No resulta posible, en este breve espacio, describir todos los cambios que, en estos últimos cuarenta años, ha tenido la Justicia, por lo que es preferible limitarse a describir esta evolución, con carácter meramente divulgativo y de una manera general, sin siquiera poder mostrar los relevantes cambios en la estructura de los órganos de Administración de Justicia propiamente jurisdiccionales (Juzgados y Tribunales) ni de la Administración que gestiona los medios materiales (edificios e instalaciones) y personales (empleados públicos) que son el soporte de aquéllos.

La fuente normativa que originó estos cambios está formada, fundamentalmente, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, (L.O. 5/85, con abundantes reformas, pero manteniendo su estructura y principios básicos), que desarrolló el Título VI de la Constitución, que, a su vez, supuso una importantísima reforma de la organización del Poder Judicial, reforzando su independencia a través de un órgano propio de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que vino a sustituir la anterior sujección, más o menos directa, de los jueces y magistrados al Ministerio de Justicia, es decir, al poder ejecutivo, con la merma de independencia propia del régimen político anterior. Es relevante insistir en que el diseño legal respeta esa independencia, pero entendida, lógicamente, sólo en el estricto ejercicio de las funciones jurisdiccionales (juzgar y ejecutar lo juzgado), dejando los aspectos no jurisdiccionales (fundamentalmente los relativos a organización, medios, selección y responsabilidad disciplinaria) en manos de ese órgano, el CGPJ, de génesis democrática por cuanto sus miembros son elegidos por los superiores órganos políticos del Estado, elegidos, a su vez, directamente por el pueblo español en un sistema de elecciones libres. Así, lo que resulta es un poder judicial asumido por los jueces y magistrados, con la particularidad de que, al ser cada uno de ellos “independiente….y sometido únicamente al imperio de la Ley” (art.117.1 de la Constitución) ese poder judicial se encuentra fragmentado de tal forma que cada juez o magistrado lo ejerce en una parte, precisamente en la parte que le corresponde según la competencia del órgano judicial en el que actúa (Juzgado o Tribunal). Este diseño puede calificarse de acertado porque, como enseña la Ciencia Política, una sociedad es más libre y democrática cuanto más fragmentado esté el Poder (no sólo los tres poderes clásicos de Montesquieu, el judicial incluído, sino cuantos otros existen, como el de los medios de comunicación). Es importante resaltar que la independencia de los jueces y magistrados no sólo está limitada a la funcion jurisdiccional estrictamente entendida, sino que se encuentra, como antes se ha dicho, “sometida únicamente al imperio de la Ley”, lo que impide que cada Juez o Magistrado pueda torcer el sistema normativo (Leyes, reglamentos y demás fuentes del Derecho) so pretexto de su “independencia”, lo que, a su vez, reafirma el carácter democràtico del sistema, puesto que ese sistema normativo está generado por los otros poderes del Estado, elegidos -se repite- democráticamente. Este sometimiento es tan rígido que la Constitución ha utiliza ese término gramatical tan enérgico (“imperio de la Ley”).

Manteniendo la Constitución la unidad del Poder Judicial, se ha mantenido igualmente el carácter estatal del mismo, pese a los intentos de disgregación, pero esa unidad se refiere, como antes se ha dicho, al ejercicio del poder judicial propiamente dicho: juzgar y ejecutar lo juzgado, es decir, la tarea esencialmente jurisdiccional.

“Una sociedad es más libre cuanto más fragmentado esté el Poder, no sólo los de Montesquieu, sino también el de los medios de comunicación”

Esta unidad no se ha mantenido en la gestion de los dos soportes necesarios para el ejercicio del poder judicial, pues en la tendencia política descentralizadora que diseña la Constitución (Tít. VIII, Cap. III), de carácter extremadamente expansiva a lo largo de estos cuarenta años, ha hecho que estos medios hayan sido transferidos, en la mayor parte del territorio del Estado, a las Comunidades Autónomas, (caso de Canarias) con lo que la gestión de los medios del poder judicial se ha complicado extraordinariamente, al depender de tres Administraciones Pùblicas distintas e independientes: el poder ejecutivo estatal (Ministerio de Justicia, que mantiene la competencia sobre el núcleo materias relativas al personal no judicial) el poder ejecutivo autonómico (que comparte dichas competencias junto con la asunción de competencias exclusivas en medios materiales) y la Administración independiente o “apátrida” que es el propio Consejo General de Poder Judicial. Sólo la colaboración entre las tres Administraciones permite la adecuada gestión de los cambios en el sistema, y, afortunadamente, todos los gobiernos autonómicos que se han sucedido en Canarias y la mayoría de los de otras Comunidades Autónomas, han mostrado sensibilidad en esta materia, lo que ha permitido que, con algunas disfunciones aisladas, la dotacion de medios sea aceptablemente valorada.