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La Provincia - Diario de Las Palmas

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VOTACIÓN DECRETO ANTICRISIS

Moncloa primó la negociación con Bildu para no desarmar su mayoría con ERC

El Gobierno y el PSOE buscaron una mayoría alternativa con los abertzales y los grupos pequeños para superar el rechazo de ERC | El Gobierno y el PSOE buscaron una mayoría alternativa con los abertzales y los grupos pequeños para superar el rechazo de ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia. JAVIER BARBANCHO

La negativa de ERC a respaldar el real decreto ley de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania, por el escándalo 'Pegasus', podía haber arrojado al Gobierno a los brazos del PP. Buscar su abstención para salvar una votación, que en los últimos días se había puesto muy complicada. Pero esa vía nunca se valoró de manera seria. Para Moncloa y para el PSOE, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, esa opción siempre fue intransitable.

"Y después qué", apuntaban fuentes socialistas. El Gobierno es totalmente consciente de que la supervivencia de la legislatura depende de la mayoría de la investidura y que los votos de ERC y de EH Bildu, sobre todo de los primeros, resultan fundamentales. Apostar por el PP para sacar adelante este real decreto ley, que incluye entre otras medidas la bonificación de la gasolina, habría supuesto poner en jaque la aritmética actual que sostiene al Gobierno y depender absolutamente de los populares.

Y esto no está en la mente del Ejecutivo. Al contrario, la preocupación en estos momentos es cómo recuperar la interlocución con la Generalitat y con ERC. Y no parece fácil hacerlo. El independentismo ha encontrado en el presunto espionaje a más de 60 cargos, que se basa en la investigación de una supuesta entidad independiente  Citizen Lab, una nueva causa. El Gobierno ha tratado de dar una respuesta con varias iniciativas: una investigación interna en el CNI, que supone admitir que ha estado implicado en estas escuchas, y un cambio en la composición de la comisión de secretos oficiales para acomodar a ERC y a EH Bildu.

No rodarán cabeza

Nada de esto ha satisfecho a los republicanos, que piden la depuración de responsabilidades políticas. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado públicamente, la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Fuentes socialistas aseguran que "nada de esto va a suceder". Eso no obsta para que en Moncloa haya incomodado algunas de las últimas intervenciones de Robles, que no han ayudado a calmar las aguas con ERC.

Unidas Podemos, que apenas ha participado en la negociación para salvar el real decreto ley, ha presionado internamente para que Sánchez hiciera lo que hubiera que hacer para no perder a los republicanos y conservar la mayoría absoluta de la investidura. Pero también señalan que no se trata de nada personal contra Robles, habitualmente muy crítica con la formación morada, y que a ellos el combate dialéctico con ella les refuerza ante su electorado.

Desde el Gobierno, en privado, se ha llegado a admitir que entre las funciones del CNI está hacer frente al proceso separatista impulsado desde Cataluña y vigilar tanto el referéndum independentista del 1-O de 2017 como los disturbios que se produjeron en Barcelona y en el resto de la autonomía en octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia del 'procès'. Pero se niega un espionaje masivo con el sistema Pegasus, a través de los teléfonos móviles. En Moncloa consideran que, tras los movimientos que han hecho para frenar el malestar de ERC, no tienen mucho más margen y confían en una recuperación paulatina de las relaciones.

Nunca se quiso negociar con el PP

Sobre el PP piensan que no exhibió una voluntad negociadora real por la dureza de sus condiciones. La verdad es que tampoco la tenía el Gobierno. El martes por la noche la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó al responsable económico popular, Juan Bravo, pero la conversación resultó infructuosa. Al día siguiente el PP hizo público una carta en en la que pedía al Gobierno que tramitara el real decreto ley como proyecto de ley pero para incorporar sus cuatro exigencias: una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada del IVA para la electricidad, medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y una racionalización del gasto burocrático y político del Gobierno.

Poco después el Ejecutivo avanzó que aceptaba la tramitación como proyecto de ley. Pero ese paso no se daba para agradar al PP sino para amarrar el apoyo de EH Bildu y de formaciones pequeñas como Teruel Existe, BNG y Nuevas Canarias. De hecho, a lo largo del miércoles, ya se lo habían prometido a este último partido para incorporarlo a la suma alternativa con la que se pretendía superar el rechazo de ERC.

Que no era un gesto al PP era muy obvio sólo leyendo la respuesta oficial de la ministra de Hacienda a Juan Bravo, en un tono nada favorable a las exigencias del principal partido de la oposición. Montero reprochaba al PP que diera a conocer su carta a los medios y le reclamaba que en su voluntad de acuerdo incluyera también la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de otros reproches. Con esta contestación no parecía muy factible que se pueda llegar a un mínimo entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Porque en todo momento, a pesar de que el Ejecutivo se ha visto con el agua al cuello, la apuesta siempre fue EH Bildu y los partidos pequeños.

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