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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Tribunales

La Fiscalía ve indicios de delito en los gastos sin justificar de la exvicepresidenta de Ibiza Marta Díaz

La Oficina Anticorrupción concluyó que se podría haber cometido malversación

La consellera exsocialista Marta Díaz, abajo, durante el último pleno del Consell. JA RIERA

La Fiscalía aprecia indicios de delito en el caso de los gastos sin justificar de la consellera exsocialista Marta Díaz en el pasado mandato cuando ocupaba la vicepresidencia segunda del Consell de Ibiza. A petición del Ministerio Público, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza investigará los gastos públicos sin justificar con la tarjeta de la institución que Díaz tuvo que devolver.

En concreto, la consellera reembolsó el 20 de agosto de 2019, un mes y medio después de que PP y Ciudadanos tomaran el relevo al gobierno de la izquierda (PSOE y Guanyem), un total de 1.585 euros no justificados gastados con la tarjeta institucional. A finales de octubre de ese año, Díaz también devolvió otra partida de 1.350 euros por desembolsos en viajes y manutención para asistir a eventos de moda y artesanía.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears remitió una denuncia a la Fiscalía tras investigar los hechos, a petición del Parlament balear, y apreciar la comisión supuestamente de un delito de malversación. Tras analizar el expediente y el informe razonado de la oficina anticorrupción, el Ministerio Público también ha visto indicios de delito y ha mandado ahora una denuncia a los juzgados.

La Oficina Anticorrupción también envió al Ministerio Fiscal una denuncia por la contratación por parte del actual gobierno del Consell de PP y Ciudadanos de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’ durante el estado de alarma por la pandemia, pero aún no se ha decidido si se enviará también a los juzgados para que se instruyan diligencias penales.

En su resolución sobre el caso de Marta Díaz, la oficina anticorrupción, organismo dependiente del Parlament balear, indicó que la exvicepresidenta segunda utilizó presuntamente la tarjeta del Consell para gastos que no eran públicos. Llegó a esta conclusión porque la consellera exsocialista no presentó todos los justificantes de sus gastos y, en casos en que sí los había aportado no había una justificación adecuada sobre la necesidad de ese desembolso. Además, apuntó que, aparte de los cargos bancarios sin justificar de la tarjeta, se retiraron cantidades en efectivo sin que haya quedado constancia de su destino.

Pese a que Díaz devolvió casi 3.000 euros de su bolsillo, la Oficina Anticorrupción concluyó que la restitución de los fondos no justificados no quedó acreditada durante la investigación. Durante la instrucción de la denuncia, Díaz presentó alegaciones en la Oficina Anticorrupción, al igual que los funcionarios que ejercieron la función interventora de los gastos.

Entre los gastos sin justificar con la tarjeta destacaban varios cargos de peluquería, gasolina a pesar de que la consellera no conducía y dos entradas de cine. En su día, Díaz defendió, en declaraciones a Diario de Ibiza, que todo estaba justificado, salvo las entradas en el Multicines, que atribuyó a "una equivocación".

Todos los consellers del anterior gobierno del Consell contaban con una tarjeta para pagar los gastos de representación. A medida que se iba agotando el saldo (se disponía de 4.000 euros de partida), se debían justificar los gastos (con los tiques validados por los técnicos) para que el área de Tesorería aumentara el crédito. Díaz fue la única consellera del anterior gobierno que al final del mandato no justificó todos sus gastos.

Crema y comidas en Cala Jondal

Aparte de los gastos de la tarjeta sin justificar, la exvicepresidenta presentó tiques, validados con su firma, con gastos como el de la compra de una crema Guerlain en el aeropuerto Orly de París con un coste de 44,5 euros o el tique de un bar restaurante de Madrid, durante la feria Fitur (a las 2.15 horas de la madrugada), por valor de 56 euros por tres combinados de alcohol, un mojito y un refresco.

También presentó los tiques de dos comidas en Cala Jondal del fin de semana del 12 y 13 de agosto de 2017 que superaron el control económico del Consell y que se justificaban con un escueto ‘moda Adlib’. Uno de ellos por valor de 205 euros, con dos platos de comida y una sangría de cava de lux de 85 euros incluía un 20% por el suplemento de hamacas. Ese día, Díaz colgó el siguiente mensaje en las redes sociales: "Hoy, por fin, después de tres semanas, día de playa… Cala Jondal...". Ese año la pasarela Adlib se celebró entre el 18 y el 20 de mayo.

El Tribunal de Cuentas también abre una investigación

El Tribunal de Cuentas también ha abierto una investigación a raíz de la denuncia recibida desde la Oficina de Lucha y Prevención contra la Corrupción en Balears por posible responsabilidad contable tanto de la exvicepresidenta segunda del Consell Marta Díaz como de algunos de los funcionarios de los departamentos de Intervención y Tesorería por negligencia o demora en el cumplimiento de sus funciones de control de los gastos de la política y de custodia de los fondos públicos.

La responsabilidad contable es un incumplimiento de la normativa presupuestaria y contable que regula el sector público. Se trata de una especie de responsabilidad civil dirigida a reparar cualquier daño que se haya podido producir en el erario.

En su resolución, la Oficina Anticorrupción también solicitó al presidente del Consell ibicenco que iniciara un procedimiento administrativo, sancionador y disciplinario contra los supuestos responsables de las irregularidades detectadas y que tomase nota de la falta de control de los anticipos de caja fija al objeto de que adoptase medidas para evitar posibles usos irregulares de las tarjetas bancarias institucionales.

En este caso, el presidente, Vicent Marí, del PP, decidió al principio de este mandato retirar las tarjetas institucionales y que los cargos públicos adelanten el dinero de sus gastos de representación para recuperarlos una vez justificados. Intervención pide ahora una justificación por escrito de los gastos de la caja fija en la que se especifique dónde, cuándo y por qué se hizo el desembolso.

Fuentes del Consell apuntan que mientras el Tribunal de Cuentas instruye diligencias para resolver si ha habido responsabilidad contable, no se puede iniciar un expediente administrativo contra ningún funcionario.

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