7 meses de prisión a 3 años la pena a Casto Berriel por delito de falsedad en documento mercantil y público en concurso con un delito de prevaricación, cometidos en 2012 cuando era jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura.

La sentencia consideró probado que Berriel desempeñó a la vez el puesto de jefe insular de Agricultura y Ganadería --siendo responsable de las concesiones de subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS)-- y el cargo, primero, de administrador único de la entidad mercantil Microtón Fuerteventura, S.L., y después, desde 2012, de administrador de hecho de la entidad Servicios Agrarios Capraria, S.L., entidad sucesora de la anterior en la que el administrador único es su sobrino.

De esta manera, el fallo entiende que estos cargos los tuvo a sabiendas de la manifiesta incompatibilidad entre ambas actividades y de la ausencia de respaldo legal alguno.

Así lo ha informado la Sala II del TS en un comunicado en el que señala que la reducción de la pena respecto a la impuesta en diciembre de 2019 por la Audiencia de Las Palmas se realiza en aplicación de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015.

No obstante, se mantiene inalterada la pena de 4 años y 2 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta al acusado.

En este periodo no podrá ostentar o acceder a la condición de funcionario del Cabildo de Fuerteventura ni cualquier cargo electo en la misma entidad. Asimismo, por los mismos delitos deberá pagar una multa de 1.800 euros.

De igual modo, el TS mantiene la condena a Casto Berriel por un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, a la pena de diez meses multa con una cuota diaria de diez euros (un total de 3.000 euros) y suspensión para cualquier empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura durante dos años y tres meses,

Mientras, el Supremo desestimó los recursos de R.B., sobrino del anterior y administrador de derecho de una empresa que de hecho gestionaba el primero, condenado por un delito de prevaricación a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el Cabildo de Fuerteventura, y de J.J.G, condenado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil, a la pena de seis meses de prisión y seis meses multa, con una cuota diaria de diez euros.

Finalmente, los dos primeros tendrán que indemnizar al Gobierno canario con 9.000 euros de la subvención concedida para sufragar un tractor que no llegó a comprarse.