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Entrevista

Joaquim Bosch: "Los indultos por casos de corrupción multiplican por once a los del resto de delitos"

El magistrado aborda en su libro 'La patria en la cartera' la corrupción política en España y señala que no hay casos similares en la Europa democrática

Joaquim Bosch con su libro 'La patria en la cartera'.

El magistrado y jurista valenciano Joaquim Bosch (Cullera, 1965), exportavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, aborda en ‘La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España’ (Ariel, 2022) el fenómeno de la corrupción política en este país y analiza sus orígenes. También explica la falta de medios que tiene la justicia para perseguir estos delitos y aporta soluciones.

En su libro habla del fenómeno de la corrupción en España. ¿Qué implica que sea algo estructural?

Lo podemos constatar con los datos objetivos. Tenemos y hemos tenido, en prácticamente todos los territorios autonómicos, políticos condenados o encausados por corrupción. El caso de Balears es claro. Recordemos nombres como Gabriel Cañellas, Jaume Matas y Maria Antònia Munar. Ahora mismo hay un procedimiento abierto en el Consell Insular. Una situación con una exteriorización judicial tan fuerte no tiene equivalentes en ningún país de la Europa democrática. Pero la concentración en el Estado español es esencialmente política, a diferencia de países como Honduras o Guatemala, en Centroamérica, donde está corrompido todo el espacio público. La mayoría de los políticos de aquí son honrados, pero basta con que haya una minoría amplia en espacio centrales de decisión para que esto afecte a todo el sistema y cause daños económicos gravísimos en la sociedad.

Trata casos anteriores al franquismo, pero demuestra que la corrupción se institucionalizó durante la dictadura. ¿Qué quiere decir esto?

En el libro analizo casos de corrupción desde la Edad Media, pero para nuestro sistema democrático es mucho más importante lo que pasó en el franquismo, porque es el régimen político inmediatamente anterior y generó secuelas importantes. Era una corrupción generalizada, sistémica y estaba en todos los rincones de la sociedad. Y determinadas dinámicas de la Transición dificultaron una ruptura con las dinámicas comisivas del franquismo. La estructura institucional ilegal que permitía prácticas corruptas en la dictadura se mantuvo durante años en la democracia y luego se reformó tarde y mal.

¿Qué perdura de aquella corrupción?

Las grandes manipulaciones en los ámbitos urbanístico y turístico en todo el litoral mediterráneo y también en las Illes Balears comenzó en el franquismo. Si queremos entender por qué aquí es tan fácil degradar el medio ambiente y el territorio, hemos de comprender muy bien cómo creció el sector hotelero y turístico durante el franquismo y por qué después ha habido continuidad. Aquí tenemos un tejido empresarial muy vinculado a la contratación pública. Un caso conocido es el de Joan March. Es un sector empresarial que en gran parte ha generado dinero, pero en el ámbito de la contrata pública y con todo tipo de tratos de favor. Todavía hoy en muchas sentencias ves que hay una especie de redes clientelares entre el poder político y determinadas sectores empresariales. Esto arrancó en el franquismo y hoy tiene fuertes continuidades. Lo mismo ocurre con mecanismos de manipulación en la administración pública, en el nombramiento de altos cargos o en las redes clientelares de los partidos. Pasamos de redes clientelares del ‘movimiento nacional’ a redes de los principales partidos de la democracia.

¿Es muy grave la falta de medios de la justicia en España?

Es tan bestia como que tenemos multitud de casos de corrupción que tardan en acabarse entre 10 y 15 años, a una distancia enorme de los procesos penales en otros países europeos, y es por la falta de recursos y por una Ley de Enjuiciamiento Criminal que es del siglo XIX. Esto genera enormes dilaciones y facilita condenas más benignas, porque cuanto más dura un procedimiento, más complejo es mantener las pruebas. Y cuando se llega a los cabecillas de la trama, a menudo ya han prescrito los delitos. Esto genera una fuerte percepción ciudadana de impunidad e incluso entre los propios corruptos. Tienen más medios las tramas corruptas para eludir la justicia que los jueces instructores para perseguirlo. Lo que llega a los juzgados es la punta del iceberg. La corrupción es muy difícil de detectar, cuando se detecta es muy difícil de perseguir, cuando se juzga es muy difícil de condenar, y cuando se condena es muy fácil de indultar. Los indultos en casos de corrupción multiplican por once al resto de delitos.

Y la corrupción nos cuesta muchísimo dinero.

Todos los estudios y también los informes de órganos oficiales como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos dicen que la corrupción nos roba al año más de 40.000 millones de euros, y se ve por los desajustes en los mecanismos de la competencia, que hacen que nuestras instituciones contraten a un precio muy superior al precio de mercado. Es cierto que en algunos casos hay procedimientos penales, pero a menudo no es tanto porque el sistema funcione muy bien, como por descuidos o distracciones de la trama, que deja rastro, o conflictos internos en la trama que hace que alguien, desde dentro, denuncie.

"Pasamos de redes clientelares del ‘movimiento nacional’ a redes de los principales partidos de la democracia"

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Antes decía que no hay casos similares en la Europa democrática. De hecho, en otras entrevistas ha dicho que nos parecemos más a Centroamérica.

Cuando comparo con Europa hablo de corrupción estrictamente política. En el sur de Italia, por ejemplo, hay más corrupción general -policial o funcionarial- que aquí. Donde vamos por delante es en el ámbito estrictamente político. Los porcentajes de corrupción política en España se aproximan peligrosamente a los de Honduras o Guatemala, pero en Centroamérica hay más corrupción a nivel general. La ciudadanía, en vez de resignarse, debe indignarse y pedir soluciones.

El libro explica que la corrupción daña gravemente nuestra calidad de vida.

Los economistas nos dicen que si con la muerte de Franco hubiésemos acabado con la corrupción, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Las democracias más avanzadas tienen niveles de corrupción más bajos y un nivel económico de vida más alto. Se trata de países que han activado todo su potencial económico al servicio del bien común. Podríamos acabar con las bolsas de pobreza, tener unos servicios públicos más desarrollados y prestaciones sociales más amplias.

¿Es importante aterrizar todo esto para ser conscientes de las consecuencias sociales?

La corrupción es tremendamente antisocial y agrava las desigualdades sociales. El Estado social consagrado constitucionalmente tiene como premisa redistribuir la renta de los más privilegiados hacia los más necesitados. Esto forma parte de la configuración de España como un Estado social y democrático de derecho. Pues bien, la corrupción hace exactamente lo contrario.

"Si con la muerte de Franco hubiésemos acabado con la corrupción, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea".

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¿Estamos anestesiados?

Por un lado, la ciudadanía piensa que esto forma parte del ADN del país, que hay un gen corrupto español. Esto no es verdad y lo explico en el libro. Está demostrado que no es una cuestión biológica, sino que hay sistemas institucionales que favorecen la corrupción y otros que la dificultan. El día que tengamos un sistema institucional sólido, con una fuerte separación de poderes y organismos de control de los abusos de poder como los que hay en Dinamarca, Alemania o Nueva Zelanda, si aún así continuamos teniendo corrupción, la culpa será de la sangría, la paella o la siesta, pero creo que no será así.

Entonces el problema no es tanto que las penas sean bajas.

Se puede analizar nuestro sistema de penas, que puede tener algunas mejoras, pero pienso que ahora mismo el principal problema no está ahí. Más que incrementar las penas lo que toca es que haya persecuciones efectivas y condenas. Más importante todavía es articular mecanismos de prevención para dificultar que los cargos públicos puedan corromperse. Para ello necesitamos mecanismos de contratación que aseguren que las adjudicaciones son a precio de mercado. En su momento, el Tribunal de Cuentas Europeo detectó que, en igualdad de condiciones orográficas, las autopistas españolas costaban el doble que las alemanas. Los auditores europeos no lo entendían, compararon el coste de la vida, los salarios y atribuyeron esa diferencia española a determinados artificios en materia de contratación pública en un país en el que se hacen muchos fraccionamientos de contratos, modificaciones de contrato posteriores y todo tipo de artificios en la contratación pública.

En la segunda parte del libro aporta soluciones de prevención, persecución y castigo.

Sí. También explico circunstancias que favorecen la corrupción, como los aforamientos. En este país tenemos tribunales especiales para políticos, habitualmente configurados a través de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que está fuertemente expuesto a las presiones políticas. Esto explica su lamentable situación de bloqueo. Otras circunstancias son la inviolabilidad del jefe del Estado, los indultos, que se deberían replantear, y otros mecanismos que son la antesala de posibles conductas corruptas, como las puertas giratorias.

¿En España la corrupción pasa factura electoral?

Hay un mito de que la corrupción no pasa nunca factura y creo que esto ha sido cierto en algún momento, pero mi impresión es que la ciudadanía está cada vez más preocupada. Aún hay sectores sociales que apoyan a los corruptos y en el libro hablo de lo que llamo electorado corrupto. A la vez, en los últimos años ha habido una mayor sensibilidad ciudadana y hay comunidades donde la corrupción sí ha pasado factura.

¿Hay un exceso de querellas por parte de los partidos?

Se habla mucho, y con razón, de la politización de la justicia, pero también hay una fuerte judicialización de la política. Está claro que se presentan muchas acciones que no tienen el más mínimo fundamento. De hecho, no tienen recorrido y se hacen para buscar titulares para favorecer estrategias partidistas y ahí podría haber algún tipo de reflexión, si no para impedir estas conductas, porque puede ser peligroso limitar las acciones, sí para que los casos manifiestamente infundados, sin contenido jurídico real, puedan ser sancionados de manera adecuada para evitar abusos.

Hay jueces que después de pasar por política vuelven a la judicatura. ¿Esto es malo per se?

Hay gente que considera que los políticos son gente poco preparada y se supone que los jueces, a la hora de elaborar leyes y normas, pueden realizar aportaciones positivas. El problema es la vuelta a la profesión. Diría que ahí es donde se deben elaborar mecanismos más estrictos de incompatibilidad para que no se vulnere la apariencia de imparcialidad. Si un político ha estado en un gobierno, después no puede estar en un juzgado penal decidiendo sobre cosas que afectan a dicho gobierno, por ejemplo. Pero si el juez vuelve a un juzgado laboral o a uno de familia para decidir sobre divorcios, su imparcialidad no tiene por qué quedar afectada. Yo analizaría a qué jurisdicciones y tipos de causas el juez no podría volver y regular unas incompatibilidades mucho más rígidas.

De la ley del sólo si es así hemos escuchado que está mal hecha y también que se aplica mal. ¿Cómo lo ve usted?

Esta ley acierta al buscar una solución integral al problema de delitos contra la libertad sexual, especialmente al introducir mecanismos preventivos, de asistencia a las víctimas, de apoyo jurídico y de acompañamiento en todas las instancias. En el ámbito penal, hace una reformulación de conjunto y, como suele pasar cuando hay una reforma integral, hay penas que suben, algunas pocas penas que bajan y se introducen nuevas figuras delictivas que antes no existían. En algunos casos está claro que hay penas ligeramente más bajas y, en otros, es discutible si la pena posterior es más baja o no en función de cómo se interprete y ahí hay discrepancias entre los tribunales. Mi opinión es que hace falta esperar a que el Tribunal Supremo resuelva las desavenencias entre las diversas audiencias y marque una doctrina sobre aquellas conductas en las que hay más dudas sobre si la pena es más baja y más favorable al reo o no lo es. Pienso que se está dramatizando de una manera exagerada un problema que ha pasado muy a menudo cada vez que ha habido una reforma penal amplia y que es una cosa que en última instancia debe resolver el Supremo para unificar doctrina.

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