El 30 de mayo de 1481, tras la Conquista de la isla de Gran Canaria por parte de la Corona de Castilla, tiene lugar la firma del Pacto de Calatayud entre los reinos de las Españas y el Reino de Canarias. Esta Carta concedía a Canarias una serie de privilegios económicos y fiscales. Posteriormente se crearían varios organismos, de distintos niveles, como los Cabildos insulares, la Audiencia de Canarias y el Obispado. Salvando las distancias y en otro marco absolutamemte diferente, 501 años después, en 1982, las islas ven satisfechas por parte del Estado español gran parte d e sus necesidades y de sus peculiaridades, un texto que, además, fue reformado en 1996, introduciéndose el término de nacionalidad, el concepto de archipiélago en la determinación del territorio, la mejor consideración de las islas y sus cabildos y se asumieron las materias transferidas mediante la Lotraca (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias), y volvió a actualizarse en 2018 llevando al papel en forma de Ley el resto de singularidades que constituyen la identidad canaria.
Con las elecciones constituyentes se abre una etapa preautonómica, por la que se crea la Junta de Canarias mediante Real decreto como órgano de Gobierno de las islas. Ésta será la encargada de redactar el estatuto de Canarias. La Junta funcionó en Pleno Permanente y en Consejo Permanente y tenía como funciones, entre otras cuestiones, gestionar y administrar las funciones y servicios que transfiera la administración del Estado. La redacción del estatuto comienza y es aprobada el 10 de agosto de 1982 y ese mismo día es aprobada la Lotraca, con la que las competencias de la Comunidad aumentaron.
Una segunda reforma fue aprobada por el Parlamento de Canarias en 2006 y remitida al Congreso de los Diputados, pero, tras ser bloqueada, la propuesta fue finalmente retirada.
Hoy somos lo que queremos y, como dicen algunos políticos, ahora es sólo cuestión nuestra designar el camino que deseamosque recorra la Canarias del futuro.
