Después de que miles de familias hayan perdido su hogar e incluso en los casos más extremos mucho más, como hemos visto con el suicidio de Amaia Egaña el pasado viernes, los bancos han decidido paralizar los desahucios durante los próximos dos años. La Asociación Española de Banca esgrime "razones humanitarias" y de "responsabilidad social" para este cambio de actitud además de afirmar que trasladaron su decisión el pasado jueves al Ministerio de Economía y al Banco de España. Pero lo que ha existido en verdad es una presión social insostenible que trasladada a la clase política y a las propias entidades financieras ha llevado a esta primera victoria, que no deja de reflejar la demanda de un mayor equilibrio social.
El fracaso del Código de Buenas Prácticas
Esta moratoria refleja un fracaso de todas las medidas anteriormente tomadas por el Gobierno, la última el famoso Código de Buenas Práctica que se aprobó hace apenas medio año. Esta medida no ha conseguido sus objetivos, primero por su carácter voluntario y segundo por los restrictivos límites impuestos para que un ciudadano pudiera acogerse a la dación en pago. Pero la dación en pago, no deja de ser un fracaso, es dramático que tras perder la vivienda, para la mayoría de las familias su único bien, quede aun una deuda pendiente, pero el principal problema es perder la casa y no se han dado de forma general soluciones para que esto no fuera así.
Por ello, que los dos principales partidos políticos se pusieran de acuerdo la semana pasada para reunirse en la búsqueda de un pacto que modificara la anquilosada Ley de Desahucios es positivo, pero no deja de ser un reflejo de que la brecha con la sociedad se ha aumentado, y la principal razón los enormes desequilibrios entre lo que recibe el sector financiero y lo que percibe la sociedad a cambio. Esta fractura se inició desde el principio de las crisis, mientras esta se cebaba ya con miles de empresas y trabajadores, en 2008 el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero concedía avales por hasta 100.000 millones de euros, posteriormente vinieron los rescates a Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo y los más reciente a Catalunya Banc, NovaGalicia Banco, Banco de Valencia y especialmente a Bankia que precipitó la ayuda a la Unión Europea. Pero además de eso hemos pasado de un rescate que no iba a costar "un euro" a los españoles según afirmó Mariano Rajoy a que las ayudas pasadas computen en el déficit, con lo cual para su reducción conlleve más recortes y más impuestos a los ciudadanos.
El coste del rescate
Rescatar a los bancos nos cuesta y mucho. Un sistema financiero viable desde luego tiene sus consecuencias positivas, se garantiza los ahorros y el funcionamiento necesario del sistema, pero teniendo en cuenta el enorme esfuerzo realizado y que se está realizando, lo que no ha existido es reciprocidad. Mientras el ciudadano soporta sobre sus hombros el peso del rescate, ve como se cierra el crédito, como los diferenciales de los préstamos se disparan y como utilizan indiscriminadamente una legislación de hace más de 100 años, claramente desequilibrada a favor de la entidad financiera para desahuciar a miles de familias. Todo ello mientras que no se exige ninguna responsabilidad a las propias entidades financieras sobre la situación, una responsabilidad que no siendo única, la tienen, ya que en muchos casos aprobaron operaciones de riesgo con criterios más que discutibles, e incluso se incentivaba a ello, con préstamos que financiaban hasta el 100% del bien en tasaciones ya de por si elevadas y con condiciones que ahora las consideraríamos de "ciencia ficción" como plazos de hasta 50 años y tipos de Euribor + 0,35%.
Además, el desahucio en cierto modo "criminaliza" al ciudadano, le hace ver a ojos de la sociedad como único culpable (cómo si no fuera suficiente perder el empleo) mientras que el que está en el otro lado de la balanza se lava las manos de sus responsabilidades en la concesión del préstamo. La sociedad ha protestado, y con pequeños triunfos en movilizaciones, en algunas paralizaciones de ejecuciones hipotecarias y todo el ruido que las redes sociales permiten hacer ha llevado a este cambio de actitud, que no deja de generar dudas por la apostilla de "situación de riesgo" que acompaña a este anuncio de paralización de los desahucios. Una muestra de como esta presión ha cambiado la situación está en las propias declaraciones de la Asociación Española de Banca y de algunos de sus miembros. La semana pasada afirmaban que un cambio en la legislación hipotecaria tendría un coste en los préstamos, volvían a poner una losa en los hombres del consumidor ¿Hubo algún cambio en la legislación que llevara a pasar de hipotecas a Euribor + 0,35% a préstamos con un diferencial 10 veces superior como sucede actualmente? ¿Y las garantías para pasar del 100% a apenas un 60% o un 70%? El sector financiero elevo los precios a su antojo y un cambio de legislación no tiene que conllevar a mayores costes cuando ya los márgenes son suficientemente buenos.
El equilibrio futuro
Lo que si queda es mucho por hacer, más si vemos palabras como las de Ángel Ron, presidente del Banco Popular que afirmaba este fin de semana que "si introducimos modificaciones en la regulación al calor de la situación actual que lo que hace es bonificar o premiar el impago, lo que vamos a tener son más dificultades en acceder al crédito para comprar vivienda, lo que producirá una destrucción brutal porque los bancos van a financiar cada vez menor porcentaje sobre la tasación". Lo que se olvida en estas palabras es que la actual legislación sobre desahucios es desequilibrada y beneficia claramente a una de las partes, la entidad acreedora.
Igualmente estas declaraciones son tremendistas, la gente no llega al desahucio por no querer pagar, si no, por no poder hacer frente a su deuda, y antes de perder una casa la inmensa mayoría de los ciudadanos hace todo el esfuerzo imaginable para no llegar a esta situación. La entidad financiera si puede hacer muchas cosas, la primera es negociar en igualdad de condiciones y muchos bancos se niegan, existen posibilidades como plazos de carencia o alargar el pago de la hipoteca, en segundo lugar se puede ofrecer alternativas viables para no perder su casa como el famoso alquiler social. Sólo una relación entre iguales tiene futuro, este es el punto esencial en el que se debe basar un cambio legislativo más que necesario, una oportunidad que no hay que perder.
Antonio Gallardo, iAhorro.com
