El pasado de los nuevos magistrados que han entrado en la última renovación del Tribunal Constitucional, especialmente los designados por el Gobierno -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez- está empezando a pesar en la labor diaria del órgano a cuenta de las recusaciones presentadas por Vox y el PP respecto a una decena de asuntos clave cuyo análisis, en alguno de los casos, ya ha sido agendado por el nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, para las próximas semanas.

El Partido Popular anunció este miércoles que han solicitado que ambos magistrados se aparten de hasta un total de ocho recursos de inconstitucionalidad, a lo que se une la iniciativa de Federico Trillo y otros ya exdiputados del PP que impugnaron en 2010 la vigente ley del aborto y que piden que el propio presidente y otros magistrados se abstengan de analizar este tema, que ha sido incluido en el orden del día del Pleno que el Tribunal Constitucional celebrará a partir del próximo martes. Por su parte, Vox incluyó una petición similar contra cuatro magistrados del sector progresista del tribunal en el último recurso que presentó hace tan solo unos días contra la reforma de la malversación.

El movimiento del PP estaba siendo estudiado por los servicios jurídicos del partido desde hace semanas, según informó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, una vez se conocieron el reparto de ponencias que les habían correspondido a los nuevos magistrados, una vez el órgano fue renovado el pasado 9 de enero. Desde ese momento se analizaron los razonamientos legales para fundamentar esta petición de forma concreta en cada caso, y ahora se ha tomado una decisión definitiva.

El Tribunal Constitucional previsiblemente se blindará frente a todas estas peticiones, puesto que anteriormente ya ha establecido criterios muy restrictivos respecto de las recusaciones a sus magistrados. Hace tan solo un año, poco después de que se incorporaran Enrique Arnaldo y Concepción Espejel tras la anterior renovación, se redactó un auto rechazando las recusaciones que se habían presentado contra ambos tanto por Carles Puigdemont como otros líderes independentistas. Se argumentó en contra que sus trayectorias profesionales les restaran imparcialidad para resolver estos asuntos.

Pese a ello, la iniciativa del PP obligará a responder a cada una de las recusaciones, lo que como poco ralentizará la respuesta de tribunal. Concretamente, el grupo parlamentario popular ha formulado recusación contra Díez y Campo respecto de los siguientes recursos: el Real Decreto-Ley de 19 de enero de 2021 de protección de los consumidores --recurrido por entender el PP que el Gobierno no respeta la propiedad privada y favorece la 'okupación'--, contra varias disposiciones de la Ley de Presupuestos de 2021 que restablecieron el Impuesto de Patrimonio; contra la ley de educación (ley Celaá); y contra la Ley del Poder Judicial de 1 de julio de 2021, que limitó los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial.

Los de Feijóo también recusan a los dos magistrados designados por el Gobierno en causas sobre la ley de eutanasia; sobre reparto en plataformas digitales o 'ley rider'; contra varios puntos del Real Decreto-Ley de 4 de mayo de 2021 sobre el estado de alarma por el Covid; y contra varios artículos de un decreto ley y una ley de Cataluña de 2022 sobre proyectos lingüísticos y uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria (contra el 25 por ciento de castellano en las aulas). En este último caso, la propia Díez ya se ha abstenido, pues participó en la elaboración de dictámenes sobre la enseñanza de lenguas cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.

El PP suma otra recusación, esta vez solo contra a Juan Carlos Campo, respecto en el recurso de amparo que presentaron con relación a las enmiendas sobre reforma de las leyes orgánicas para acelerar la propia renovación del Constitucional que se quisieron introducir en la normativa sobre derogación de la sedición y rebaja de la malversación.

'Quorum' para el aborto

El debate sobre el aborto -que se ha incluido en el calendario del Constitucional con casi 13 años de retraso-, llega amenazado por las recusaciones que 5 de los 71 diputados 'populares' que en su día firmaron el recurso de inconstitucional, entre ellos el ex ministro Federico Trillo, han formulado contra cuatro magistrados -el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel-.

En relación con Conde-Pumpido, los antiguos parlamentarios alegan que "era fiscal general del Estado y participó en las deliberaciones del Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de la ley orgánica objeto de este recurso y se formó criterio sobre el mismo hasta el punto de firmar un informe alternativo al emitido por el Consejo Fiscal por desacuerdo con este último". Sobre Campo, el escrito, según informa Europa Press, aduce que "fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011 y, por lo tanto, miembro de la estructura de Gobierno de la que partió la iniciativa del anteproyecto que dio lugar a la Ley Orgánica 2/2010 hoy recurrida".

Finalmente, en cuanto a Montalbán y Espejel, los recurrentes esgrimen que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó la ley del aborto y, en consecuencia, "participaron en la elaboración y votación del informe de ese órgano sobre el citado anteproyecto". La segunda, perteneciente al sector conservador del tribunal, ya ha presentado su abstención, según adelantó 'El Español', lo que pone en cuestión la decisión que adopte su compañera Montalbán, que forma parte del sector mayoritario. Su decisión, en todo caso, debe ser avalada por el Pleno y es probable que no sea aceptada, según las fuentes consultadas por este diario.

La cuestión es que estos cuatro magistrados fueran apartados --voluntariamente o por decisión del Pleno-- el Constitucional se quedaría sin los al menos ocho magistrados que se necesitan para resolver válidamente, ya que ahora mismo el tribunal está integrado por 11 magistrados. Por su parte, Campo ya se ha abstenido de participar en la deliberación de varios recursos dirigidos contra decisiones adoptadas por la Mesa del Congreso de los Diputados, tales como el relativo a la retirada del escaño del ex diputado 'morado' Alberto Rodríguez o a los expedientes de los indultos del 'procés'.