Es muy probable que las personas que dediquen parte de su tiempo a leer estas líneas ya hayan reflexionado en algún momento sobre lo complicado que nos está resultando recuperar el tiempo perdido en materia de lucha contra el cambio climático y que este fenómeno ya no es una cuestión de debate sino una realidad que está amenazando nuestra actual forma de vida en el planeta.

Ante el panorama desolador que nos presentan los numerosos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) tenemos dos opciones: rendirnos y lamentarnos por la oportunidad perdida o agotar nuestras últimas opciones de revertir este panorama y poner freno a esta amenaza medioambiental con acciones y medidas contundentes que nos puedan devolver la esperanza.

En esta tarea cargada de responsabilidad nos hemos involucrado desde la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias en los últimos tres años, escuchando todas las voces y abriendo todos los diálogos y debates posibles con el fin de conformar un ecosistema legislativo que ponga a Canarias como ejemplo de otros territorios a la hora de mitigar y adaptarnos a los efectos de esta realidad climática.

Este ecosistema está conformado por un conjunto de leyes, planes y estrategias que contemplan desde todos los puntos de vista posibles cómo luchar de forma eficiente contra el cambio climático a corto, medio y largo plazo y cómo dar el salto necesario y definitivo hacia la transición ecológica en el Archipiélago.

Al igual que en su día en este país vivimos el hito de dejar atrás un sistema político dictatorial para acoger la llegada de la democracia, y a eso se le denominó la Transición Española, ahora nos enfrentamos a otro momento histórico con el paso de un modo de vida contaminante e insostenible para dar la bienvenida a otro caracterizado por la descarbonización y el respeto medioambiental.

La Ley Canaria de Cambio Climático, alineada con la normativa nacional, está llamada a ser el instrumento legal que dará forma y seguridad a todas las políticas que lleve a cabo este gobierno (y los sucesivos) con el objetivo único de favorecer esa transformación necesaria de nuestro modelo de vida.

Se trata de una ley que ya ha levantado algunas voces discordantes, por plantear retos excesivamente ambiciosos, incluso adelantándose a hitos temporales establecidos por Europa y España. No lo hacemos por apuntarnos medallas o ganar titulares fáciles, creemos en esa posibilidad y comprendemos que no hay otro camino si queremos adelantarnos a ese punto de no retorno.

La Ley Canaria de Cambio Climático es la norma adecuada y necesaria para afrontar una de las mayores crisis a las que se va a enfrentar Canarias en los próximos años y, precisamente por eso, tiene que aspirar a ser lo más completa y eficiente posible, aunque para ello tenga que abordar asuntos espinosos.

Personalmente me gusta denominarla como una «ley de luces largas» para enfatizar que no va a quedarse desfasada dentro de cinco o seis años. El tiempo para hacer experimentos o para negar lo que era evidente ya pasó; ahora solo nos queda una oportunidad para ser mejores…. y es esta. No solo no vamos a desaprovecharla, sino que vamos a colocar a Canarias a la vanguardia en esta materia y como ejemplo de otros territorios insulares, los más vulnerables ante este cambio.

En todo este proceso, hemos mantenido numerosas reuniones con el sector privado, ya que entendemos que es uno de los principales motores de este cambio, y ya lo están demostrando con acciones y planes concretos dentro del mundo empresarial.

Pero no solo es indispensable la iniciativa privada, en realidad necesitamos a todas y cada una de las personas que residen en nuestro Archipiélago, vivan donde vivan o se dediquen a lo que se dediquen. Sin el respaldo y la implicación de la ciudadanía difícilmente seremos capaces de sacar adelante con éxito un hito tan importante como este y, para facilitarles el conocimiento y las oportunidades que trae consigo la transición ecológica, ya contamos con instrumentos claves como la red de Oficinas Verdes de Canarias.

Canarias no supone ni el 0,1% del problema global del cambio climático, pero tal y como he insistido en otras ocasiones, este es un problema global que se vence con acciones locales y el Archipiélago tiene un papel importante, tanto desde el punto de vista de reducción de emisiones como desde la perspectiva educacional para la población local y los millones de turistas que nos visitan a lo largo del año.

Es una lástima que las acciones impulsadas por la comunidad científica para rebajar de forma efectiva las causas antropogénicas de esta amenaza no hayan tenido ni la acogida ni la repercusión necesaria durante tantos años –sin duda debido al carácter no vinculante de sus informes y resoluciones y por la falta de valentía política para asumir y enfrentar esta complicada realidad–, pero Canarias no solo va a poner en funcionamiento todo tipo de estrategias y planes específicos para abordar la situación sino que además vamos a hacerlo con la mayor celeridad posible.

El primer paso dado fue el de reconocer la situación tal y como es, sin ningún tipo de maquillaje o paños calientes, a través de la Declaración de Emergencia Climática por parte del Gobierno de Canarias, lo que nos ha permitido agilizar todos los trámites destinados a buscar y poner en marcha soluciones para afrontar esta crisis que ha pasado de estar entre las preocupaciones menos importantes de la población a situarse entre las primeras.

La ciudadanía está entendiendo la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y desde las administraciones públicas canarias tenemos que ofrecer respuestas e instrumentos eficientes para que esté informada y para que forme parte activa de la transición ecológica.

La Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que ya se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, no vendrá sola a Canarias. Le acompañarán otros instrumentos de gestión como son los planes y estrategias y otros proyectos de leyes que esperamos aprobar en esta legislatura, como son la Ley de Economía Circular y la de Biodiversidad y Recursos Naturales, ambas ya con el visto bueno del Consejo de Gobierno a sus respectivos anteproyectos de Ley.

En ningún caso tramitamos estos proyectos para que queden en un anuncio sin efecto o en un titular de prensa electoralista que luego quede en el olvido. Lo hacemos para que las futuras generaciones miren con orgullo a este Gobierno y a esta legislatura tan convulsa, marcada por la pandemia, como el momento del gran cambio.

Porque estas medidas no persiguen otro propósito que el de preservar la vida en el planeta de las futuras generaciones, tal y como la concebimos actualmente. Esos chicos y chicas jóvenes que marcan el camino en esta lucha y que alzan la voz más que nunca para que tomemos medidas valientes y sin complejos. El desafío es inmenso, pero las ganas de afrontarlo son aún mayores.