El sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social en España no ha dejado de ser noticia desde hace mucho tiempo, lo cual es un síntoma de la importancia que le damos a este pilar de nuestro Estado de Bienestar.

Es cierto que la salud del sistema de pensiones está atravesando por dificultades y para corroborarlo no hace falta más que ver los datos del déficit de la Seguridad Social. Así, en 2017 el déficit contributivo (aquel que deja fuera la parte no contributiva, como complemento a mínimos y transferencias) fue de 19.000 millones de euros y en 2018 está previsto que alcance los 20.000 millones, que supondrá el 1,66% del Producto Interior Bruto (PIB). Estas cifras, que a base de oírlas se nos hacen familiares y a las que no les damos demasiada importancia, son extraordinariamente grandes y para comprobarlo solo hace falta ponerlo en relación con algo que sea más entendible: con 20.000 millones de euros se podrían construir 50 hospitales como La Fe de València, uno de los más modernos de España. Un déficit de esa magnitud nos indica que casi un 20% de las pensiones contributivas de este año no se están financiando con las cotizaciones de este mismo año (esta es la base de todo sistema de reparto, como es el español), sino con deuda, que en el futuro alguien tendrá que pagar, junto con sus intereses.

Una deuda pública que ya es enorme, puesto que ronda el 100% del PIB y que, de momento, los tipos de interés que se están pagando no son muy elevados, merced a los denominados vientos de cola, pero que en el futuro subirán, encareciendo aún más la factura de la deuda. Esto supondrá que, muy probablemente, tendremos que rebajar el gasto de otros pilares del estado del Bienestar, como Sanidad, Educación, Dependencia, y, por qué no, de las Pensiones.

Déficit Seguridad Social

El problema del déficit de la Seguridad Social no proviene solo de los dos últimos años, sino que viene de lejos. Antes de la crisis de 2008, es decir, en la época de fuerte crecimiento de la economía, entre 2000 y 2007, la línea de tendencia del saldo sobre el PIB crecía al 9,5% anual y durante la etapa más dura de la recesión, desde 2008 a 2016, esa misma línea de tendencia ha decrecido al 38,0% anual; es decir, el saldo de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro cuatro veces mayor en la recesión que de mejora en la expansión. Esto ha supuesto que hemos pasado de un superávit sobre el PIB del 1,36% en 2007 a un déficit de 1,66% en 2018. Este cambio tan brusco ha provocado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social haya casi desaparecido y que, además, la Seguridad Social haya tenido que endeudarse por un importe de 25.000 millones de euros entre 2017 y 2018.

La siguiente pregunta que cabe hacerse es si los déficits de los últimos años son coyunturales o estructurales. Para ello vamos a utilizar lo que se denomina saldo estructural del sistema de pensiones, que utiliza una media aritmética móvil de 11 años centrada en el año de cálculo. Se observa que hay una tendencia a aumentar el déficit estructural en los últimos años, llegando en 2018 a 17.500 millones, algo inferior al déficit contributivo de ese año, lo cual nos indica que el problema del sistema de pensiones no es solo coyuntural -sobre todo como consecuencia de la crisis- sino que hay un importantísimo componente estructural, debido a la propia configuración actual del sistema.

Y lo siguiente que cabe plantearse es ¿qué va a pasar con el saldo de la Seguridad Social en el futuro? Esta pregunta no es fácil de contestar porque la política sobre pensiones ha sufrido continuas variaciones. La reforma de las pensiones de 2013, que incluye dos mecanismos de ajuste automático: el Factor de Sostenibilidad (FS) y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y que debería servir para aislar el sistema de pensiones de las continuas modificaciones legislativas está, en la práctica, suspendida. Si, tal como parece, la revalorización de las pensiones va a realizarse según el Índice de Precios al Consumo (IPC), esto va a suponer, según nuestros cálculos, que nunca se va a poder conseguir un superávit contributivo y, además, el déficit contributivo anual va a ser creciente. En el escenario más probable, los cálculos arrojan un déficit contributivo anual del 2,76% del PIB en 2030, del 4,19% en 2040 y del 4,87% en 2050. Este importante problema se puede analizar desde otra óptica si lo que hacemos es calcular el déficit acumulado hasta diferentes fechas. Así, el déficit acumulado desde 2018 hasta 2030 supondría un 23% del PIB, desde 2018 hasta 2040 sería del 47% y llegaría hasta el 74% del PIB si acumuláramos el déficit entre 2018 y 2050. Estas cifras deberían hacer reflexionar a nuestros políticos porque la situación que presentamos aquí es casi insostenible y deberían tomarse ya medidas para que los afiliados actuales y futuros no tengan que llegar a esta situación.

Ante este panorama, los organismos internacionales nos informan de que la tasa de sustitución (definida como el cociente entre la pensión inicial de un jubilado y su último salario) es en España la más alta de todos los países de la Unión Europea, ya que alcanza el 78,7%, mientras que la media de la Unión Europea es del 45,1% y, por ejemplo, en Alemania es del 37,8%. También se advierte de que esta tasa no se va a poder mantener en el futuro y podría sufrir un importante descenso en España, aunque es difícil de cuantificar.

Por lo tanto, parece que claro que antes o después van a surgir problemas en el sistema público de pensiones y se debería complementar la futura pensión pública con ahorro privado. Es más, aunque pensáramos que el sistema público no iba a tener problemas, el principio de diversificación de riesgos nos debería llevar a invertir en otros activos.

En concreto, una de las posibilidades son los Planes de Pensiones (PP). Por supuesto que no es la única e incluso, en algunos casos, puede ser una opción poco ventajosa para determinados individuos ¿Por qué? Porque conviene recordar que los PP y otras figuras como los Planes de Previsión Asegurados tienen una tributación especial: las aportaciones (con ciertos límites) se desgravan de la base imponible del IRPF al tipo impositivo marginal de ese año, pero, cuando se rescatan las cantidades acumuladas, estas se consideran rendimiento de trabajo, aumentando la base imponible del IRPF y tributando al tipo marginal de ese año.

En definitiva, si mi tipo marginal en el momento del rescate es mayor que en el momento de la aportación tendré una rentabilidad financiero fiscal (con impuestos) que incluso puede ser negativa, a pesar de que la rentabilidad financiera sea positiva. Y esto no puede ocurrir con ningún otro producto financiero. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con el rescate de los PP.