Algunos pueden pensar que al asumir plenamente mi condición de jubilado voy a contemplar desde la butaca el teatro de la vida que nos rodea y que nos sigue exigiendo el compromiso de su valoración.

En estos días me han interesado dos temas de naturaleza aparentemente muy diversa. Por una parte, leí en un diario salzburgués una entrevista a dos importantes políticos, los presidentes del parlamento alemán y del senado austríaco. En los titulares se destacaba que la democracia europea está estresada y que había que indagar nuevas fórmulas o instrumentos que reflejen los sentimientos populares.

De otro lado, en el crispado mundo político nacional, y dejando a un lado el gravísimo problema territorial, me ha sorprendido el revuelo que ha suscitado la inscripción de un sindicato de trabajadores sexuales.

La opinión de los políticos europeos se centra en la reaparición de partidos y plataformas de extrema derecha que, de nuevo, al grito de extranjeros fuera, intentan imponernos como regla de vida la intolerancia y el odio al distinto. Aunque algunos optimistas se consuelan con el porcentaje escaso de votos hasta ahora obtenidos y una extraña concepción de la libertad de información que la mayoría de los medios de comunicación han adoptado absteniéndose de valorar y formar a la opinión pública sobre lo inaceptable, se hace imprescindible recurrir a la memoria histórica de los últimos cien años de Europa. Sin dudar que el fenómeno migratorio tiene que ser explicado como estructural y necesario para mantener el actual y futuro nivel de vida europeo. También el nuestro, y sería gravísimo que se convirtiera en un tema del debate electoral.

Por qué me refiero al asunto sindical. Probablemente porque como laboralista profesional viví muchos años de dictadura explicando que no había posibilidad alguna pra la libertad sindical y la negociación colectiva de convenios. Afortunadamente, la transición política permitió tener la Constitución de 1978 y en ella, como derecho fundamental, en su artículo 28, se reconoce el de libertad sindical y de ese precepto se deriva la necesaria ley orgánica reguladora de 1985. Al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental, ni el gobierno ni ninguna administración aprueba, autoriza o registra , pues el control de la legalidad solo le corresponde al Poder Judicial. Al no existir disposición que declare la ilegalidad del trabajo referido difícil lo va a tener el abogado del Estado para satisfacer a la responsable ministerial. Por otra parte, el trabajo sexual es una cosa, y se opinara como se quiera, y otra es el tráfico de personas, que ya está definido como delito.

Son dos temas que requieren un debate riguroso y no girar la cabeza hacia otro lado.