Hace 40 años, en 1978, estrenamos Constitución. Es reseñable la relevancia que su redacción prestó a la investigación científica y técnica, cuya producción se configuró como un derecho fundamental (Art. 20), siendo su promoción, en beneficio del interés general, obligación de los poderes públicos (Art. 44) y atribuyéndose al Estado el fomento y coordinación general (Art. 149). El Estatuto de Autonomía de Canarias completó, en 1982, nuestro marco institucional, otorgando competencia exclusiva en tal materia a la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Estado (Art. 30). La ciencia en Canarias, y en España, había sido hasta el momento cuestión poco relevante, con algunas contribuciones brillantes y dispersas, impulsadas por personas especialmente capaces que, por su inteligencia y dedicación, fueron capaces de promover grandes investigaciones y proyectos.

Canarias fue identificada, al menos desde finales del S XVIII como un excelente laboratorio natural por científicos experimentales e ilustrados europeos, que reconocieron su peculiaridad geológica y climática, así como su biodiversidad. La Historia Natural de las Islas Canarias de Webb y Berthelot da buena muestra de lo dicho, así como visitas, entre otros de Humboldt, o de Piazzi Smith, este último precursor de la observación astronómica de alta montaña. Más recientemente, a principios del S XX, Köhler, uno de los fundadores de la escuela psicológica Gestalt desarrolló sus famosos experimentos con primates en la Casa Amarilla del Puerto de la Cruz. Esta condición de laboratorio natural es causa de la existencia de instituciones de las que los canarios nos debemos enorgullecer, cuya actividad que se extiende al presente: el Centro Oceanográfico de Canarias, creado por el Instituto Español de Oceanografía en 1927; el Jardín Canario, producto de la visión del botánico sueco Sventenius y abierto al público por el Cabildo de Gran Canaria en 1959; y el Instituto de Astrofísica de Canarias, que debemos al padre de la astronomía española, Francisco Sánchez, gestado durante varios décadas y que, en su configuración actual, fue inaugurado en 1985 como un importante proyecto internacional. Debemos mencionar también el Museo Canario, crucial para la investigación prehistórica y antropológica canaria, cuya fundación debemos a Gregorio Gil y Naranjo en 1879. Son muchas las personalidades que en Canarias han contribuido al desarrollo de la Ciencia, varias de las cuales han recibido, a partir del establecimiento de la Comunidad Autónoma, el Premio Canarias de Investigación. Inaugura tal galardón Antonio González, en 1984, que además, en 1986, recibiría el Premio Príncipe de Asturias, y que fundó el Instituto de Productos Naturales. Es el primer gran científico canario que pudo trabajar en su tierra, pues otras grandes personalidades, como Agustín de Betancourt y Blas Cabrera Felipe, respectivos padres de la ingeniería y de la física experimental españolas, desarrollaron sus trabajos fuera de Canarias.

Los pocos años que median entre 1978 y 1986 son de transición, de adaptación de las estructuras al nuevo marco político. En 1986 el marco institucional se ve, de nuevo, fortalecido por el Acta Única Europea que, por primera vez, atribuye competencias de I+D a la entonces Comunidad Europea. Se promoverán a partir de entonces programas marco plurianuales de ciencia y tecnología, de los que nos beneficiaríamos por el afortunado ingreso de España en la Comunidad. La Ley de la Ciencia de 1986 y los subsiguientes Planes Nacionales de I+D, también plurianuales, muestran un intento de alineamiento con nuestro entorno y supusieron un indudable revulsivo para la ciencia y la tecnología en España. Desde 1987 contamos con series estadísticas del peso de la ciencia desglosadas por CCAA. Pues bien, en 1987 la I+D suponía el 0,64% del PIB español, y solo 0,18% en Canarias. Sin embargo, hubo un potente aumento del peso de la I+D en la economía, de modo que en 1992 ya suponía el 0,91% en España y un 0,53% en Canarias. En nuestro caso, es evidente el impacto que tuvo el desarrollo astronómico durante esos años. Desde entonces el peso de la I+D en la economía española subió sólo al 1,19% y la canaria ¡bajó al 0,47%! en las últimas estadísticas INE del 2016. La creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en 1989, o de la Plataforma Oceánica de Canarias, en 2007, son hitos muy relevantes, pero el marco institucional canario debe ser reforzado. La Ley canaria de la ciencia se retrasó hasta 2001, y, por ello, los planes de I+D autonómicos. El Estado promulgó, no sin retraso, una nueva ley de la ciencia en 2011, y, con algunos sobresaltos, ha mantenido los planes nacionales de I+D+i. Sin embargo, la propuesta del III Plan Canario de I+D 2011-2015 no se llegó a aprobar debido a la crisis financiera, y seguimos sin planificación de la actividad científica. Debemos mirar al futuro, actualizar el marco institucional de fomento de la ciencia y la tecnología, y promover un gran pacto social y económico para ello tanto en Canarias como en el conjunto de España.